Citando la importancia de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, una jueza federal de California señaló que el gobierno estadounidense está silenciando de manera inconstitucional a críticos de la guerra de Israel en Gaza y a otras personas, como parte del empeño del gobierno del presidente Donald Trump por deportar a no ciudadanos que, afirma, alteraron los campus universitarios al expresar sus opiniones.
En un fallo emitido el viernes, la jueza Noël Wise dio una victoria al The Stanford Daily, el periódico estudiantil de la Universidad de Stanford, que ha señalado que algunos estudiantes internacionales tenían miedo de pronunciarse debido a la amenaza de deportación.
“La libertad de expresión es ilusoria si sólo somos ‘libres’ de expresar opiniones complementarias sobre el gobierno y sus líderes”, escribió la jueza.
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La decisión se apoya en gran medida en las conclusiones a las que llegó hace casi un año un juez federal de distrito en Boston, quien determinó que el gobierno de Trump violó la Constitución cuando apuntó a personas que no son ciudadanas para deportarlas únicamente por apoyar a los palestinos y criticar a Israel.
Wise escribió que las libertades de expresión y de prensa son “fundamentales para que perdure la democracia en Estados Unidos”. La jueza citó fallas relacionadas con la libertad de expresión y con la imprecisión que violan la Primera y la Quinta Enmienda constitucionales, al anular partes de las disposiciones que sigue el gobierno federal en materia de deportaciones.
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La jueza mencionó las represalias ejercidas en marzo de 2025 por las autoridades migratorias de Estados Unidos contra personas que participaron en expresiones de apoyo a los palestinos y en contra de las acciones de Israel, que un número creciente de expertos, incluidos los comisionados por un organismo de la ONU, han señalado que equivalen a genocidio. La jueza también citó represalias contra personas que criticaron a Charlie Kirk después que el cofundador de Turning Point USA fuera asesinado en septiembre pasado.
“Mañana, o quizá incluso hoy, el objetivo podría ser cualquier persona en Estados Unidos que ejerza su libertad de expresión para simplemente manifestar opiniones que al gobierno no le gustan”, afirmó la jueza en San José.
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“Esta espiral descendente es antitética a nuestra Constitución, que reconoce nuestro derecho a hablar libremente”, agregó. “Aquí se puede odiar simultáneamente el contenido del discurso de una persona y amar al país que aprecia la libertad de permitirlo. La protección celosa de nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión es una demostración provocadora de la poderosa ausencia de miedo de nuestro país”.
Hasta el sábado, el Departamento de Justicia no había respondido a un mensaje en el que se solicitaban comentarios sobre la decisión.
George Porteous, el editor en jefe de The Stanford Daily, respondió al fallo en X: “Los reporteros en nuestra redacción no deberían tener que temer que escribir un artículo resulte en su deportación. La victoria de hoy significa que no tendrán que hacerlo”.
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Conor Fitzpatrick, abogado de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, que presentó la demanda, elogió el fallo.
“En Estados Unidos, la libertad de expresión no les pertenece solo a las personas que dicen cosas con las que el gobierno está de acuerdo”, afirmó en un comunicado.
En su fallo, Wise dijo que estaba claro que las tácticas del gobierno han tenido un efecto en los campus universitarios.
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“El gobierno ha ofrecido un mensaje intimidante respecto al discurso protegido: pronúnciense contra Israel o en apoyo de los palestinos y revocaremos su visa y los deportaremos. Compórtense. Los estudiantes no ciudadanos escucharon la advertencia y la acataron. Y, como dice el dicho, el silencio es ensordecedor”, escribió la jueza.
En The Stanford Daily, no ciudadanos presentes legalmente en el periódico han renunciado, retenido artículos, rechazado asignaciones, solicitado que se retiren artículos y pedido anonimato debido al temor de consecuencias migratorias adversas, señaló Wise.
Añadió que los no ciudadanos tienen los mismos derechos de la Primera Enmienda que los ciudadanos y, sin embargo, se les dejó adivinar cuál era la política exterior de Estados Unidos en un momento dado y sobre cualquier tema.
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“Este es un estándar incomprensible”, subrayó la jueza. “Si bien el Tribunal entiende que al gobierno se le ha otorgado una discreción considerable en materia de política exterior e inmigración, esa discreción debe, no obstante, garantizar que la gente común pueda entender lo que la ley permite y prohíbe”.
Wise agregó: “Nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión garantiza a las personas el derecho a expresar —a través de sus palabras, acciones o asamblea— opiniones que pueden ser repugnantes, puntos de vista que van en contra de las normas políticas predominantes o creencias que de otro modo desafían la política interna o exterior del país, su participación militar o la guerra”.
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bmc