El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó los cambios incluidos inicialmente en el proyecto de Presupuesto 2027 que podrían afectar el financiamiento y la cobertura de las prestaciones para personas con discapacidad.
“No vamos a acompañar ningún recorte del presupuesto nacional que afecte estos derechos”, sostuvo Llaryora en una publicación en X, en la que además pidió a los diputados y senadores nacionales por Córdoba que rechacen una eventual reducción de recursos para el sector.
El mandatario afirmó que “las prestaciones, los traslados y las terapias” no pueden depender de la situación económica de las familias ni del lugar donde residan. También señaló que la provincia trabaja con cerca de 350 organizaciones y gobiernos locales para sostener la red de atención.
“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”, expresó Llaryora, al advertir sobre las consecuencias que podría tener un retiro del Estado nacional en el financiamiento de las políticas de discapacidad.
El proyecto enviado al Congreso proponía modificar aspectos de la Ley 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas, y eliminar los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas. También planteaba reemplazar la actualización mensual de aranceles por revisiones trimestrales.
La iniciativa incluía además cambios en el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral, con un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima. El texto establecía incompatibilidades entre la pensión y el empleo formal o el monotributo.
Tras las críticas de organizaciones del sector, bloques opositores y aliados parlamentarios, el Gobierno anunció que retirará los artículos cuestionados del Presupuesto.
La alternativa en negociación mantendría un nomenclador universal, con actualizaciones bimestrales según el IPC, y permitiría compatibilizar las pensiones con el trabajo registrado.
El debate continuará en el Congreso, donde también se analiza la prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vence a fin de año. Las negociaciones definirán si las modificaciones se incorporan al Presupuesto 2027 o si la discusión continúa mediante una iniciativa legislativa separada.
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