El venezolano Wilber Garcés fue baleado por ICE en Austin, dado de alta con un proyectil en la espalda y enviado a detención, lo que ha desatado protestas en Texas.
El repartidor venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, fue herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo vehicular ayer, domingo, al mediodía en Austin, Texas.
Tras ser dado de alta pocas horas después con el proyectil alojado en la espalda e ingresado a un centro de detención federal, el caso desató protestas e investigaciones independientes.
El hecho ocurrió mientras el joven realizaba entregas de comida a domicilio del aplicativo delivery DoorDash en su vehículo.
Según relató a través de una llamada telefónica desde el centro de retención en una conferencia de prensa ofrecida por su abogada Kate Lincoln-Goldfinch, una camioneta negra no identificada lo embistió y, al intentar mover su automóvil para estacionarse en un lugar seguro antes de descender, el vehículo federal volvió a chocarlo y un oficial abrió fuego.
"Di la vuelta en U, empezó a perseguirme y (el agente) pensando que yo me iba a escapar... chocó otra vez y me disparó", aseguró Garcés.
En contraste, fuentes cercanas a la investigación citadas por la cadena CNN afirmaron que los agentes ejecutaban un control de matrículas para ubicar a personas con órdenes de expulsión. De acuerdo a esta versión oficial, el conductor intentó darse a la fuga tras una breve interacción inicial.
La defensa de Garces negó dicha afirmación en una comunicación con CNN, y aseguró que su defendido, incluso, ignoraba la presencia de agentes policiales. "No hubo una persecución a pie como dijeron", afirmó.
Alta apresurada y denuncias de maltrato en detención
Luego de la balacera, los servicios de emergencia trasladaron a Garcés a un hospital local en Austin. Sin embargo, recibió el alta médica alrededor de las cuatro de la tarde sin que le extrajeran la bala alojada cerca de la columna vertebral bajo el argumento de agilizar el trámite, siendo conducido de inmediato al centro de detención de Pearsall.
"Lo enviaron a un centro de ICE con una bala en la espalda, sin medicamentos para el dolor, y pasó la noche en un centro de procesamiento sin una cama", afirmó Lincoln-Goldfinch en conferencia de prensa.
De acuerdo a la defensa, la condición de salud del joven empeoró tras participar en la conferencia de prensa a través de la línea telefónica desde el recinto migratorio.
Según denunció la portavoz de la oficina de Lincoln-Goldfinch a la agencia de noticias EFE, los guardias del centro agredieron físicamente al detenido, lo encadenaron y le provocaron la pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo, lo que motivó que fuera trasladado nuevamente a un hospital tras la intervención del congresista demócrata Greg Casar.
"Ahora esperamos que se recupere por completo, se reúna con su familia y pueda contarles a las fuerzas del orden la historia completa de cómo ICE le disparó en la espalda", dijo el parlamentario.
Falla administrativa y reclamos de investigación
El arresto fue justificado por el Departamento de Seguridad Nacional en una orden de deportación dictada por un juez de inmigración.
Su abogada asegura que Garcés había ingresado al país en 2024 mediante la aplicación CBP One y contaba con permiso laboral, pero no asistió a su última cita debido a que la notificación oficial se envió a una dirección antigua por un error del sistema judicial.
"Tenía una audiencia pendiente, pero la corte de inmigración cambió la fecha sin notificarle", dijo Lincoln-Goldfinch.
Las irregularidades del operativo generaron movilizaciones ciudadanas en Austin y el rechazo de organizaciones civiles como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
A la par, la Fiscalía del Condado de Travis y las autoridades municipales exigieron una investigación independiente sobre el procedimiento de los agentes federales, que actualmente es indagado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y el FBI.
"Cuando el gobierno toma una vida o la pone en peligro, la Constitución exige debido proceso y rendición de cuentas, y esas protecciones pertenecen a todas las personas en este país", dijo Román Palomares, presidente nacional de LULAC.
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