Hoy lunes, el Juzgado Federal N°2 de Morón indagará a los cuatro nuevos detenidos por el triple femicidio narco de Florencio Varela, ocurrido el 19 de septiembre, casi un año atrás.
Ramiro Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera y Eugenia Quispe Gallardo enfrentarán a los investigadores encabezados por el juez Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, acusados en el expediente que investiga los femicidios Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, así como la privación ilegítima de la libertad que sufrieron, por una supuesta venganza por el robo de droga.
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Para la Justicia federal, los cuatro sospechosos -todos ellos argentinos- integran, en mayor o menor medida, la banda de traficantes del Bajo Flores que protagonizó el caso, como posibles miembros o como un simple grupo de apoyo. Todos ellos fueron investigados y capturados por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense luego de una causa que incluyó intervenciones telefónicas y filmaciones de inteligencia en la Villa 1-11-14 que ilustran esta nota-,
Varios detenidos habían señalado en sus declaraciones a un tal “Ramiro” como el responsable de entregar ropa limpia a dos sospechosos clave tras el crimen: Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J” y David Morales Huamani, “El Loco David”.
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llegaron, precisamente, a Ramiro Luis Mansur, hombre del Barrio Illia, de 51 años, un ex monotributista que tuvo varios trabajos en blanco en el pasado y hasta un alta en el rubro de “actividades científicas” de la vieja AFIP.
“Ramiro”, el presunto vestuarista de la banda, tiene antecedentes. En 2015, el fiscal Guillermo Marijuan lo imputó junto una decena de ciudadanos peruanos y dominicanos por integrar una banda narco que vendía droga, precisamente, en la avenida Riestra del Bajo Flores. También lo acusó del delito de tenencia ilegal de arma de uso civil. En diciembre de 2018, el Tribunal Federal N°6 lo condenó a tres años de prisión en suspenso.
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Para los investigadores, Ramiro Mansur sería un miembro pleno de la banda del triple crimen. De los cuatro nuevos detenidos, es, por lejos, el más complicado. Mansur “habría integrado la segunda línea de la organización, interviniendo en tareas logísticas vinculadas a los homicidios, particularmente mediante la provisión de vehículos a Morales Huamani”, según un informe reservado del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario.
María Inés Olivera sigue en la lista. De 70 años, jubilada según sus registros, vecina del Bajo Flores, habría actuado como prestanombres para Mansur, al aportar su nombre como titular de tarjetas SUBE, líneas telefónicas y billeteras virtuales. La jubilada cayó con una pistola 9 milímetros en su domicilio, según información policial.
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Verónica Emilce Chieto, de 36 años, alias “Mamá Coca”, oriunda de Ezpeleta, zona de Quilmes, sin historia laboral registrada, es la mujer de Bernabé Mallón, “El Tío”, preso y procesado en la causa, un supuesto encargado de logística.
El informe reservado acusa a Eugenia Quispe de ser una mula de droga vinculada a “Pequeño J”. Cayó en Florencio Varela; allí, le encontraron una supuesta carta de amor a “Pequeño J”, que nunca envió.
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En el texto, que Quispe firmó como “la gorda”, la nueva acusada le habla a un Janzen Valverde ya preso. “Nunca olvides lo buena persona que sos y, más allá de todo, del gran corazón que tenés”, escribió.
Hay quienes señalan a la acusada como una “ex novia” de Janzen Valverde, hoy preso en Marcos Paz. Otros cerca de “Pequeño J” dicen que apenas es “una amiga”, que intentó interiorizarse con la situación penal del principal imputado del caso. Lo cierto es que la filtración de la carta se convirtió en un nuevo frente de polémica en un
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Lucas Contreras Alderete, abogado de “Pequeño J”, presentará hoy un escrito en el Juzgado Federal N°2 Morón para frenar la incorporación de la carta al expediente.
“Resulta inaceptable que, estando el expediente reservado para las partes, se utilicen estas filtraciones selectivas para manipular a la opinión pública y ejercer presión sobre la situación procesal de nuestro defendido, Tony Janzen Valverde Victoriano”, afirmó en un comunicado.
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“El impacto real lo sabremos más adelante, pero por lo pronto vamos a intentar frenar su incorporación al proceso”, afirmó Contreras Alderete a Infobae.