Por primera vez en la historia electoral del Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio inicio este sábado 29 de agosto a la destrucción pública y total de las cédulas de sufragio de las Elecciones Generales 2026 y la Segunda Elección Presidencial 2026. El acto, encabezado por el jefe interino del organismo, Bernardo Pachas Serrano, marca un hito en la gestión del material electoral peruano y tiene un plazo máximo de seis días calendario para su culminación.
La operación se desarrolla en las instalaciones de la empresa ELM Global Company S.A.C., ubicadas en la avenida El Valle, Lote 2N, Zona 6, Parque Porcino, en el distrito de Ventanilla (Callao). El acto cuenta con la presencia permanente de representantes del Ministerio Público y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y se extendió también la invitación a los personeros de las organizaciones políticas que participaron en los pasados comicios.
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Antes del inicio de la destrucción, la empresa contratada tuvo un plazo de cinco días —del 24 al 28 de agosto— para recoger y trasladar la totalidad del material electoral desde el almacén de la ONPE en el distrito de Lurín. El volumen total del material asciende a aproximadamente 431.000 kilogramos, cifra que da cuenta de la magnitud del operativo logístico previo al acto de destrucción.
El servicio contratado por la ONPE abarca todas las etapas del proceso: acopio, carga, traslado, recepción, almacenamiento temporal, destrucción y disposición final del material. La trazabilidad documentada se mantiene desde la entrega del material por parte del organismo electoral hasta la culminación de su destrucción, a través de registros generados en cada etapa.
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El método de destrucción consiste en la trituración de las cédulas, que las reduce a fragmentos de tamaño tal que impide cualquier posibilidad de reconstrucción o reutilización. Durante todo el proceso, dos especialistas de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE) de la ONPE permanecen en el lugar para verificar que la destrucción comprenda la totalidad del material entregado.
Entre los controles establecidos para garantizar la integridad del proceso figuran los siguientes:
- Registro de entrega y retiro del material.
- Identificación de las unidades vehiculares y del personal autorizado.
- Registro de salida y recepción del material, con fecha y hora.
- Visitas de seguimiento y control por parte de la GGE.
- Acta del acto público de destrucción.
- Certificado de Destrucción, que el contratista debe emitir al finalizar el servicio para acreditar la destrucción total e irreversible del material.
Para evitar pérdidas, sustracciones o manipulaciones antes de la destrucción, la ONPE dispuso que las unidades de transporte fueran acompañadas por un comisionado del organismo durante el traslado. El material permaneció en un ambiente de acceso restringido en las instalaciones del proveedor, y la GGE mantuvo personal en el local durante toda la ejecución de las actividades.
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La disposición final de los residuos generados por la trituración recae sobre el contratista, quien deberá gestionarla conforme a la normativa ambiental vigente. La GGE verificará el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia del contrato, incluida la presentación del certificado final.
La destrucción de las cédulas responde a un mandato expreso de la legislación electoral peruana. El artículo 300 de la Ley n.° 32299 —norma que modifica la Ley Orgánica de Elecciones n.° 26859— establece que, una vez concluido el escrutinio, las cédulas no impugnadas deben ser colocadas en sobres lacrados y remitidas a la ONPE para su custodia hasta el día siguiente de la publicación de la proclamación oficial de resultados por parte del JNE.
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Transcurrido ese plazo, la ley obliga a la ONPE a proceder a la destrucción de las cédulas en acto público, condición que convierte a la sesión de este sábado en el primer cumplimiento formal y documentado de esa disposición en la historia electoral del país.