
El Senado de la República abrirá un micrositio especializado para recibir observaciones y propuestas sobre el proyecto de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que busca homologar la legislación en todo el país y fortalecer el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que este espacio digital permitirá la participación de legisladores, especialistas, instituciones públicas, organizaciones civiles, academia y ciudadanía interesada en aportar al proceso legislativo.
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La apertura del micrositio forma parte de la ruta crítica aprobada recientemente por la Comisión para la Igualdad de Género, presidida por la senadora Martha Lucía Micher Camarena, para analizar y discutir la propuesta del Ejecutivo federal.

De acuerdo con el calendario establecido, del 1 al 9 de agosto se recibirán observaciones; el 18 de agosto se llevará a cabo una mesa de diálogo con especialistas, autoridades y colectivos; mientras que del 19 al 25 de agosto se realizará la sistematización y revisión de propuestas.
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Paralelamente, durante todo agosto continuará el análisis técnico y jurídico de la iniciativa.
Laura Itzel Castillo adelantó que el proyecto de dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera podría quedar listo entre finales de agosto e inicios de septiembre para ser discutido durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso.
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La iniciativa plantea establecer un marco jurídico uniforme en las 32 entidades federativas para evitar que la investigación y sanción del feminicidio dependan de las diferencias entre los códigos penales estatales.

Entre los principales objetivos del proyecto destacan:
- Homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país.
- Establecer que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como posible feminicidio, con perspectiva de género.
- Imponer penas de entre 50 y 70 años de prisión para los responsables.
- Restringir beneficios como libertad anticipada, amnistías o indultos.
- Crear un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por feminicidio para garantizar medidas de protección y acceso a apoyos.
Durante la presentación de la ruta legislativa, Laura Itzel Castillo señaló que actualmente el delito de feminicidio no se investiga ni se sanciona de la misma forma en todas las entidades del país, lo que provoca criterios distintos para acreditar las razones de género y, en algunos casos, que los hechos sean reclasificados como homicidio.
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La legisladora sostuvo que la propuesta pretende evitar que el acceso a la justicia dependa del estado donde ocurrió el crimen y establecer estándares mínimos de investigación que reduzcan la impunidad y garanticen un tratamiento uniforme en todo el territorio nacional.
Por su parte, Martha Lucía Micher afirmó que el objetivo del proceso legislativo es construir una legislación sólida que fortalezca la prevención, investigación, sanción y reparación del daño, además de asegurar una atención efectiva para las víctimas directas e indirectas.
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La apertura del micrositio representa una nueva etapa en el análisis de la iniciativa, al permitir que distintos sectores presenten propuestas para enriquecer el contenido del proyecto antes de su dictaminación.

En paralelo, organizaciones especializadas han planteado observaciones relacionadas con la necesidad de fortalecer las capacidades de fiscalías y servicios periciales, así como incorporar mayores mecanismos de prevención y atención integral para las víctimas.
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Además de este proceso legislativo, Laura Itzel Castillo informó que el próximo 5 de agosto una hablante de lengua otomí dirigirá un mensaje en su idioma ante la Comisión Permanente como parte de las acciones para promover el reconocimiento de los pueblos indígenas.
En la misma sesión también será presentada una iniciativa para expedir el primer Reglamento de la Comisión Permanente, con el propósito de dotar de mayor certeza jurídica y eficiencia a su funcionamiento.
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