Luego de las diligencias del Ministerio Público (MP) que duraron cerca de ocho horas, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) calificó de “ilegales” las actuaciones del ente investigador y denunciaron “posibles vulneraciones a garantías constitucionales” y afirmó que el mismo ente investigador suspendió los cateos al “advertir” supuestos “errores en la emisión de la orden judicial”.
Los allanamientos en el campus central de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, iniciaron en horas de la tarde del viernes 18 de septiembre y concluyeron a eso de las 5 de la mañana de este sábado 19. A través de un breve comunicado en sus redes sociales, el MP confirmó que corresponden a “denuncias relacionadas con presunta eliminación de registros informáticos estudiantiles”.
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El MP guardó hermetismo sobre las acciones realizadas dentro de la casa de estudios superiores. No obstante, durante su desarrollo fuentes externas fueron revelando detalles y compartieron documentos que detallaban que el proceso fue autorizado por la jueza Neldy Rodríguez del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, luego de la supuesta pérdida de expedientes que dejaron fuera del ciclo electivo a varios estudiantes de oposición al rector Walter Mazariegos.
Este sábado, el ente investigador informó en sus redes sociales que tras el proceso “se practicó la inspección y registro en equipos de cómputo, se aseguró la preservación de información pertinente en entorno virtual y, se procedió el secuestro de evidencia, todo lo cual oportunamente será objeto de los análisis técnico-científicos aplicables y útiles para la investigación”.
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La orden judicial filtrada incluía la identificación, recolección, descarga, extracción, preservación y análisis de registros informáticos, así como bitácoras de acceso, bases de datos, repositorios de almacenamiento y otros activos digitales que estén relacionados con la investigación.
Mientras que la Universidad informó que un trabajador de esa institución educativa quedó bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC), sin que hasta el momento haya confirmación por parte del MP.
Pese a que en horas de la noche del viernes las autoridades de la Usac dijeron en un comunicado que “respetaban el ordenamiento jurídico” y que colaborarían con las diligencias, este sábado cuestionaron la legalidad de las acciones y la forma como se llevaron a cabo.
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“El propio Ministerio Público dispuso la suspensión de las actuaciones al advertir circunstancias que planteaban serios cuestionamientos sobre la legalidad de la medida, incluyendo posibles vulneraciones a garantías constitucionales, errores en la emisión de la orden judicial y aspectos relacionados con la temporalidad de su ejecución”, señalaron en el documento publicado en sus redes sociales.
Comunicado publicado por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) sobre las diligencias de allanamiento e inspección realizadas en sus instalaciones por parte del Ministerio Público.
También alegaron que se utilizaron supuestos “mecanismos de intimidación hacia docentes, trabajadores y personal administrativo universitario, así como el despliegue de recursos coercitivos y armamento cuyo tipo y capacidad responden a escenarios de criminalidad de muy distinta naturaleza”.
Mientras que en un video publicado, calificaron de “desmedido” y “desproporcionado” el uso de armas de fuego dentro de la Universidad, argumentando que se trata de un “centro de enseñanza superior, investigación y servicio público, no un espacio asociado a actividades que justifiquen demostraciones excesivas de fuerza”.
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Informaron sobre la captura de un trabajador, pero reprocharon que su detención se realizó “sin que exista una orden de aprehensión en su contra”, lo que calificaron como una “vulneración a sus derechos”.
Las autoridades universitarias alegaron en su video que los trabajadores fueron “retenidos”, muchos de ellos con “crisis nerviosa y problemas relacionados con diabetes”, al tiempo que apelaron, otra vez, a la “autonomía universitaria”, alegando que esta “constituye una garantía esencial para preservar la independencia”, por lo que, según dijeron, “toda actuación estatal dentro de los espacios universitarios debe sujetarse a los más altos estándares de objetividad, transparencia y respeto al orden constitucional”.
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Entre 40 y 50 estudiantes de la USAC denunciaron el 24 de julio ante el Ministerio Público la desaparición de sus registros académicos del sistema de Registro y Estadística, un hecho que consideraron una “muerte académica” porque afecta trámites de graduación, becas, procesos de investigación y el cierre de carreras, pese a que varios conservan constancias de inscripción para 2026.
Casualmente, todos los estudiantes afectados participaron o dirigieron acciones en contra de la reelección como rector de Walter Mazariegos, tras considerar que realizó un “nuevo fraude” para repetir el cargo por cuatro años más.
Tras la denuncia de las pérdidas de expedientes, las autoridades universitarias atribuyeron las inconsistencias a la pérdida de información ocurrida durante las tomas del campus universitario de 2022 y 2023. Sin embargo, los estudiantes cuestionaron esa explicación porque algunos de los afectados habían ingresado a la universidad después de ese periodo y otros ya habían logrado cursar sin ningún problema en los años posteriores.
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Incluso, la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, pidió a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) intervenir inmediatamente, realizar verificaciones sobre lo ocurrido y emitir recomendaciones al respecto. Mientras que los estudiantes manifestaron cómo les afectaría esta situación este año.
Walter Mazariegos inició su primer período como Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala en julio de 2022, luego de un proceso marcado por denuncias de “fraude electoral”, luego de que, junto con el Consejo Superior Universitario (CSU) y grupos de fuerza encapuchados y armados, impidieran la inscripción de cuerpos electorales opositores.
Este año repitió la estrategia y fue electo a puerta cerrada como Rector durante cuatro años más. Todas estas acciones han acumulado, por lo menos, 17 denuncias penales en su contra y la acumulación o conexión de expediente que eleva las querellas o investigaciones a unos 22 expedientes. Hubo manifestaciones, denuncias y acciones legales, pero muchas de ellas no han prosperado.
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Durante la dirección de Consuelo Porras en el Ministerio Público, ninguna de estas investigaciones prosperó. Sin embargo, con la asunción de Gabriel García Luna, como Fiscal General, se iniciaron las diligencia, mismas que ocurren dos días después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara a la USAC entregar documentación relacionada con la juramentación de Walter Mazariegos como Rector.