Hace tres años, 23 diputados de la bancada UDI firmaron una carta exigiendo al Presidente de la República mi salida del gabinete en un plazo de 48 horas. En la carta se leía que yo había “orquestado un esquema de defraudación” y que estaba “directamente involucrado” en el robo de computadores que sufrió el ministerio que encabezaba. Días después, dos diputados republicanos ampliaron una querella en mi contra, lo que procesalmente me otorgó la calidad de “imputado”. La carta y la querella sembraron sospechas infundadas que coparon todos los noticieros, portadas y matinales durante semanas. El resultado fue que la mayoría de la población creyera que yo debía salir del cargo por estar involucrado en un caso de corrupción y en un montaje para eliminar supuestas evidencias.

Por lo mismo, semanas después —tras constatar que la oposición no se sentaría a negociar una reforma de pensiones si yo seguía en el gabinete, y ante la amenaza de una acusación constitucional carente de todo fundamento— decidí presentar mi renuncia, no sin antes advertir que estas acusaciones no eran más que una operación política.

Tres años más tarde, tras no encontrar absolutamente ningún fundamento que pudiera justificar una formalización, la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar en la investigación. En todo ese tiempo, ningún fiscal, ningún perito, ningún testigo ni ningún imputado sugirió siquiera la más mínima participación de mi parte en alguno de los hechos ilícitos. Tampoco los querellantes —ambos diputados del Partido Republicano— aportaron tras su denuncia inicial ni un solo indicio, ni solicitaron una sola diligencia que me apuntara. Es más, algunos de quienes replicaron esas imputaciones falsas ya debieron retractarse y ofrecer disculpas públicas tras las acciones judiciales que inicié. Otros, en un giro irónico, han debido enfrentar sus propios procesos judiciales, tras investigaciones por presuntos ilícitos.

Aún así, la noticia del cierre de la investigación —como era de esperar— ocupó apenas algunas notas breves.

En la inauguración del Congreso Futuro de 2019, en Santiago, el neurocientífico Anil Seth expuso que el cerebro humano es “una máquina de predicción”. Sostuvo que no percibimos el mundo tal como es, sino que “vemos lo que esperamos”. El dicho popular sobre nuestras creencias como humanos estaría entonces al revés: no sería “ver para creer”, sino “creer para ver”.

Sobre esa base opera la economía de la difamación política. Una acusación grave de corrupción viaja rápido, porque aterriza en creencias y estados de ánimo que necesitan un pequeño refuerzo para desatarse. La corrección posterior hacia una información veraz, en cambio, sin la urgencia, el atractivo, ni el volumen que tuvo antes, llega años después a un cerebro que ya decidió creer otra cosa.

Pero la carta con el ultimátum, la querella sin antecedentes y las vocerías que las amplificaron buscando un rédito político no pueden refugiarse en una explicación de la neurociencia. Fueron decisiones de actores políticos conscientes e interesados, que obraron impunemente y a quienes hoy nadie interpela.

Por eso la pregunta que importa no tiene que ver con un caso en particular. La pregunta que debemos hacernos es institucional, y es respecto a denuncias que no tienen por objeto esclarecer los hechos, sino sembrar temporalmente un manto de dudas. ¿Qué hace una democracia cuando se abusa de los escasos recursos del sistema judicial para hacer campaña política de desprestigio?

Si se utiliza la desconfianza generalizada para fabricar acusaciones de corrupción sin prueba alguna, se terminará viendo culpables donde hay inocentes, y enemigos donde hay adversarios políticos. El aprendizaje pendiente es bastante simple de enunciar, pero difícil de practicar: exigir o recopilar pruebas antes de acusar. Es decir, ver antes de creer.

Por Giorgio Jackson, ex ministro de Desarrollo Social.

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