La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ordenó reforzar el despliegue policial en Cartago ante la escalada de violencia que golpea a una provincia que contabiliza 51 homicidios, mientras volvió a lanzar fuertes cuestionamientos contra el Poder Judicial por casos en los que sospechosos o personas con antecedentes criminales recuperaron su libertad.
La mandataria llevó incluso el problema de inseguridad al ámbito personal y aseguró que las detonaciones se escuchan con frecuencia desde el lugar donde vive.
“A mí, por lo menos dos noches por semana, me despierta una balacera que se escucha desde el lugar donde yo vivo, en barrios aledaños de San Blas, Taras, El Carmen”, afirmó Fernández durante una intervención en la que pidió aumentar los esfuerzos para recuperar la tranquilidad en la provincia.
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La presidenta sostuvo que habitantes de Cartago le han manifestado temor de realizar actividades que anteriormente formaban parte de su vida cotidiana.
“Doña Laura, ya no podemos mandar a los chiquillos a entrenar al polideportivo de Cartago (…) porque nos da pavor”, citó Fernández como uno de los mensajes que asegura haber recibido.
También mencionó testimonios de personas que habrían dejado de salir a tomar café durante las tardes por miedo a quedar expuestas a una balacera e incluso trabajadores que sienten temor de dirigirse a sus centros laborales.
“Cartago no se merece esto”, sentenció la mandataria.
De acuerdo con los datos expuestos por el Ejecutivo, Cartago contabiliza 51 homicidios y buena parte de la escalada de violencia estaría relacionada con enfrentamientos derivados del crimen organizado.
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Según la información presentada, 34 de las víctimas estaban vinculadas con organizaciones criminales, mientras que 39 de las 51 personas asesinadas tenían informes policiales.
Las autoridades detallaron incluso que entre esas personas existían casos con múltiples registros: una acumulaba 28 pasadas, otra 23, una tercera 22, mientras dos contabilizaban 20 cada una.
El Gobierno hizo referencia además a cuatro personas que, según su exposición, habían salido de prisión antes de las fechas inicialmente previstas y posteriormente fueron asesinadas.
Entre ellas mencionó a Joan Andrés Retana Moya, vinculado según el Ejecutivo con la organización criminal de Los Maruja, quien debía permanecer encarcelado hasta 2027 por venta de drogas, pero quedó libre en 2025.
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La presentación también mencionó a Ana Ruth Retana Moya, igualmente vinculada con Los Marujas; Diner Alonso Vargas Ruiz, relacionado con Los Turcos; y Anderson David Guzmán Villalobos, señalado como integrante de Los Chacales.
El Ejecutivo afirmó que estas personas tenían antecedentes o registros relacionados con delitos como tenencia y venta de drogas, portación ilegal de armas, robo agravado, hurto, desobediencia, receptación, agresión psicológica y fuga penitenciaria, entre otros.
Ante este escenario, las autoridades informaron que actualmente existe un contingente de 120 oficiales trabajando en Cartago, desplegados en zonas específicas y bajo funciones determinadas.
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Además, el Gobierno inició una operación para detener a 14 personas requeridas por el Poder Judicial y relacionadas con la provincia.
Gerald Campos, ministro de seguridad, describió el operativo como una “cacería”.
“Ya iniciamos, y perdone la palabra, pero no la quiero llamar de otra forma, una cacería contra las catorce personas que nos indicaron por parte del Poder Judicial que eran requeridos por ellos relacionados con Cartago”, manifestó.
Según explicó, el operativo cuenta con apoyo de la DIS y continuará más allá de esas primeras 14 personas.
“Vamos a mantener este operativo no solamente para estos catorce, sino hasta que logremos detener a todas las personas que han hecho daño”, aseguró.
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Fernández consideró, sin embargo, que los 120 oficiales de refuerzo no son suficientes como respuesta permanente.
“Ese refuerzo que usted está haciendo temporalmente en Cartago, yo tengo que darle una respuesta segura y certera a Cartago de que vamos a recuperar la seguridad”, señaló.
La mandataria advirtió que, una vez concluido el operativo especial, las organizaciones criminales podrían intentar recuperar territorios y retomar sus actividades.
El Gobierno también expuso cifras relacionadas con la actuación de los cuerpos policiales.
Según el jerarca de Seguridad, durante 2025 se realizaron alrededor de 445 detenciones vinculadas con las actuaciones mencionadas, mientras que en 2026 la cifra alcanza 2,010 personas detenidas.
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Además, se indicó que la Policía de Control de Drogas (PCD) recibió una orden concreta para priorizar los casos relacionados con narcotráfico.
Durante 2025, se trabajaron 17 casos y se golpearon organizaciones como Los Maruja y Los Gery, con 47 personas detenidas.
Para este año, las autoridades reportan 16 operativos y aseguran que mantienen otras intervenciones pendientes en Cartago con objetivos previamente definidos.
El funcionario cuestionó además que existirían 100 casos relacionados con drogas que se habrían atrasado por la falta de allanamientos, situación que atribuyó a decisiones o argumentos de fiscales y jueces.
Fernández cuestiona liberaciones judiciales
Uno de los principales ejes de la intervención de la presidenta fue nuevamente la actuación del Poder Judicial.
Fernández manifestó preocupación por el esfuerzo económico y operativo que representa detener a personas vinculadas con estructuras criminales para que posteriormente algunas recuperen la libertad.
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“¿Qué garantía tenemos de que esa gente no la vamos a estar agarrando en estos megaoperativos supercostosos para la población y que al día siguiente queden sueltos otra vez y vuelvan de nuevo a las andadas y veamos de nuevo el baño de sangre en la provincia de Cartago?”, cuestionó.
Las autoridades de Seguridad señalaron que el Ejecutivo puede detener a personas buscadas, pero que posteriormente necesita una respuesta efectiva del sistema judicial.
“Requerimos prisiones preventivas para esta gente que ha hecho tanto daño y requerimos juicios que sean prontos para que estas personas sean condenadas con las penas más altas”, indicó el jerarca.
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Fernández también pidió explicaciones sobre las posibilidades que tiene el Instituto Nacional de Criminología para limitar las liberaciones anticipadas de personas condenadas por delitos graves.
Desde el Gobierno señalaron que la institución ya recibió instrucciones para actuar de manera “estricta” en los casos en los que se analice recomendar el traslado de una persona al régimen de confianza o plantear ante un juez una liberación antes del cumplimiento completo de la condena.
“No vamos a permitir golondrinas, no vamos a permitir liberaciones masivas”, manifestó el funcionario encargado de responder a la presidenta.
El Ejecutivo aseguró que la cantidad de personas trasladadas del régimen cerrado al régimen de confianza ha disminuido y afirmó: “No continuamos liberando gente desde el Ministerio de Justicia y vamos a cerrar aún más ese tubo”.