Escenario de Vida
El proceso ha reunido a Maga, Marn, Inab y Conap, además de otros sectores vinculados al tema forestal.
Guatemala anunció hace unos días que ya se estaba trabajando en una nueva política forestal, y para ello hay que dejar de ver el bosque como un tema exclusivamente ambiental. De su futuro dependen también el agua, los alimentos, la economía y la seguridad alimentaria de millones de guatemaltecos.
La política vigente nació en 1999 cuando aún no se hablaba del cambio climático. Han pasado 27 años y Guatemala ya no es la misma. Tampoco lo son las amenazas que enfrentan sus bosques: cambio climático, incendios, pérdida de ecosistemas, presión sobre el suelo e irregularidad de las lluvias y, en especial, el fenómeno de El Niño.
El proceso ha reunido a Maga, Marn, Inab y Conap, además de otros sectores vinculados al tema forestal. Y esto es precisamente lo que Guatemala necesitaba, que todos los sectores se unieran.
Sin bosques no existe la misma capacidad de captar y almacenar agua, proteger los suelos y reducir la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos. Cuando las lluvias se vuelven impredecibles o las sequías se prolongan, la pérdida de cobertura forestal puede convertir una amenaza climática en una crisis social.
El momento de actualizar esta política tampoco podría ser más oportuno. El fenómeno de El Niño puede intensificar las condiciones de sequía y afectar la producción agrícola, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Esto nos obliga a entender algo fundamental: proteger los bosques también es proteger la seguridad alimentaria.
Por eso, la nueva política forestal es trascendental y no debería convertirse simplemente en otro documento lleno de buenas intenciones. Tiene que tener una verdadera hoja de ruta, con responsabilidades, recursos, plazos y mecanismos para medir resultados.
También debe aprovechar lo que Guatemala ya ha construido. Los programas de incentivos forestales del Inab han demostrado que conservar y restaurar bosques puede generar beneficios ambientales, sociales y económicos.
Debemos recordar que un bosque bien manejado puede ser una inversión. Por ende, la nueva política tiene una oportunidad histórica: impulsar la restauración forestal, prevenir incendios, promover el manejo sostenible, fortalecer los sistemas agroforestales, proteger las áreas naturales y apoyar a las comunidades y productores.
Pero hay algo todavía más importante: la política debe sobrevivir a los gobiernos. Los bosques necesitan décadas para crecer. Una administración pública dura cuatro años por lo que una verdadera política forestal debe ser nacional y por encima de los cambios políticos y convertirse en un compromiso de Estado.
La participación conjunta de Maga, Marn, Inab y Conap debe estar sentada a una misma mesa, pero también debemos escuchar a comunidades, propietarios de bosques, agricultores, pueblos indígenas, municipalidades, sector privado, academia y organizaciones ambientales, ya que una política forestal no se implementa desde un escritorio. Se implementa en el campo, en las comunidades, en las fincas y en las áreas protegidas.
La actualización de la Política Forestal Nacional llega 27 años después de la primera. Ojalá esta vez no tengamos que esperar otros 27 años para preguntarnos qué estamos haciendo con nuestros bosques. El desafío ya no es decidir si Guatemala necesita protegerlos. El desafío es hacerlo antes de que el cambio climático, la presión sobre la tierra y la inseguridad alimentaria nos obliguen a pagar un precio mucho más alto.
Velemos por que política sea una oportunidad histórica. Pero solo lo será si logra transformar el consenso en acciones, las acciones en resultados y los resultados en bosques que nuestros hijos y nietos todavía puedan conocer. Escríbanme con sus comentarios.