El Ayuntamiento del municipio madrileño de Morata de Tajuña anunció el pasado 24 de agosto que las fiestas patronales, que se celebraban a principios de septiembre, iban a contar con su tradicional (y polémica) plaza de toros. Su exalcalde, Fernando Villalaín (PP) dimitió a principios de este año precisamente tras ser procesado por un presunto delito de prevaricación vinculado a este mismo proyecto. Los hechos se remontan a 2024, cuando las gradas de la plaza no eran seguras y así lo advirtió el arquitecto municipal. Pero eso no impidió que se acabara ordenando la instalación y en este 2026 la historia ha sido parecida. Esta vez ha sido un arquitecto anónimo quien ha avalado el proyecto, algo poco habitual que levanta sospechas. Sobre todo, porque el informe de un perito, al que ha tenido acceso Infobae, resaltaba que, de nuevo, el proyecto presenta “deficiencias” de seguridad y lagunas legales.
Para entender la polémica, hay que recordar que el anterior regidor municipal dimitió a comienzos de este año a raíz del escándalo que investiga la contratación del mismo graderío portátil durante los festivos del año 2024, que fue adjudicado a la única empresa que se presentó a concurso, Plazas de Toros Ocón, por un importe de 390.710 euros, sin IVA, y con un plazo de ejecución de tres meses. Sin embargo, la certificación para poder utilizar la plaza no llegaría a tiempo para los festejos por la negativa del técnico municipal, que presentó un informe desfavorable del 2 de octubre de ese mismo año en el que advirtió de la ausencia de los requisitos técnicos obligatorios para la adecuada instalación de la estructura.
PUBLICIDAD
Lejos de paralizar las obras, el alcalde decidió proceder con la instalación de las gradas, permitiendo su uso durante toda la semana de festejos sin todavía saber si era seguro para el millar de asistentes. El certificado no llegaría hasta un año después, en 2025, a través de un técnico externo que el ayuntamiento contrató mientras el responsable municipal se encontraba de vacaciones. Este periódico se ha puesto en contacto con el técnico municipal, pero ha declinado hacer comentarios al estar el caso judicializado.
“Hay una firma que asegura que el graderío era seguro, pero ¿cómo vas a aprobar algo si no hubo un proyecto aprobado que explicaba a los operarios cómo montarlo?”, se pregunta Carlos Vallecillos, representante del PSOE de Morata, en una conversación con Infobae. La oposición está personada en la causa instruida por el Tribunal de Instancia de Arganda del Rey y denuncia que el consistorio morateño todavía no ha facilitado el expediente de aquel concurso ni el plan de seguridad del montaje del actual. Se espera que la apertura del juicio oral, a cargo de la Audiencia Provincial, comience en las próximas semanas.
PUBLICIDAD
La nueva alcaldesa sostiene que el graderío de 2026 es seguro basándose en el modelo de 2025
Volvamos ahora a 2026. Tras la salida del consistorio de Villalaín (que él refirió a “asuntos personales”), Gloria de la Torre, su número dos, asumió el bastón de mando y tanto ella como el responsable de Urbanismo, Raúl García Carretero, sostienen que el Ayuntamiento ha cumplido este año con los controles y permisos urbanísticos, pese a que el nuevo montaje vuelve a presentar evidentes problemas de seguridad e incumple la normativa estatal.
En un intento por respaldar su posición, el consistorio publicó en su página web la memoria técnica en la que se detallaban las características del nuevo graderío, que ha sido adjudicado a la misma empresa. El ayuntamiento certifica la solidez y seguridad estructural sin aportar el certificado emitido por la empresa instaladora ni el calculista, que es el ingeniero especializado que analiza el peso propio de la obra y su resistencia. En su lugar, argumenta que la instalación de 2026 es idéntica a la del año anterior, que fue certificada por otro técnico ajeno al ayuntamiento, colegiado en Toledo.
PUBLICIDAD
El consistorio morateño defiende que las dimensiones se ajustaban al Decreto 42/2025 de la Comunidad de Madrid (la norma que regula espectáculos taurinos en Madrid), pero ignora que esta normativa no incluye los espectáculos taurinos en los que la muerte del animal se produce en público, como son las novilladas que este municipio celebró el pasado 9 y 13 de septiembre. Para estas actividades, la estructura debe cumplir con la normativa estatal, recogida en el artículo 21.2 del Real Decreto 145/1996.
Un informe pericial externo elaborado y firmado por un procurador del Colegio de Arquitectos de Madrid, al que ha tenido acceso Infobae, señaló que las medidas de la plaza no coincidían ni con las expuestas en la memoria ni con las del montaje ejecutado. El experto, que aseguró realizar una inspección sobre el terreno, constató que, aun ajustándose a las medidas reflejadas en el papel, el graderío “no alcanzaba el diámetro mínimo exigible”.
PUBLICIDAD
El documento también detalla varias deficiencias de seguridad en las gradas, que podrían haber puesto en riesgo a las cerca de mil personas que asistieron este año a los festejos. Por ejemplo, el sistema de apoyos carecía de anclaje mecánico de la base y muchos de los soportes (que son tubos de metal regulables) se encontraban incrustados a escasos centímetros de las alcantarillas, zonas con una resistencia distinta de la del resto de la superficie. Una serie de problemas que se agravan dada la inclinación del terreno sobre el que se levanta el graderío.
La estructura también carecía de un reparto de cargas para evitar posibles derrumbes y presentaba visibles deficiencias en las uniones estructurales, como corrosión o soldaduras de aspecto irregular.
PUBLICIDAD
El informe documenta con fotografías las deficiencias en el diseño de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida. La normativa exige no solo garantizar el acceso, sino también asegurar que puedan ver el espectáculo en condiciones equivalentes a las del resto del público. De igual manera, los aseos “resultan incompatibles” con el uso por personas con movilidad reducida.
El proyecto de 2026 no ha sido firmado por el arquitecto municipal, ya que este se dio de baja médica justo antes de aprobarse la certificación. En su lugar, el montaje fue certificado por otro arquitecto técnico externo, colegiado en Cáceres, pero en la memoria técnica no se incluye ni la firma ni el nombre de este profesional. Infobae se ha puesto en contacto con el Colegio de Arquitectos Técnicos de Cáceres sobre este asunto y señalan que una memoria “no puede ser válida” si carece de firma e identificación. “Nosotros no aceptamos memorias o informes sin firmar”, afirmó un portavoz en una conversación telefónica. Por su parte, ni De la Torre ni García Carretero han respondido a las preguntas formuladas por este periódico.
PUBLICIDAD
La regidora popular insiste en un vídeo publicado en las redes del ayuntamiento en que el montaje del graderío contaba con el respaldo de un arquitecto técnico, cuyo informe “no dejaba lugar a dudas” frente a los relatos “malintencionados”. “Una plaza como esta debe cumplir sus autorizaciones precisas, y eso es lo que hemos hecho, como no puede ser de otra manera”, secundaría cuatro días antes García Carretero.
La oposición presentó un escrito de queja ante la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid por los problemas de seguridad documentados en el graderío. La Administración, no obstante, ha rechazado interferir sobre el asunto porque sostiene que “carece de competencias” para inspeccionar las instalaciones, pese a la existencia del informe urbanístico que advierte sobre estas deficiencias.
PUBLICIDAD