17 de julio, 2026 - 07h00

El asesinato de Santiago Ávalos, gerente financiero de la Universidad de las Américas (UDLA), tras las revelaciones de que el presunto móvil habría estado relacionado con auditorías internas, no es solo otro episodio de violencia. Es una señal inquietante de que el deterioro moral del Ecuador ha alcanzado un punto en el que incluso quienes llevan una vida de oficina pueden temer por su vida simplemente por cumplir con su deber y actuar con integridad.

Durante años asociamos el sicariato con el narcotráfico, las bandas criminales o las disputas entre organizaciones ilícitas. Hoy, la sola posibilidad de que una auditoría o un control financiero pueda terminar en un asesinato revela un problema mucho más profundo. La violencia deja de ser un instrumento exclusivo del crimen organizado y comienza a infiltrarse en las relaciones cotidianas. El homicidio deja de ser una excepción para convertirse, en la mente de algunos, en una forma de resolver conflictos.

Esta normalización de la violencia es especialmente alarmante. Hannah Arendt advertía que cuando una sociedad pierde la capacidad de distinguir lo intolerable de lo cotidiano, el mal adquiere una apariencia de normalidad. No significa que la mayoría apruebe la violencia, sino que termina acostumbrándose a convivir con ella. Cada asesinato deja de conmocionar como el anterior; cada crimen desplaza el umbral de lo aceptable un poco más. Detrás de esa insensibilidad existe otra tragedia: la progresiva pérdida del valor de la vida humana. Como bien sostenía Immanuel Kant, las personas deben ser tratadas siempre como fines en sí mismas y nunca únicamente como medios. Pero cuando alguien es eliminado porque representa un obstáculo para un interés económico o administrativo, la vida humana queda reducida a nada.

Las repercusiones de este fenómeno serán enormes. Si un auditor, un gerente financiero o un funcionario de cumplimiento sabe que descubrir irregularidades puede costarle la vida, los incentivos cambian radicalmente. El costo de hacer correctamente el trabajo deja de ser únicamente profesional; se convierte en un riesgo personal intolerable y difícilmente aceptable. ¿Quién invertirá en un país donde una auditoría puede costarte la vida?

Una sociedad no comienza a desmoronarse únicamente cuando aumentan los homicidios. Empieza a hacerlo cuando las personas honestas concluyen que cumplir con su deber puede ser un acto de heroísmo. Y ninguna nación puede construir prosperidad duradera cuando la integridad exige el mismo valor que antes solo se esperaba de quienes enfrentaban al crimen organizado. Si permitimos que el miedo sustituya al deber, perderemos la confianza que hace posible la convivencia civilizada. Ninguna sociedad prospera cuando quienes están llamados a fiscalizar, denunciar o exigir el cumplimiento de las normas deben preguntarse primero si volverán vivos a casa. Cuando la honestidad se convierte en una profesión de alto riesgo, el problema ya no es únicamente la delincuencia: es la supervivencia misma de la sociedad ecuatoriana. (O)