Por Paula Pareja17 SEPTIEMBRE 2026
Tras varios meses de diligencias, reaperturas y nuevas líneas investigativas, el martes la Fiscalía Oriente cerró la investigación del caso Audio-Factop y presentó su acusación para llevar a juicio oral a seis de los principales imputados de la causa, solicitando penas que llegan hasta los 20 años de presidio.
La nueva etapa judicial se da a casi tres años de estallar el caso, luego que se conociera el registro de audio en el que el abogado Luis Hermosilla hablaba de presuntos sobornos a funcionarios públicos. La causa además, generó una crisis en el Poder Judicial y terminó con la remoción de cuatro ministros.
En ese marco, han surgido voces que han cuestionado la extensión de las diligencias, críticas que comparte el fiscal nacional, Ángel Valencia.
En diálogo con Tele13 Radio, el fiscal señaló que a él “también” le parece que ha sido excesivo el tiempo de investigación, “y probablemente los fiscales a cargo también” lo consideran.
“Recuerde que esta investigación fue cerrada hace bastantes meses atrás y fue reabierta a petición de la defensa. Y, bueno, no compartimos lo que resolvió el tribunal, pero acatamos porque es lo que corresponde, cuando dispuso reabrir para realizar nuevas diligencias”, indicó.
En ese sentido, planteó que “el Ministerio Público entendía que la investigación estaba agotada hace meses”.
No obstante, Valencia dijo respetar las peticiones de la defensa puesto que su labor “es defender el interés de su cliente”.
En esa línea, lamentó que existiría una tendencia a dilatar las causas en los procedimientos judiciales.
“Hoy día tenemos reglas en nuestro sistema que incentivan la dilación de las causas. Lo que hacen es incentivar que las defensas presionen al Ministerio Público para cerrar las investigaciones con premura, aun cuando haya diligencias pendientes, dentro de los plazos que el tribunal fije”, indicó.
El fiscal detalló que esta práctica consiste en que, una vez que se cierra la primera etapa, “cuando los imputados están en arresto domiciliario, hay un incentivo para que la investigación se extienda, que el procedimiento se dilate”.
Dicho incentivo, sería que existe una regla que permite a “las personas que están con arresto domiciliario, abonar cada día de arresto domiciliario total o parcial, a un día de una condena futura”.
En ese sentido, precisó que desde el Ministerio Público han insistido en que “el arresto domiciliario no se abone con la pena privativa de libertad”.