El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se apunta a la traición, la inocencia y el sanchismo, que ya sabemos todos que es un poco todo lo mismo.

No contentos con validar la legalidad de la ley de amnistía, resolver que no contradice el derecho comunitario y despejar la duda interesada vertida por el Tribunal Supremo respecto al delito de malversación, a los magistrados europeos no se les ocurre otra cosa que sostener decir que la ley amnistía fue útil, rebajó la tensión social y resolvió un problema político.

Igual que a Mariano Rajoy le gustan los catalanes porque hacen cosas, a sus señorías parece que le gustan los gobiernos que toman decisiones y tratan de resolver los problemas. Es intolerable. A saber dónde vamos a parar con semejante dislate.

Tan escaso como anda el Gobierno de buenas noticias en el frente judicial, al ministro Bolaños solo le ha faltado darle un abrazo emocionado a sus señorías europeas. Salvador Illa salido a hacer de lo que es, el President que reclama el fin de un serial que solo mantiene en vivo el empeño de una parte de la judicatura y la estrategia electoral de las derechas españolas. Junts también ha hecho lo que cabía esperar y ha reclamado que la cosa se acelere para ver si puede retornar el mesías que les guíe a la tierra prometida del independentismo catalán.

Para sorpresa de nadie, la lectura de los populares se resume en que todo es culpa de Pedro Sánchez. Pero si esperan que el Partido Popular convoque un carrusel de airadas manifestaciones contra el mundo en general y Europa en particular, aguarden sentados.

Si a alguien le viene bien que Europa avale la amnistía y abra el camino para la vuelta de Carles Puigdemont, como paso previo a la normalización de sus relaciones con la derecha nacional, es a Núñez Feijóo y los suyos. Como en casi todas las decisiones difíciles de la historia reciente de la democracia española, la izquierda decide y paga la cuenta, la derecha reza y se lleva los beneficios.

Aunque en España ya se sabe que las cosas de palacio van despacio y el Tribunal Constitucional, por razones no del todo fáciles de entender, parece decidido a tomarse su tiempo para resolver la constitucionalidad de la amnistía y facilitar que el Tribunal Supremo la aplique, seguramente con la misma presteza que ha empleado estos años a bloquearla y paralizarla forzando la interpretación de la ley hasta el límite de lo razonable. En lo mejor de los casos, Puigdemont volverá a casa por Navidad, como en el mítico anuncio. A tiempo para los presupuestos… o no.