Luego de los dos días consecutivos que usaron los abogados de las empresas Corpalubri S. A., Indusiesel S. A., Ternape S. A. y Copedesa S. A. para mostrar sus pruebas de cargo y descargo dentro del caso Triple A, desde las 08:30 de este viernes, 24 de julio, continuarán presentando su carga probatoria las restantes 18 personas naturales y jurídicas (empresas) acusadas como autores y colaboradores del tráfico ilegal de combustible. Las dos últimas jornadas de audiencia se dieron entre el 18 y el 19 de julio pasado.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez, su primo Antonio Viteri y otros 18 procesados más enfrentan una audiencia de juzgamiento por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución de productos derivados de petróleo, figura ubicada en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El 8 de marzo pasado se instaló la etapa de juicio en el Complejo Judicial Norte, en Quito, y los sujetos procesales arrancaron con los “alegatos de apertura”.
Desde el domingo último, 19 de julio, se encuentra suspendida la diligencia dentro de la fase de juzgamiento en la que se analiza que las empresas del sector hidrocarburífero vinculadas al alcalde Alvarez y su familia habrían constituido una red para desviar combustible subsidiado de manera ilegal entre los segmentos automotor, industrial y naviero nacional e internacional. Estos hechos, según Fiscalía, habrían generado un perjuicio económico para el Estado ecuatoriano que bordea los $ 61,5 millones, correspondientes a 22,7 millones de galones de diésel y gasolina.
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Los ejemplos que revelarían el destino distinto al declarado de combustible subsidiado
Un automóvil Chevrolet Cruze que, según los registros analizados por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), habría tenido que llenar completamente su tanque 8,4 veces al día durante más de dos años; y una camioneta Toyota Hilux con motor a gasolina que aparece abasteciéndose con más de 40.000 galones de diésel, son de los casos más llamativos dentro de la investigación del caso Triple A.
Entre las pruebas entregadas para fundamentar la acusación constan registros de abastecimiento que, de acuerdo con los informes periciales incorporados al expediente, presentan supuestas inconsistencias técnicas que la acusación considera incompatibles con un consumo normal de combustible.
El ejemplo citado por la ARCH, instancia que interviene en la causa como acusadora particular, habla de un Chevrolet Cruze modelo 2013 que, entre agosto de 2022 y septiembre de 2024, habría registrado la compra de 145.115,45 galones de combustible en una estación de servicio ubicada en la provincia del Guayas, perteneciente a la empresa procesada Fuelcorp S. A.
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Los análisis técnicos realizados durante la investigación concluyen que ese volumen de combustible resulta físicamente imposible para un vehículo de esas características. Según los cálculos expuestos por la ARCH, para alcanzar esa cantidad el automóvil habría tenido que llenar completamente su tanque unas 8,4 veces al día, todos los días, durante más de dos años consecutivos.
Para la acusación, este tipo de registros constituye un indicio de que las transacciones no corresponderían al consumo real del vehículo, sino que habrían servido para justificar administrativamente la salida de combustible subsidiado que, presuntamente, habría tenido un destino distinto al declarado.
El otro ejemplo expuesto en audiencia corresponde a una Toyota Hilux 2012 con motor a gasolina. Según la acusación, el vehículo figura con compras acumuladas de 40.458 galones de diésel entre agosto de 2022 y septiembre de 2024. Uno de los episodios citados por la Fiscalía ocurrió el 18 de septiembre de 2023, cuando la camioneta registró la compra de 3.428,57 galones de diésel premium, por un valor cercano a $ 5.000, en la estación de servicio Espíndola, ubicada en la vía Amaluza, en la provincia de Loja.
La ARCH sostiene que el registro presenta una inconsistencia técnica, debido a que un vehículo con motor a gasolina no debería abastecerse con diésel. Para la acusación este caso también respaldaría la hipótesis de que determinados vehículos fueron utilizados únicamente como soporte documental para registrar ventas de combustible que, en realidad, habrían tenido otro destino.
Tribunal busca cumplir el cronograma de audiencia sin dilaciones
Los cuatro meses de juzgamiento han estado a cargo del Tribunal Anticorrupción integrado por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Clara Soria y Víctor Barahona. En la primera parte de la diligencia y hasta el 14 de junio último intervino la fiscal Ruth Amoroso, de la Unidad de Investigación Selecta Especializada en Transparencia uno, y las acusaciones particulares: la ARCH y la Empresa Pública Petroecuador, con la presentación de la carga probatoria que mantienen para acusar a los 22 procesados.
Durante las dos últimas jornadas del juicio en el caso Triple A los abogados de las procesadas Copedesa, Indudiesel, Ternape y Corpalubri presentaron en audiencia como prueba seis peritos y testigos y desistieron de la presentación de la prueba documental anunciada. Debido a la no asistencia de varios testigos y peritos anunciados, Gabriela Moreira, en representación de las cuatro empresas investigadas, pidió a la Sala la noche del 19 de julio pasado que suspenda la audiencia para en las primeras horas de la diligencia el próximo 24 de julio le permitan incorporar los testimonios pendientes.
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Ese pedido tuvo una negativa contundente y unánime del tribunal, luego de la cual el ponente de la Sala de juzgamiento emitió una serie de instrucciones logísticas obligatorias para alcanzar la finalización del juicio en el caso Triple A.
El juez Sánchez dejó claro que la evacuación de la totalidad de las pruebas de descargo de las defensas técnicas de los acusados que restan por intervenir se ejecutará de forma ininterrumpida los días 24 y 25 de julio próximos; que las defensas técnicas que requieran el auxilio de la fuerza pública para compeler la comparecencia de sus peritos o testigos deberán ingresar sus escritos con la identificación precisa de los mismos máximo hasta el martes 21 de julio y que las peticiones ingresadas con posterioridad se declararán extemporáneas por extenuación de plazos logísticos.
El presidente del tribunal dejó constancia de que la agenda apretada de los integrantes de la Sala y el riesgo inminente de caducidad de la medida cautelar de prisión preventiva en Triple A “imponen la obligación de cumplir el cronograma sin dilaciones”.
La integrante de la Sala Juzgamiento Clara Soria intervino poco antes del cierre de la audiencia del 19 de julio para precisar que las defensas técnicas conocieron las fechas de la audiencia de juicio con más de un mes de antelación, por lo que creía que no corresponde a las partes decidir de forma arbitraria el día o la hora en que actuarán su prueba. Por ello, recordó, el tribunal exigió oportunamente la entrega de los listados para organizar la agenda en función de la complejidad del expediente.
“Resulta inadmisible que las defensas pretendan gestionar la comparecencia de sus peritos un día antes de la sesión o que ingresen solicitudes de uso de la fuerza pública a las 20:00 horas del día previo. Dicha conducta no constituye ejercicio de la defensa técnica, sino un retardo injustificado del trámite que vulnera el principio de lealtad procesal. Este Tribunal viene instalando audiencias de forma ininterrumpida los fines de semana desde el mes de febrero. La garantía del derecho a la defensa exige profesionalismo y oportunidad: si un testigo es fundamental y no responde, la defensa debe requerir el auxilio judicial con la debida antelación, no al momento de agotar su turno”, indicó la magistrada.
La intervención de las defensas de los procesados en los últimos días del juicio
Por disposición del Tribunal Anticorrupción el orden de evacuación probatoria de los procesados para la audiencia del viernes y sábado próximos quedó definido de la siguiente forma: Ricardo Ceballos, Juliana Cedeño, Carolina Troya, empresa Fuelcorp, Juan Dionisio Araujo (Harsajudi S. A.), Jessenia Vélez, Ernesto Benavides, Rosa Ortiz, Gloria Salazar, Moisés Flores, Cecilia Ortega, Fausto Vaca, Arnoldo Zambrano, Edmundo Campoverde y Juan Carlos Arias.
En el cierre de estas intervenciones estará la defensa técnica del procesado Aquiles Alvarez, quien tiene como abogados a Ramiro García y a Julio César Cueva.
El juez Jorge Sánchez informó a los sujetos procesales que la jornada del domingo, 26 de julio, se destinará de forma exclusiva a la recepción de los alegatos de clausura de la Fiscalía, acusaciones particulares y las 22 defensas técnicas. En relación con el pedido de las partes para que se defina el tiempo que se dará a los sujetos procesales para exponer sus alegatos de cierre, el tribunal anunció que notificará mediante providencia el tiempo que se asignará a cada representación. (I)