Sinaloa concentra el 17.1% de los homicidios dolosos cometidos contra elementos de las instituciones de seguridad pública del país durante 2025, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPF-E) 2026 del INEGI. Al cierre de ese año, el estado operaba con apenas mil 584 policías estatales, una proporción de 0.6 agentes por cada mil habitantes, frente a un promedio nacional de 1.0, lo que lo coloca entre las entidades con menor cobertura policial del país en medio de una disputa armada entre Los Chapitos y Los Mayos que se prolonga desde septiembre de 2024.
El déficit no es nuevo, pero la violencia lo volvió urgente. Mientras la tasa de homicidios dolosos cayó 18% en el país durante 2025, en Sinaloa aumentó 75% respecto al año anterior, con mil 805 asesinatos registrados por el INEGI, hasta 150 más de los que reportó la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con El País.
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Los policías estatales de Sinaloa enfrentan la guerra entre Chapitos y Mayos sin acceso a crédito para vivienda ni fondo de ahorro para el retiro. El censo del INEGI confirma que tampoco cuentan con seguro de gastos médicos mayores, becas escolares para sus hijos ni indemnización por incapacidad derivada de un riesgo laboral.
La corporación sí ofrece tres prestaciones básicas: seguro de vida, apoyo económico para familiares de elementos fallecidos y licencia por riesgo de trabajo. Las tres están directamente vinculadas a la posibilidad de morir o resultar herido en servicio, no a las condiciones ordinarias de vida del agente.
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El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, sostuvo que no basta con aumentar el número de agentes. El funcionario planteó que la corporación necesita mejores salarios, mayor capacitación y equipamiento adecuado para operar en el contexto actual.
El déficit de prestaciones coincide con la caída en el número de aspirantes. En 2024 se registraron 407 personas en programas de formación inicial; en 2025, la cifra bajó a 313. La reducción sugiere que las condiciones laborales desincentivan el ingreso a una corporación que, al mismo tiempo, pierde elementos por la violencia.
El CNSPF-E 2026 revela que las corporaciones de seguridad pública de Sinaloa operan con recursos presupuestales limitados, escasa infraestructura y prestaciones laborales incompletas. El estado destinó 965.4 millones de pesos a seguridad pública durante 2025, una cifra que contrasta con los cuatro mil 546 millones de Sonora y los dos mil 569.7 millones de Coahuila, entidades con poblaciones comparables.
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Sinaloa comparte el indicador de 0.6 policías por cada mil habitantes con Sonora, mientras que Durango y Morelos registran 0.5. En el extremo opuesto, Yucatán cuenta con 2.1 agentes por cada mil habitantes y registró 42 homicidios en 2025, frente a los más de mil 800 de Sinaloa, según datos del propio censo citados por Río Doce.
La crisis también se refleja en la disposición de nuevos elementos para incorporarse a las filas policiales. En 2024 se registraron 407 aspirantes en programas de formación inicial; en 2025, la cifra bajó a 313, una reducción de casi una cuarta parte, según el CNSPF-E.
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El descenso no sorprende en un contexto en el que más de 80 agentes han sido asesinados durante los dos años que lleva el enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con Infobae. En la primera semana de agosto de 2026, tres policías estatales resultaron heridos tras un ataque con drones en el libramiento Mazatlán-Culiacán, a la altura del poblado El Chilillo, según medios locales.
La violencia se ha concentrado en Culiacán, donde ocurrieron 8 de cada 10 homicidios y desapariciones de los últimos dos años. El 79% de los homicidios dolosos del primer semestre de 2026 ocurrió en la capital, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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La precariedad operativa de la corporación se extiende a su infraestructura física. Sinaloa cuenta únicamente con cinco unidades de infraestructura policial en funcionamiento: una comandancia o estación y cuatro cuarteles, sin módulos policiales fijos ni móviles. La diferencia con otras entidades es amplia: Nayarit tiene 40 comandancias y Tamaulipas, 66, de acuerdo con el mismo censo.
Las condiciones laborales de los agentes tampoco son competitivas. Los policías estatales de Sinaloa no tienen acceso a créditos para vivienda, fondo de ahorro para el retiro, seguro de gastos médicos mayores, becas escolares para sus hijos ni indemnización por incapacidad derivada de un riesgo laboral, según el diagnóstico del INEGI.
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La corporación sí ofrece seguro de vida, apoyo para familiares de elementos fallecidos y licencia por riesgo de trabajo. La Policía Cibernética se encontraba “en proceso de integración” al cierre del periodo reportado, de acuerdo con el censo.
Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), reconoció que las policías locales representan el eslabón más débil frente a las capacidades de las fuerzas federales. El funcionario sostuvo que no basta con aumentar el número de agentes, sino que se requiere mejorar salarios, capacitación y equipamiento.
Calderón Quevedo planteó que la respuesta a la violencia no puede limitarse al despliegue militar o al uso de la fuerza. El coordinador del CESP consideró necesario desarrollar una estrategia integral que incluya políticas educativas, culturales y sociales.
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Pese a las limitaciones, las instituciones estatales recibieron 294,814 llamadas al número de emergencias 911 durante 2025 y realizaron 601 puestas a disposición de personas. De esas detenciones, el 59.4% fue ante autoridades de Justicia Cívica y el 40.6% ante el Ministerio Público.
Las corporaciones estatales también aseguraron 858 armas de fuego durante ese año. El dato contrasta con el escenario de violencia generalizada que el propio censo documenta en la entidad.
Ante el escalamiento del conflicto, el gobierno federal respondió con un refuerzo externo. La Secretaría de Marina desplegó mil 700 elementos en tierra y zonas costeras de Mazatlán como parte de la “Operación Sable”, mientras que entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, Sinaloa concentró 11 mil 326 de los 45 mil 247 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea desplegados en el país, es decir, uno de cada cuatro militares en operación nacional.
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El diagnóstico del INEGI concluye que Sinaloa enfrenta el reto de combatir a grupos criminales con una estructura policial que requiere mayores recursos humanos, financieros y materiales para recuperar capacidades operativas. El estado acumula así dos frentes simultáneos: la guerra entre facciones del crimen organizado y la debilidad estructural de la institución que debería contenerla.