Más de la mitad de las muertes laborales de menores de edad registradas en Estados Unidos entre 2013 y 2023 carecen de datos sobre la actividad económica en la que trabajaban o sobre la causa del fallecimiento. El hallazgo forma parte de un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), divulgado el martes 29 de septiembre y citado por The Guardian.
El organismo contabilizó 260 muertes vinculadas al trabajo durante ese período, un promedio de 24 por año. Sin embargo, más de la mitad de los expedientes no contiene información detallada que permita identificar qué ocurrió o en qué sector estaba empleado el menor, de acuerdo con la investigación oficial.
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La ausencia de registros dificulta la identificación de sectores y tareas con mayor riesgo para adolescentes y niños trabajadores. El documento examinó, además, la capacidad de las agencias federales para vigilar, investigar y sancionar las infracciones a las normas de trabajo infantil.
De los 109 fallecimientos que sí consignaron la industria de empleo, el 75 % correspondió a la agricultura, indicó la GAO. Entre los 111 casos que incluyeron una causa de muerte, cerca de dos tercios estuvieron relacionados con incidentes de transporte.
El informe señaló que distintas bases de datos federales presentan vacíos o limitaciones metodológicas. La información sobre lesiones y enfermedades de menores que trabajan cambió en 2021, por lo que las cifras posteriores no pueden compararse de forma directa con las de años anteriores, explicó el organismo.
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También dejaron de publicarse una encuesta del Departamento de Trabajo y otros dos conjuntos de datos federales que incluían información sobre accidentes laborales de menores. Para la GAO, la pérdida de esas herramientas redujo la disponibilidad de indicadores para evaluar el alcance de la problemática.
The Guardian informó que el estudio fue solicitado en julio de 2023 por legisladores demócratas de la Comisión de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes. La petición buscaba medir la dimensión del empleo infantil ilegal y determinar si las instituciones federales disponían de recursos suficientes para prevenirlo.
Entre los años fiscales 2015 y 2025, el 59 % de las violaciones a las leyes de trabajo infantil involucró a empleadores que asignaron a adolescentes de 14 y 15 años jornadas más largas o en horarios posteriores a los autorizados por la normativa federal, precisó el informe.
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El sector de alojamiento y servicios de comida concentró el 62 % de las infracciones detectadas en ese lapso. La cifra abarca actividades como restaurantes, hoteles y establecimientos similares, donde los controles sobre los horarios de los empleados menores de edad resultaron relevantes en las investigaciones oficiales.
La cantidad de menores identificados en empleos que infringían las normas federales pasó de 1.012 en el año fiscal 2015 a 5.272 en el año fiscal 2025, según los datos recogidos por la GAO. El incremento coincidió con cambios legislativos estatales: 19 estados aprobaron desde 2021 medidas para flexibilizar regulaciones vinculadas al empleo de menores, indicó el reporte.
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La GAO sostuvo que el Departamento de Trabajo no resolvió por completo los problemas que afectan la aplicación de las leyes de trabajo infantil. El documento también estableció que, desde enero de 2025, la colaboración de esa cartera con otras agencias federales para prevenir y detectar infracciones “se ha reducido en gran medida”.
El congresista demócrata Bobby Scott, representante de Virginia y principal impulsor de la solicitud que dio origen al estudio, cuestionó las consecuencias de esa situación. “El Gobierno federal no puede prevenir eficazmente el trabajo infantil si no cuenta con la información necesaria para saber dónde trabajan los niños, si sufren lesiones y dónde están los mayores riesgos”, afirmó en declaraciones recogidas por The Guardian.
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Scott presentó el proyecto de ley de Protección de los Niños, una iniciativa que propone mejorar la recopilación y el uso de datos para orientar las inspecciones y medidas de cumplimiento de la legislación laboral. La propuesta permanece como una de las respuestas legislativas planteadas tras la publicación del informe.