Adriana Novoa enseña en la universidad pública de South Florida y lideró un litigio contra la imposición de puntos de vista a los docentes. La controvertida normativa les impide hablar de discriminación. Los jueces dictaminaron que la iniciativa viola la libertad de expresión.
14 de agosto 2026, 15:12hs
Adriana Novoa junto a Samuel Rechek, un estudiante de la Universidad South Florida junto al que litigó al Estado de Florida por la censura y el control político de los contenidos. (Foto: cortesía de FIRE/ William Sigmund Photography).
Se llama Stop Woke Act, y es la controvertida ley que veta la posibilidad de contenidos considerados “progresistas en la educación universitaria”.
Ha sido cuestionada y demandada en diversos estados, aunque Florida, gobernada por Ron De Santis, es uno de los más duros, junto a Texas. Algunos de esos fallos hicieron lugar al reclamo por la prohibición de discutir cuestiones raciales, de género o de justicia social en las aulas.
Pero ahora un fallo es favorable a liberar de esas imposiciones al gran blanco del debate más reciente: las universidades públicas. “No permitiremos que los impuestos de los residentes de Florida se gasten en enseñar a los niños y jóvenes a odiar a nuestro país o a odiarse entre sí”, dijo el gobernador al impulsar la ley. Vale recordar que las universidades estadounidenses públicas no son gratis. El Estado paga un porcentaje y el resto, los estudiantes y el gobierno federal, con ayudas tipo becas y subsidios.
Ese fallo, dos a uno de un tribunal tripartito, es resultado de un litigio protagonizado por una profesora argentina, Adriana Novoa, que enseña historia desde 2001 en la Universidad de South Florida, en Tampa. Impulsada a su vez por un grupo de estudiantes: derecho a enseñar y derecho a aprender. “Lo que pasó me hizo acordar a la universidad en la que me formé durante la dictadura argentina”, dice la docente a TN.
“La libertad académica tiene mucha protección en la Argentina; en Estados Unidos no hay algo similar y los principios de libertad académica no están legalmente protegidos. Yo no tenía idea de esto, porque además tienen la Primera Enmienda para proteger la libertad de expresión, que es muy fuerte. Al punto que se perciben muchas protecciones para poder decir lo que pensás”.
Un grupo de estudiantes preocupado por la libertad de expresión impulsó el litigio de Adriana Novoa. Tras el fallo favorable, Florida dice que irá a la Corte Suprema. (Foto cortesía de FIRE/William Sigmund Photography).
-A vos te prohibieron el dictado de un curso sobre historia latinoamericana, ¿fue así?
-Sí. A pesar de la cautelar, impusieron de una manera bastante oscura en todo el Estado de Florida un nuevo programa de estudios generales. Que requieren una supervisión de los distintos boards de Educación y ellos tienen que aprobar. Así, pusieron un programa que es prácticamente el mismo en todas las universidades de Florida: no hay clases que enseñen sobre cuestiones raciales o justicia social, sociología fue prohibida. Yo había propuesto un curso de Introducción a la Historia de Latinoamérica. Lo aprobaron todos los comités hasta que llegó un mensaje del abogado de la universidad para decirme que no podía darlo. Sin explicaciones, ni papeles ni nada. La medida se hizo para lograr en el futuro eliminar esas clases o esos programas. Porque la plata que reciben los departamentos para funcionar está en parte relacionada con cuántos estudiantes enseña".
Novoa vio pasar enmiendas destinadas a limitar la injerencia de la política en el campus, el acuerdo cautelar que menciona. El precedente legal de lo que pasó ahora tiene que ver con un peso pesado, el juez Samuel Alito, uno de los más conservadores de la Corte Suprema, y su dictamen contra la primera enmienda invocando que un empleado no docente, que había sido echado de una universidad por algo que dijo, debía haber respetado “el discurso de la institución”.
“En Florida, justifican esto legalmente con lo que llaman el discurso del gobierno. Eso quiere decir que, cuando la universidad es estatal, lo que se puede enseñar en la clase tiene que reflejar los valores del Estado. Y el gobernador tiene derecho a imponer puntos de vista y proteger a los estudiantes de ciertas ideas porque el gobierno está pagando. Y no tiene obligación de sponsorear ideas que no le gustan. Es un argumento legal audaz”.
-Qué efectos tuvo este fallo, y qué esperas que suceda?
-La idea es que, cuanta más jurisprudencia tenés, y ya tenemos muchas, de diferentes cortes de apelaciones, eso va a constituir una masa legal como para proteger esto en el futuro. La organización que me representa, Fire (Foundation for Individual Rights and Expression), es especialista en primera enmienda. Litigan para crear jurisprudencia. Florida ya anunció que va a ir a la Corte Suprema, habrá que ver qué pasa. Otros efectos tienen que ver con que mucha gente tiene miedo de enemistarse institucionalmente, enseñando temas que se saben que no son favorables a este el gobierno.
Muchos se acobardaron, se censuraron o son más cuidadosos porque esto va incrementando una ley del año anterior que permitió a estudiantes grabar a los profesores sin consentimiento. El estudiante puede venir a hacerte un planteo para ver qué decís, y seguramente te está grabando; me ha pasado. Y después aparece eso en medios conservadores como prueba de que se discrimina su punto de vista, ese tipo de cosas. Absurdas, como muestran todas las encuestas. Se ha vuelto muy tóxico todo en este país.