Luego del fallo judicial que ordenó suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, desde el Gobierno Nacional salieron a cuestionar la medida y apuntaron contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Una de las primeras en expresarse al respecto fue la senadora y ex ministra de Seguridad, que impulsó la nueva legislación, Patricia Bullrich, quien escribió en sus redes sociales: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.
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En tanto, añadió: “Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”.
Otro de los que rápidamente salió al cruce del gobierno bonaerense fue el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que afirmó: “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”.
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El mensaje contó con el respaldo del presidente Javier Milei.
El diputado nacional Luis Petri fue más directo en su crítica. “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, escribió en sus redes. “Aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla. Las víctimas no pueden seguir pagando la improvisación y el abandono de Kicillof y la Justicia provincial”, sostuvo.
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El Ministerio de Capital Humano no se refirió directamente contra la medida judicial, pero compartió un posteo que retuiteó el presidente Milei. Allí, señalaban que la Ley N° 27.801 establece que, desde los 14 años, los adolescentes pueden responder penalmente por los delitos que cometan, y que amenazar a una escuela, portar armas, planificar ataques, vender o distribuir sustancias ilegales o difundir imágenes íntimas son conductas tipificadas como delito.
Por su parte, el dirigente Sebastián Pareja cuestionó la decisión judicial y la calificó como “profundamente antidemocrática”. “Esta ley es una respuesta concreta para intentar elevar el costo de delinquir. El gobierno provincial, en cambio, insiste con un sistema que garantiza impunidad”, afirmó. Pareja subrayó además que la norma no fue una decisión unilateral del Ejecutivo nacional, sino el resultado de un proceso legislativo que atravesó todas las etapas correspondientes en el Congreso de la Nación.
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La medida judicial que encendió estas reacciones fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, apenas 48 horas después de que la normativa nacional entrara en vigencia. La magistrada resolvió hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de los adolescentes privados de su libertad, lo que derivó en la paralización temporal de la aplicación de la ley en todo el territorio bonaerense.
El mensaje de Santilli, vale destacar, no tardó en recibir respuesta: el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le contestó directamente a Santilli y le pidió que se concentre en “hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”. El funcionario provincial planteó, además, que bajar la edad de imputabilidad no alcanza sin la infraestructura necesaria para sostener la reforma: “¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?”, cuestionó.
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Alonso calificó la reforma impulsada por Nación como “apenas una modificación en los papeles” y “un eslogan de campaña” ante la falta de recursos e inversión para su aplicación. El ministro también le retrucó a Santilli por qué reclamaba al Poder Ejecutivo una decisión que, según remarcó, corresponde al Poder Judicial: “¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos”, cerró en su publicación.
El eje de la resolución no fue la constitucionalidad de la norma en sí, sino la falta de infraestructura y recursos materiales del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarían al sistema penal. La nueva legislación reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que habilita el procesamiento judicial de adolescentes de esa franja etaria por los delitos contemplados en el Código Penal.
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Pascual argumentó que esta modificación generará un aumento considerable en la cantidad de menores detenidos, tanto por el flujo de nuevos ingresos como por la mayor permanencia dentro del sistema de encierro, y cuestionó si la provincia cuenta con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales para albergar a esa población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez.
A nivel federal, el Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley N° 27.801 mediante el Decreto 875/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el jefe de Gabinete Diego Santilli. La reglamentación designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación, con la responsabilidad de coordinar el sistema, dictar normas complementarias y celebrar convenios con provincias, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
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El nuevo esquema prohíbe las condenas a prisión perpetua para menores de edad y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, que deberá cumplirse exclusivamente en centros especializados y sin contacto con adultos. Incorpora también penas alternativas como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y el uso de tobilleras electrónicas. Para el seguimiento individual de cada joven, el decreto creó la figura del “supervisor especializado”, un profesional con formación en psicología, trabajo social, pedagogía o áreas afines, y dispuso un registro transitorio de habilitados con un plazo máximo de 180 días para realizar la primera convocatoria pública definitiva.