A tres días de que se lleve a cabo la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República, el saliente mandatario Gustavo Petro afirmó desde Soacha que el Gobierno entrante no completaría el periodo y atribuyó el resultado electoral a un supuesto fraude electoral que, según agregó, sería de conocimiento de las autoridades de los Estados Unidos.
“Aquí lamentablemente no sucedió por un fraude electoral. ¿Cuánto tiempo durarán los efectos de ese fraude? Ya por ahí hablan en las oficinas de Marco Rubio de Abelardo el breve. Ya intuyen que, incluso, no duraría los cuatro años de Gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”, dijo el mandatario durante el Festival por la defensa de la Educación Pública, con epicentro en el municipio.
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En el mismo discurso, el primer mandatario de los colombianos, que deberá entregar el poder el viernes 7 de agosto de 2026, pidió preparar una estrategia política frente a la administración entrante, que fue elegida para regir los destinos del país entre 2026 y 2030.
“Y entonces, pues hay que alistarse, no de la misma manera de antes. Ahora no es el momento de sacar candidaturas, dentro de un año, quizá”, señaló el gobernante, que estuvo acompañado por su hija, Antonella Petro.
En ese sentido, Petro también enfocó su llamado en el trámite de cambios legislativos y en el futuro de las iniciativas impulsadas por su administración. “Ahora es el momento de detener lo que quieren hacer con las reformas de Colombia”, afirmó el gobernante, en medio de una multitud que lo acompañó en el que podría ser el último evento público como jefe de Estado.
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Acto seguido habló de cómo en la contienda electoral hubo, según su testimonio, cerca de 500.000 votos falsos, “usando la calumnia y el terror”, en pro de convencer a millones de personas trabajadoras para “votar en contra de sus intereses”. Un fenómeno que denominó como ignorancia, que solo se combate, desde su juicio, con educación y democracia, y “mayor capacidad de poder popular”.
También el presidente insistió en la creación de “guardias libertadoras” que, en su concepto, tendrían la misión de “cuidar al pueblo” y “defender la vida”; al punto de negar que fueran paramilitares, si no que están subordinadas a la voluntad colectiva. “Y de pronto las armas tendrían que estar al servicio y bajo las órdenes éticas de la misma ciudadanía territorial”, agregó el presidente.
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En relación con este último precepto, el de las “armas”, Petro enfatizó que se refirió a su uso en situaciones que resulten en “agresiones violentas profundas que desde el Estado se puedan dar sobre sectores de la sociedad”.
Y remarcó que “solo ahí y bajo el dominio y la orden de la ciudadanía civil, no para quitar ni atacar los derechos ciudadanos (…) No se trata de perseguir personas diferentes, sino de aplicar la Constitución del 91 en el territorio nacional”. Estas afirmaciones no fueron bien recibidas en las redes sociales y organizaciones como la Fundación para la defensa del Estado de Derecho (FEDe) expresaron su preocupación.
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E insistió en denominar al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda como el “verdadero” presidente de la República, apoyado en los hallazgos de los 75.000 de los testigos digitales, pese a que en su presentación no se presentaron pruebas incontrovertibles sobre ese asunto. Además de acusar al registrador Hernán Penagos de ser, presuntamente, un “cómplice delicuencial” del supuesto fraude.
“Es una política de la muerte lo que se está pregonando, cuando nosotros dijimos que en el mundo tiene que priorizarse la lucha por la vida; por el bosque claro, la selva, el agua y el ser humano, libre y digno”, expresó el mandatario, enfocado en la necesidad de brindarle un buen salario y un sistema óptimo de salud.
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En su declaración, Petro también se refirió sobre un plan destinado a provocar hechos violentos durante la posesión presidencial prevista para el 7 de agosto y señaló que estos incidentes podrían servir como justificación para declarar un estado de conmoción. Con ello, explicó que esta medida permitiría al nuevo gobierno emitir decretos con fuerza de ley, para revertir las reformas sociales.