La jornada de este martes, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se llevó a cabo la formalización del exdiputado Gabriel Silber en el marco de la denominada trama bielorrusa por delitos de soborno y lavado de activos. En la audiencia además se concretó la reformalización de los otros siete imputados en la causa: Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, Mario Vargas, Eduardo Lagos Herrera, Sergio Yáber, Yamil Najle y Harold Pizarro.

En medio de la audiencia, el fiscal Andreas Kusch relató los hechos que se le imputan a cada uno de ellos, precisando cómo, cuándo y en qué se utilizaron los dineros que los abogados Lagos, Vargas y Silber entregaron a la exministra Vivanco por concepto de coima para que supuestamente favoreciera al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) en su contienda con Codelco.

El persecutor relató que fue durante la controversia entre la empresa estatal y la empresa CBM cuando “la entonces ministra Vivanco intervino y resolvió, en razón de su cargo, en favor de CBM, tanto en el recurso de protección como en los recursos de aclaración y de queja posteriores, con infracción a sus deberes estatutarios como magistrada del máximo tribunal. En efecto, actuó de manera parcial, afectando la garantía constitucional del debido proceso en perjuicio de Codelco y beneficiando a CBM, motivada por intereses personales vinculados al resultado del juicio, toda vez que se vería beneficiada económicamente en caso de favorecer los intereses de la parte representada por los abogados Lagos Herrera, Vargas Cociña y Silber Romo, manteniendo, además, una relación de manifiesta amistad con algunos de ellos”.

Tras ganar dichos litigios, CBM recibió de parte de Codelco más de $ 17 mil millones, y dado que las resoluciones -de acuerdo con el Ministerio Público- se dieron en un contexto irregular, las remuneraciones que recibieron por ello los abogados de la firma son cuestionados al igual que los pagos que se habrían hecho a Vivanco. Por lo mismo, como describió el fiscal Kusch, la utilización de esos fondos constituye lavado de activos.

Los pagos a Vivanco superarían los $ 85 millones, pero los referidos abogados recibieron de parte de CBM más de $ 1.200 millones que luego utilizaron para cubrir diferentes gastos. Entre ellos, los imputados pagaron tarjetas de créditos, créditos, invirtieron en fondos mutuos y costearon vacaciones.

Si bien la defensa de Vargas, encabezada por Sergio Contreras, intentó incidentar la reformalización, por cuanto se habrían imputado hechos nuevos, el juez Cristián Sánchez desestimó el punto y validó lo descrito por el Ministerio Público.

Tras ello, y sin que mediara debate en torno a las cautelares que deberá cumplir Silber, el magistrado decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para el exdiputado. No hubo discusión sobre el punto ya que como había adelantado la defensa del exdiputado, a cargo de la abogada Susana Borzutzky, habían llegado a un acuerdo con el Ministerio Público y los querellantes. Todo, en línea con el trato de cooperación eficaz que mantiene su cliente con los investigadores.

“Vamos a seguir cooperando con la investigación y el esclarecimiento de los hechos, obviamente con la responsabilidad de someterse al escrutinio de la justicia, que es lo que corresponde en esta etapa”, sostuvo Silber durante la jornada.

Luego su abogada manifestó: “Estamos satisfechos. Fue una audiencia cuyo resultado se esperaba. Había un acuerdo allegado con el Ministerio Público y la parte querellante, en cuanto a que no iban a manifestar oposición (...) Se recibió sin ninguna sorpresa y de acuerdo con la estrategia realizada por la oficina desde el comienzo”.

Al respecto, el fiscal Kusch también reconoció la cooperación que ha prestado Silber y aseguró que la cautelar que solicitaron también responde al plazo de investigación que ha transcurrido y a que la mayoría de los coimputados se mantiene con medidas en libertad.

Durante la jornada, además, se oficializó que el próximo 7 de octubre se realizará una audiencia para discutir la devolución de especies incautadas a algunos imputados, momento en que también se debatirá sobre la modificación de medidas cautelares de algunos de los implicados.

Detalles sobre pagos

Durante la jornada, Vivanco se refirió a los antecedentes precisados por los persecutores, indicando que sólo hubo un relato más detallado de los antecedentes con que cuenta la Fiscalía.

Esos hechos, a su juicio, han ido permitiendo que se esclarezca su verdadera vinculación con los delitos investigados.

“Se está, creo yo, perfilando aquello que se va a discutir después en el juicio oral. Novedades, desde el punto de vista de pruebas o de elementos, yo destacaría que se hizo una completa trazabilidad de los dineros y específicamente de esa trazabilidad emana que yo no recibí ninguno”, aseguró.

Su abogada, la defensora penal pública Patricia Alvarado, destacó que el tribunal acotara significativamente las pretensiones del Ministerio Público respecto de la ampliación del plazo de la investigación. Los fiscales pretendían que se otorgaran 120 días, pero sólo se dieron 25 más.

“El plazo estaba agotado desde junio y si bien el Ministerio Público señaló varias diligencias que estarían pendientes, creemos que las mismas no justifican el plazo solicitado. Ahora vamos a estar pendientes para volver a solicitar el cierre de la investigación”, sostuvo la defensora.

Alvarado adelantó, igualmente, que esperan que el próximo 7 de octubre se decrete una medida cautelar menos intensa respecto de su representada. “Mientras más avanza la investigación, menos antecedentes de su culpabilidad existen”, cerró.

Sobre el punto, el fiscal Kusch manifestó que una vez que venza el nuevo el plazo, verán nuevamente si las diligencias están o no agotadas para analizar si concurre acusar o si se requiere discutir nuevamente una prórroga para más diligencias.