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Cuando un juez decide que lo escrito, aceptado y firmado por ambas partes no era lo que decía, ningún contrato vale nada.

Desde hace algunos años, el gobierno se ha estado llenando de sanguijuelas, de esas que le chupan la sangre a su “huésped”. Llegan primero a un puesto que por diseño es de carácter temporal. Así está en las leyes. Así está en el contrato que firman. Pero ellos tienen muy claro que su objetivo es quedarse allí para siempre. Poco les importa lo que se hayan comprometido en los contratos que firmaron. No importa si tienen que mentir, engañar y embaucar. El fin, para ellos, justifica cualquier medio.

El mecanismo es sencillo y descarado. Entran al gobierno bajo el renglón 029, con un contrato que dice claramente que no existe relación de dependencia, que el contratado no es servidor público y que no tendrá derecho a prestaciones. La persona lo firma, factura sus honorarios y los cobra. Existe también el caso de los que trabajan en el renglón 022, con quienes sí existe un “vínculo laboral” y gozan de prestaciones como tal, pero también es una contratación temporal, como, por ejemplo, cuando son contratados como parte del personal de un diputado, por lo que están sujetos a que laborarán, como máximo, hasta el último día que el diputado esté en el cargo.

En todos estos casos, las reglas están definidas en la ley y son conocidas de antemano por quienes acceden a estos puestos. Pero aquí es donde se separan las sanguijuelas de las personas correctas. Al terminar el tiempo de la contratación, la sanguijuela corre a algún juzgado de trabajo a jurar que lo “despidieron injustamente”, que, indistintamente de lo que digan la ley y el contrato, sí hubo subordinación, horario y continuidad, por lo que es un empleado hecho y derecho y deben pagársele todas sus prestaciones y restituirlo al puesto. Y lo más probable es que gane el juicio, se le deban pagar indemnizaciones millonarias, “sueldos caídos” y, por si no fuera suficiente el agravio, reinstalar en el puesto.

El caso reciente más conocido es el de la diputada exsemillera,Ivanna Luján, quien le sacó al Maga la bicoca de Q643 mil 629.04 tras demandarlo por una relación laboral que sus propios contratos negaban. Para corroborar que no fue casualidad, sino su modus operandi, Luján mantiene un segundo juicio contra el Infom, que seguramente también ganará.

Pero este no es el único caso. Es toda una industria. En todo el gobierno, las sentencias laborales costaron Q724 millones durante 2025, y 79 personas cobraron más de un millón cada una.

Pero la culpa no es solo de las sanguijuelas, sino también de los jueces que les conceden el estatus de víctimas a los aprovechados corruptos. Por supuesto que los jueces se excusan en una malentendida “tutelaridad”, que para ellos vale más que la ley y los contratos, por lo que paran determinando que los tributarios les tenemos que pagar a estas personas todos los “sueldos caídos”, las prestaciones y, en muchos casos, mantenerlos por el resto de sus vidas parasitando en un puesto que ya ni debería existir. Ese su celo “tutelar” todavía se podría entender un poco en el caso de los 022 —aunque ni allí creo que sea válido—, pero en el de los 029 es completamente incomprensible. Su celo tutelar los convierte en cómplices de la corrupción. Los tribunales laborales pervierten la tutelaridad al premiar a asesores contratados que simularon voluntariamente una relación civil con el Estado. Cuando un juez decide que lo escrito, aceptado y firmado por ambas partes no era lo que decía, ningún contrato vale nada.

La salida es la transparencia. Si el gobierno necesita un producto independiente, debe comprarlo mediante competencia, entregables verificables y pagos contra resultados. Si necesita una función permanente, debe reconocerla, justificarla y someterla a un concurso, limitado por el presupuesto. De otra manera, se sigue pervirtiendo el sistema.

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