Liberal sin neo
El sistema premia la antigüedad y el plantón.
El forcejeo recurrente entre el gobierno representado por el Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) aparenta ser una disputa laboral, pero lo que está en juego es un tema más estratégico; quién dirige el sistema de educación pública. El episodio de la semana pasada vuelve a poner en evidencia esta tensión. Después de una prolongada huelga en 2025, seguida por extensas negociaciones del pacto colectivo y de varios litigios, el sindicato volvió a las calles para presionar contra las reformas que se discuten en el Congreso.
La organización sindical adquiere otra dimensión cuando se trata de empleados públicos que prestan servicios esenciales. En una empresa privada, una huelga o manifestación perjudica al propietario; puede significar costos, daños y pérdida de reputación. En la educación pública, los directamente perjudicados son los estudiantes y sus familias. Los incentivos están desalineados, porque el gobierno negocia con recursos que pertenecen a los tributarios y los funcionarios no cargan personalmente con el costo de sus decisiones. Las personas y organizaciones tienen derecho a manifestar, pero que empleados públicos se organicen para interrumpir servicios y presionar al gobierno carece de legitimidad.
El año pasado, miles de maestros suspendieron labores durante varias semanas, afectando irreparablemente a los estudiantes. Posteriormente, el Mineduc levantó actas y emprendió procesos disciplinarios contra muchos de ellos y los tribunales se convirtieron en otro escenario de la disputa. En 2026, la negociación de un nuevo pacto colectivo, iniciada en 2024, terminó judicializada después de 778 días de negociaciones.
Ha surgido un factor que pone una piedra en la maquinaria de este poder ilegítimo que se cree dueño de los destinos del sistema educativo y hace uso de amenazas y presión política organizada. La CC declaró inconstitucionales ciertas disposiciones del pacto colectivo que atribuían al sindicato participación en asuntos relacionados con programas de apoyo, calidad educativa y capacitación. La resolución reafirma que la rectoría del sistema educativo corresponde al Mineduc. Es una precisión institucional significativa; la negociación colectiva puede establecer condiciones laborales, pero la conducción de la educación pública corresponde a la autoridad responsable ante la sociedad.
El sistema premia la antigüedad y el plantón, la medición de efectividad por resultados de aprendizaje no figura en la permanencia y promoción laboral ni en los esquemas de remuneración. Con el garrote de la negociación colectiva, el STEG ha demostrado por años su capacidad para movilizar a miles de maestros, mutilar el servicio de educación y ejercer presión política. Los enfrentamientos entre el sindicato y el Mineduc giran siempre alrededor de las exigencias de Joviel Acevedo y sus seguidores y nunca sobre métricas y compromisos en los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
La productividad del sistema, sus métodos, procesos y calidad docente, pueden y deben medirse con evaluaciones estandarizadas periódicas de los estudiantes y otros indicadores cuantitativos y cualitativos. Para que un sistema evolucione y progrese, debe contar con mecanismos que permitan descubrir aciertos y errores que señalen corrección y modelos de mejora. Una organización que premia a todos por igual y garantiza la permanencia independientemente de resultados, se burocratiza y estanca; eso es exactamente lo que consigue un sistema educativo y magisterial guiado por la presión política sindical.