El presidente Daniel Noboa oficializó el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 (PNSI) como política pública de aplicación nacional mediante el Decreto Ejecutivo 448, firmado el 14 de julio de 2026.
La decisión llega en medio del conflicto armado interno declarado por el Gobierno y convierte el documento en la hoja de ruta que orientará las acciones del Estado frente al crimen organizado durante los próximos cuatro años.
A diferencia de las estrategias implementadas en los últimos años, el nuevo plan no se limita a definir operaciones policiales o militares. El documento plantea una política pública que integra acciones de seguridad, justicia, desarrollo social, educación, empleo, tecnología y cooperación internacional para enfrentar a las organizaciones criminales.
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Para el abogado Jorge Triviño, especialista en seguridad, ese cambio constituye uno de los aspectos más relevantes del decreto.
“El Decreto 448 deja de plantear una estrategia para convertir la seguridad en una política de Estado”, señaló.
El experto explicó que el verdadero desafío comenzará cuando el documento deba ejecutarse.
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“Aparentemente tiene una buena óptica. El problema será que no quede únicamente en el papel”, afirmó.
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Un plan que combina seguridad, desarrollo social y coordinación institucional
El Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 parte de un concepto denominado “acción unificada”, mediante el cual todas las instituciones del Estado deberán coordinar esfuerzos para enfrentar las amenazas contra la seguridad nacional.
El documento considera que el crimen organizado ya no representa únicamente un problema policial, sino una amenaza multidimensional que afecta la economía, las instituciones públicas, la gobernabilidad, la infraestructura crítica y el desarrollo social.
Por ello, el plan incorpora medidas que involucran a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el sistema judicial y otras entidades estatales.
Uno de los cambios administrativos más importantes consiste en que la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado deja de ejercer la planificación estratégica. Esa competencia pasa directamente al Ministerio de Defensa Nacional, que asumirá la formulación y el seguimiento del plan.
Para Triviño, esta reorganización puede facilitar la coordinación institucional, siempre que exista una adecuada distribución de responsabilidades entre las diferentes entidades.
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La prevención social aparece como uno de los principales cambios
Uno de los aspectos que más destaca el abogado es la incorporación de un componente social dentro de la política de seguridad.
Durante los últimos años, especialistas en seguridad han señalado que el combate al crimen organizado no puede depender exclusivamente de las operaciones militares y policiales. El nuevo plan recoge parcialmente ese planteamiento.
Entre sus objetivos figura fortalecer la presencia del Estado mediante inversiones en salud, educación, servicios públicos, programas de empleo y proyectos destinados a reducir la vulnerabilidad de los jóvenes y las comunidades frente a las organizaciones criminales.
“No existe inversión social que no genere resultados. Ahora parece que ese componente empieza a incorporarse dentro de la planificación”, indicó Triviño.
Sin embargo, insiste en que esa propuesta dependerá de la disponibilidad de recursos económicos.
Las cárceles pasan a ser un eje de la seguridad nacional
Otro de los cambios más relevantes aparece en el sistema penitenciario.
El plan reconoce que las cárceles se han convertido en centros de coordinación de organizaciones criminales y plantea una reforma integral del sistema.
Entre las medidas previstas figura la modernización tecnológica de los centros de privación de libertad mediante nuevos sistemas de vigilancia y control, así como el fortalecimiento institucional del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI).
Para Triviño, este punto representa una de las reformas más importantes contempladas en el decreto.
“Me parece positivo fortalecer el sistema penitenciario e incorporar personal con experiencia en seguridad. Puede ser un primer paso para una reforma estructural”, expresó.
Sin embargo, sostuvo que esos cambios deberán ir acompañados de inversiones permanentes y controles efectivos para evitar que las organizaciones criminales mantengan el control interno de los centros penitenciarios.
La estrategia apunta a cortar el financiamiento del crimen organizado
Además del control territorial, el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 plantea debilitar la capacidad económica de las organizaciones criminales mediante una estrategia enfocada en el combate al lavado de activos y la corrupción.
El documento establece que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Fiscalía General del Estado deberán fortalecer la coordinación para identificar, investigar y judicializar operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas.
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Triviño consideró que el contenido del plan incorpora elementos que anteriormente no estaban articulados dentro de una sola política pública y advirtió que el documento, por sí solo, no resolverá la crisis de seguridad que atraviesa el país.
“El éxito dependerá de factores que van más allá del documento. Se necesita presupuesto suficiente para fortalecer la Fiscalía, el sistema judicial y el sistema penitenciario”, subrayó.
El especialista apuntó que uno de los principales cambios introducidos por el Decreto Ejecutivo 448 radica en que la seguridad deja de estructurarse mediante estrategias de corto plazo para convertirse en una política pública con objetivos permanentes.
“Cuando la seguridad se convierte en una política de Estado, se establecen objetivos de largo plazo y una mejor coordinación entre las instituciones”, señaló.
El reto también será convencer a la ciudadanía
Más allá del contenido técnico del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, el consultor político Héctor Farfán expuso que el éxito del documento también dependerá de cómo el Gobierno logre convertir sus objetivos en resultados visibles para la población.
A su criterio, el plan puede analizarse desde tres dimensiones: la operativa, la narrativa gubernamental y la percepción ciudadana.
En el ámbito operativo, sostiene que el principal desafío consiste en demostrar que las medidas anunciadas no quedarán únicamente como lineamientos estratégicos.
“Es fundamental verificar si las medidas propuestas se traducen en mecanismos concretos de control territorial, coordinación interinstitucional y una reducción medible del delito”, puntualizó.
Para Farfán, esos indicadores serán los que permitan evaluar si la nueva política de seguridad produce cambios reales en el territorio.
La narrativa deberá traducirse en acciones
Desde la perspectiva política, el especialista señaló que el anuncio del Decreto Ejecutivo 448 busca reposicionar la respuesta del Estado frente al actual contexto de seguridad en el país.
Sin embargo, consideró que el Gobierno deberá demostrar que el plan representa un cambio respecto de las estrategias implementadas anteriormente.
“La clave está en determinar si logra transmitir continuidad institucional o una ruptura efectiva con las prácticas anteriores. La ciudadanía evaluará si realmente estamos frente a una nueva estrategia o simplemente ante una reformulación de lo que ya existía”, afirmó.
Según Farfán, el componente comunicacional será determinante para fortalecer la credibilidad de la política pública, aunque advierte que ese respaldo solo podrá consolidarse si está acompañado de resultados verificables.
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El consultor explicó que la percepción ciudadana será el principal termómetro para medir el éxito del nuevo plan de seguridad.
“El Gobierno tiene que mostrar resultados visibles y medibles para generar confianza. Debe convertir la narrativa de crisis en una narrativa de acción para que la ciudadanía perciba que las medidas están funcionando”, manifestó.
Justamente, el plan establece un proceso de seguimiento y evaluación para medir el cumplimiento de sus metas y estrategias. El Ministerio de Defensa Nacional es el encargado de liderar el proceso de seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Seguridad Integral.
Para garantizar una evaluación efectiva, se implementarán dos elementos principales: una plataforma de información unificada y comités de revisión estratégica. (I)