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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó en sus redes sociales la captura de Miguel Ángel Aguirre Rivero por su presunta “participación” en la causa, específicamente por el “ocultamiento de evidencias" para conocer el paradero de los jóvenes.

Las autoridades mexicanas anunciaron este jueves la detención en el oeste del país de Miguel Ángel Aguirre Rivero, exgobernador del estado de Guerrero, por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014.

La Fiscalía General de la República de México (FGR) confirmó en sus redes sociales la captura de Aguirre, por su presunta “participación” en la causa, en particular por el “ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes” de la escuela rural para formación de maestros ubicada en una aldea del municipio de Tixtla.

Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación… pic.twitter.com/2ryHMkdJDN

— FGR México (@FGRMexico) August 6, 2026

Sin embargo, la FGR no dio más detalles de las evidencias, el delito que se le imputa, ni el lugar dónde lo detuvieron. Aunque, sí confirmó que, próximamente, ampliarán la información.

El Ministerio Público enmarcó la detención de este hombre en un “nuevo modelo de investigación” que le permitió efectuar el “reanálisis” de las actuaciones ya emprendidas por las autoridades para dar con los 43 jóvenes perdidos.

Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, perpetrada el 2 de octubre de 1968. Tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, fueron entregaron al grupo criminal Guerrero Unidos por causas no esclarecidas.

Hasta el momento solo se han identificado los restos de tres de los jóvenes y el hecho se considera una de las violaciones de derechos humanos “más graves” de la historia reciente del país.

Durante años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto defendió lo que se conoció como la “verdad histórica”, que sostiene que fueron asesinados por Guerrero Unidos al ser confundidos con una banda rival, en un intento por cerrar un caso que evidencia la convivencia del crimen organizado con algunas estructuras del Estado.