El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una deuda superior a $42.2 millones por prima de antigüedad con aproximadamente 7,000 exfuncionarios, algunos de los cuales esperan el reconocimiento de esta prestación desde 2014.
La institución solicitó incorporar los recursos en el presupuesto de 2027, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó asignar cero dólares a ese renglón.
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El monto representa un incremento frente a los aproximadamente $40 millones que el propio Minsa reconocía como deuda en septiembre de 2025. En ese momento, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que se elaboraba un listado oficial de antiguos servidores para establecer un esquema de pagos graduales.
Un año después, la cantidad pendiente supera los $42 millones y alcanza a unos 7,000 antiguos trabajadores, según las cifras actualizadas por Recursos Humanos. El Minsa pretende que los $42.2 millones sean incorporados al presupuesto fiscal de 2027, aunque la recomendación inicial del MEF dejó la partida sin recursos.
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La prima de antigüedad también corresponde a servidores públicos porque la legislación panameña reconoce expresamente esta prestación dentro del Estado. La Ley 241 de 2021 establece como regla general una semana de salario por cada año trabajado de manera continua, tomando como referencia el último salario devengado y reconociendo proporcionalmente los años incompletos.
El beneficio alcanza a servidores permanentes, transitorios o contingentes cuando termina su relación con la administración pública, independientemente de la causa de salida. Existen, sin embargo, categorías expresamente excluidas por la legislación, entre ellas determinados cargos de elección, dirección y libre nombramiento y remoción.
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La normativa también determina que la última institución en la que trabajó el servidor es responsable de efectuar el pago, incluso cuando la persona haya prestado servicios continuos en diferentes entidades estatales. Para estos efectos, la continuidad se pierde cuando existe una desvinculación definitiva superior a 60 días calendario, salvo que medie una causa justificada.
La acumulación de obligaciones desde 2014 no es una fecha escogida de manera administrativa por el Minsa. La normativa que regula esta prestación reconoce el derecho a partir del 1 de enero de 2014, inicialmente bajo la Ley 39 de 2013 y mediante posteriores modificaciones al régimen aplicable a los servidores públicos.
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Precisamente en noviembre de 2025, el Ministerio de Salud adoptó mediante la Resolución Administrativa 1308 un procedimiento específico para tramitar estos pagos. La decisión estableció el mecanismo para atender las solicitudes de exservidores públicos con derecho a recibir la prima, pero disponer del procedimiento no resolvió el principal obstáculo: conseguir los fondos presupuestarios.
La reclamación de los extrabajadores tampoco comenzó este año. En octubre de 2025 un grupo acudió a la Asamblea Nacional para exigir el desembolso y explicó que representaba a personas que trabajaron en el Minsa entre 2014 y 2023. Antes habían buscado respuestas en la propia institución y ante la Defensoría del Pueblo.
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En aquella comparecencia, los representantes advirtieron que buena parte de los reclamantes superaba los 70 años, por lo que pidieron acelerar la cancelación de una obligación acumulada durante años. Ahora, representantes de los exfuncionarios volvieron a reunirse con las autoridades del Minsa para conocer qué posibilidades existen de obtener los recursos.
El secretario general del Minsa, Julio Arosemena, señaló durante el encuentro que la institución reconoce la obligación y continuará buscando una fórmula para afrontarla. La directora de Recursos Humanos, Rosalva de Castro, explicó que el cálculo actualizado a 2026 alcanza aproximadamente a 7,000 personas y supera ya los $42 millones.
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La representante de los exfuncionarios de Panamá Oeste, Aura Valdés de Adames, pidió mantener las gestiones para encontrar alternativas que permitan efectuar los desembolsos pendientes. Los reclamantes esperan que el MEF reconsidere la asignación recomendada para el presupuesto de 2027, después de que la solicitud institucional por $42.2 millones recibiera inicialmente una recomendación de cero.
El pago de esta prestación no constituye una situación exclusiva del Ministerio de Salud. Otras instituciones públicas han gestionado recursos para cancelar obligaciones acumuladas: en diciembre de 2024, por ejemplo, 2,948 exfuncionarios del Órgano Judicial recibieron $8.17 millones correspondientes a primas de antigüedad.
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En el caso del Minsa, el problema combina una obligación laboral reconocida legalmente, miles de beneficiarios y la necesidad de contar con disponibilidad presupuestaria.
Aunque existe desde 2025 un procedimiento institucional para procesar las solicitudes, la deuda continuará pendiente mientras no sean asignados los fondos necesarios para hacer efectivos los pagos.