La asociación civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra la jueza Marta Elba Pascual por suspender durante 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, que entró en vigencia este lunes en todo el país, y pidió intervenir como amicus curiae en la causa que tramita el habeas corpus colectivo.
La entidad impulsó dos acciones ante la decisión de la magistrada, que frenó preventivamente la norma que castiga penalmente a los adolescentes que delinquen desde los 14 años.
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Por un lado, Usina de Justicia denunció penalmente a la jueza, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas De Zamora, por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad, al intervenir en el habeas corpus presentado por Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La entidad considera que la suspensión de una ley penal sancionada por el Congreso podría exceder las atribuciones del tribunal y afectar la división de poderes.
Además, argumentó en la presentación que no existe una lesión de derechos “en forma concreta” contra los menores alcanzados por el régimen penal, “ni tampoco existe un “peligro inminente” de que ello suceda. Puntualmente, cuestionó que Pascual se basara en una hipótesis sobre un posible aumento de las internaciones, lo que provocaría el “hacinamiento” de los menores ya alojados.
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Frente a esa posibilidad, la asociación civil apuntó contra la magistrada porque no consideró que el nuevo Régimen Penal Juvenil prevé sanciones no privativas de la libertad para los adolescentes en conflicto con la ley penal, como medidas educativas y de acompañamiento, prohibiciones de contacto, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico y mecanismos de reparación integral del daño, señala el escrito del abogado Fernando Oscar Soto, con el patrocinio letrado de Martín Luis Sarubbi.
La segunda presentación, impulsada este lunes, fue la incorporación de la entidad como amicus curiae, al entender que el proceso judicial debe incorporar la perspectiva de las víctimas de delitos. Según su presentación, fundamentó su incorporación al indicar que uno de los objetivos de la asociación civil es promover la participación de las víctimas y sus familiares en decisiones judiciales que afectan al sistema penal.
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“La propia Ley 27.801 reconoce expresamente derechos a las víctimas de delitos y contempla su participación en distintas etapas del proceso. Entre otras previsiones, establece mecanismos para que sean escuchadas, reciban asistencia especializada, puedan acceder a patrocinio jurídico en determinados supuestos y participen en decisiones que las afectan”, señaló la organización.
El amicus curiae, expresión que significa “amigo del tribunal”, permite que una persona u organización que no integra un juicio aporte argumentos o conocimientos sobre la cuestión debatida. Esa intervención no reemplaza a las partes, ni habilita a quien la solicita a resolver el conflicto.
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“Nuestra asociación ha sido receptada como Amicus Cuariae en numerosas ocasiones, como la referida a la decisión adoptada por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires en el amparo que diera lugar a una masiva liberación anticipada de detenidos”, indicó la entidad en el escrito.
El habeas corpus colectivo otorgado por Marta Elba Pascual estableció que el régimen no sea aplicado preventivamente en territorio bonaerense durante 60 días. La resolución no derogó ni anuló la Ley 27.801, sino que interrumpió de manera temporal su aplicación mientras continúa el trámite judicial.
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El tribunal convocó a una audiencia para el 16 de septiembre. Allí, las autoridades provinciales que dependen del gobernador Axel Kicillof deberán informar sobre las medidas adoptadas y las acciones previstas para implementar la norma.
En diálogo con Now 97.9, la jueza remarcó que le parece “pésimo” que haya menores de 18 años que están tras las rejas, y justificó la suspensión por la falta de infraestructura y recursos para aplicar la ley.
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“No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, aseguró Marta Elba Pascual.
Ante la vigencia del nuevo régimen penal, la magistrada advirtió sobre el riesgo de que los adolescentes cumplan sus penas en condiciones que potencien su agresividad. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, planteó.
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