La exguerrillera sandinista Ana Julia Guido Ochoa fue elegida este martes como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, un tribunal que, tras la reforma constitucional de 2025, quedó subordinado a la Presidencia, encabezada por los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La Asamblea Nacional designó además a José Manuel Fuerte como vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ambos fueron postulados por Ortega y Murillo y recibieron el respaldo unánime de los diputados, según informó el presidente del Legislativo, el oficialista Gustavo Porras.
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La nueva titular del máximo tribunal nicaragüense fue subdirectora de la Policía Nacional y fiscal general de la República entre 2014 y 2025. Estados Unidos la sancionó en 2020 al acusarla de permitir y beneficiarse de las acciones represivas del Ejecutivo.
El Gobierno de Estados Unidos también sostuvo que, durante su gestión como fiscal, Guido Ochoa creó una unidad especializada para formular acusaciones contra manifestantes y promover procesos judiciales en su contra.
En noviembre pasado, la dirigente sandinista fue elegida magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. En febrero de 2023 recibió la orden Augusto Sandino en su máximo grado. Murillo la describió entonces como una “guerrillera de indudable valentía en toda circunstancia”.
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Guido Ochoa reemplazará a Alba Luz Ramos, quien dejó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada por razones de salud. Su salida elevó a nueve el número de magistrados que renunciaron en los últimos dos años.
La renuncia puso fin, al menos en los registros oficiales, a una situación abierta desde octubre de 2023, cuando el asesor presidencial Horacio Rocha la desalojó de su despacho. Desde entonces, la magistrada quedó sin funciones, pero continuó como cabeza formal de la Corte.
De acuerdo con el medio, esa remoción fue parte de una purga impulsada por Rosario Murillo que alcanzó a más de 100 colaboradores cercanos a Ramos, entre ellos su vocero y sus asesores. Después de ese operativo, la magistrada quedó recluida en su vivienda, ubicada en un residencial militar, bajo custodia policial.
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La Corte Suprema de Justicia quedó integrada por 10 magistrados desde febrero de 2025, luego de una reforma constitucional que redujo de 16 a 10 la cantidad de jueces del alto tribunal. Esa modificación, junto con la Ley Orgánica del Sistema Judicial de la República de Nicaragua, otorgó a los copresidentes la facultad de designar a la presidencia de la Corte Suprema por períodos de seis años.
La nueva ley derogó la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial y estableció la subordinación del Sistema de Justicia a la Presidencia de la República. Según analistas y dirigentes opositores nicaragüenses, los nueve magistrados que renunciaron respondían al excomandante revolucionario Bayardo Arce Castaño y al exjefe de la Seguridad del Estado Lenín Cerna, ambos antiguos asesores de Ortega. Arce fue arrestado e investigado por presunta corrupción.
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Los jueces que dejaron sus cargos fueron sustituidos por magistrados identificados con Murillo, según esas mismas fuentes.