Con la legislatura dando sus últimos coletazos, sin mayoría parlamentaria para sacar adelante medidas de calado y con una precampaña que se presenta cada vez más cuesta arriba para el PSOE, Moncloa ha optado por mover una de sus últimas cartas políticas. El indulto a la exdirigente de Junts Laura Borràs, condenada por prevaricación administrativa y falsedad documental, se interpreta en varios sectores socialistas como un gesto hacia el partido de Carles Puigdemont para intentar recomponer una relación rota desde hace ocho meses y facilitar acuerdos con valor electoral en el nuevo curso político. La decisión, sin embargo, ha provocado bastante malestar interno al no estar vinculada al procès, sino a un caso de corrupción. "Estamos perdonando corrupción", lamenta un dirigente socialista.
El movimiento llega después de que la mayoría que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez haya dejado de funcionar en la práctica en las votaciones más relevantes de la legislatura. El último ejemplo se produjo hace apenas unos días, cuando el Congreso volvió a tumbar la senda de déficit, la antesala a la elaboración de los Presupuestos para 2027. Sin Junts, el Gobierno apenas dispone de margen para aprobar iniciativas de peso y corre el riesgo de llegar a las elecciones con la carpeta legislativa vacía en materias tan determinantes como la vivienda.
En Moncloa dicen ahora que indultos como el de Borràs son "útiles" para "normalizar la situación política" de Cataluña, aunque lo cierto es que en este caso nada tiene que ver con el procés más allá de que Borràs era dirigente de Junts. Además, la medida contrasta con la posición que Sánchez mantuvo durante sus primeros años al frente del PSOE, cuando tildó de “vergüenza“ los indultos a políticos.
Por eso, y a pesar de que el propio Pedro Sánchez ha intentado desvincular la medida de la negociación de los Presupuestos o de cualquier cuestión "política", en el PSOE muchos sí interpretan que tiene una traducción electoralista: intentar reconstruir la interlocución con Junts para desbloquear alguna iniciativa durante la precampaña. Las miradas se van directamente al decreto de vivienda, cuya negociación el Ejecutivo decidió aplazar hasta septiembre apenas un día antes de aprobar el indulto, después de, dicen, detectar durante el pasado fin de semana que existían posibilidades para sumar los apoyos de Junts y Podemos si disponían de más tiempo para negociar.
En la dirección socialista dicen que nadie puede garantizar que el gesto modifique la posición de Junts, aunque tampoco descartan que contribuya a rebajar la tensión acumulada durante los últimos meses. No obstante, las fuentes oficialistas tratan de desvincular totalmente un asunto del otro. "No tiene nada que ver. Son cosas distintas", insisten, al igual que el presidente del Gobierno.
No lo consideran así otros dirigentes del PSOE, que ven una clarísima lectura política de la decisión. "Hay que forzar para sacar el decreto de vivienda. Si no, será un fracaso durante toda la legislatura en el principal problema del país", resume un socialista con ya años en el partido. Desde Sumar, como principales impulsores de la iniciativa, comparten ese análisis. Fuentes del grupo parlamentario opinan que "toda piedra hace pared" y confían en que cualquier gesto que rebaje la desconfianza pueda facilitar las negociaciones de septiembre.
La decisión, sin embargo, ha provocado malestar dentro del PSOE. A diferencia de los indultos concedidos a los dirigentes del procés o de la ley de amnistía, el caso de Borràs no está vinculado al conflicto político catalán, sino a una condena por corrupción. "El problema es que es por corrupción, si fuera por un tema procedimental parlamentario... pero es que es por corrupción. Eso es lo que da más rabia, pero bueno, la gente está anestesiada con el verano", lamenta un parlamentario del PSOE, que admite la dificultad de defender públicamente una medida que contradice el discurso de tolerancia cero que el partido ha intentado mantener ante sus propios escándalos.
Además, en Ferraz admiten que no existen garantías de que el gesto vaya a provocar un cambio real en la posición de Junts. El partido de Carles Puigdemont ha elevado progresivamente sus exigencias a lo largo de la legislatura y, ya con las relaciones rotas, ni siquiera pronunciamientos favorables como el del TJUE sobre la amnistía han servido para recomponer la relación con el PSOE, ya que los independentistas lo consideran simplemente parte de lo ya pactado. En algunos sectores socialistas temen, por tanto, que el PSOE termine asumiendo en solitario el desgaste de indultar a Borràs sin lograr a cambio los apoyos necesarios para reactivar, siquiera parcialmente, la legislatura.
Precisamente, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cargó este miércoles con dureza contra esta decisión del Gobierno que, a su juicio, cuestiona la "credibilidad" del partido en materia de corrupción y es un "chantaje independentista". Page también cuestionó públicamente que el Ejecutivo lo apruebe "de tapadillo y sin quererlo contar" lo que, a su juicio, evidencia la asunción de que es algo "muy doloroso". "Si necesitamos dar una sensación de firmeza y de intolerancia contra la corrupción, no podemos indultar por corrupción, aunque sea ya con agosticidad y cuando todo el mundo está con la maleta hecha para irse de vacaciones", lanzó.