Luego de la polémica que se armó después de que el gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó en la madrugada del 11 de agosto el primer bombardeo militar en la región del Catatumbo (Norte de Santander) desde el inicio de su mandato, se conoció la respuesta oficial por parte de una de las portavoces del grupo armado ilegal ELN (Ejército de Liberación Nacional): Luz Amanda Pallares, más conocida con el alias de Silvana Guerrero.
La decisión por parte de la administración del “Tigre” abrió una nueva fase de la estrategia de seguridad en una región donde la guerra entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc ya deja desplazamientos, confinamiento y muertes, pero causó controversia luego de los señalamientos que hizo por medio de un comunicado la Defensoría del Pueblo.
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Todo porque en la zona donde se presentó la acción de la fuerza pública se reportaron tres personas heridas: todos civiles campesinas, incluida una mujer de 44 años, y a quienes “nuestros equipos en territorio están acompañando”, precisó el documento, y en el que también se anunció que “estos hechos habrían generado desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal de El Tarra”.
“No importa el gobierno, el plan es el mismo: bombardear comunidades. Para el Catatumbo, la horrible noche ni empieza ni termina. Se mantiene junto con los planes orientados por el imperio de los Estados Unidos, obedecidos por el Estado colombiano y perpetrados a través de la acción conjunta de las Fuerzas Militares y sus mercenarios narcoparamilitares”, inicia la declaración por parte de la líder guerrillera.
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Guerrero aclaró que “el gobierno puede haber cambiado, pero las prácticas criminales son las mismas, porque son parte de la doctrina militar contrainsurgente y la estrategia del enemigo interno, que busca aterrorizar y arrasar territorios enteros para la extracción de los recursos, el posicionamiento de enclaves narcotraficantes y el control de un territorio geoestratégico como la frontera entre Colombia y Venezuela”.
La vocera del ELN alertó que “dicha acción se ejecutó contra la población civil, causando daños a la vivienda y dejando herido a tres civiles habitantes de dicha comunidad, Élfido Galván, Lucía Amparo Guerrero y Ángel Yadamiel Ascanio, quienes fueron alcanzados por el estallido de granadas de 155 milímetros lanzadas por las Fuerzas Militares estatales”.
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Sin embargo, y más adelante en su declaración, Guerrero despotricó no solo del Gobierno de De la Espriella, sino que recordó a su antecesor, el expresidente Gustavo Petro.
“Desde el nuevo gobierno, al igual que el anterior, justifican estas acciones criminales en la idea de golpear al ELN. Incluso por la dimensión del operativo y los alardes del impuesto presidente, al parecer falsean atacar posiciones insurgentes cuando en realidad arrojan bombas contra centros poblados y comunidades campesinas”, apuntó la cabecilla del ELN, y por la cual las autoridades ofrecen una recompensa de más de 1.600 millones de pesos.
Por todo lo anterior, desde los altos mandos del ELN se afirmó que la acción por parte del Gobierno de De la Espriella “constituye una grave violación al derecho internacional humanitario”.
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En la parte final de su declaración, Guerrero hizo un llamado a “las entidades y organismos defensores de derechos humanos a contribuir en la búsqueda de mecanismos humanitarios que permitan la protección de las comunidades afectadas”, pero dejó en firme que desde el Frente de Guerra Nororiental del ELN van a seguir “confrontando los planes imperiales y sus agentes militares y paramilitares”.
La operación se produjo en una zona donde, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, más de 120.000 personas fueron desplazadas en Norte de Santander desde el comienzo de la crisis (que inició en la administración Petro), cerca de 50.000 familias siguen confinadas y alrededor de 120 personas murieron por los enfrentamientos.
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La ofensiva, denominada Operación Beta, fue ejecutada por las Fuerzas Militares en áreas rurales entre Tibú y San Calixto, en Norte de Santander.
La información oficial indicó que estuvo dirigida contra estructuras del ELN y que dejó la destrucción de cinco campamentos, dos búnkeres y la incautación de armamento, explosivos y drones, según el reporte oficial de las autoridades.