Registro akásico
Función de fiscalización legislativa provoca exabrupto
Los congresistas sufren descalificación. En su mayoría son una representación del pueblo llano. Algunos son propuestos por los líderes de los partidos por dos razones: su popularidad local para allegar votos, el médico que ejerció durante años cuando la salud pública estaba ausente, el maestro de escuela reconocido por su labor, etc. Los otros son contribuyentes locales, los dueños de gasolineras, de transportes, hasta restauranteros. Los finqueros son especialmente apreciados para candidatos. Se rumora la contribución prestada por la narcoactividad, designando tanto a los responsables como a las esposas, amantes o familiares de los narcotraficantes. Varios pasados diputados han sido condenados por esa asociación criminal. El excongresista José Ubico Aguilar y los candidatos a diputados Johann y Dieter Gehlert han sido condenados por narcotráfico. Recién ocurrió un señalamiento de conspiración para asesinato entre diputados y líderes de la narcoactividad, con nombres y apellidos, pero no se ha concretado nada.
El constitucional 35 señala la inimputabilidad a quienes realicen denuncias contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. De esa cuenta, se puede tachar a los diputados de cualquier delito sin ninguna responsabilidad. La regulación está un tanto desfasada porque no consideró las imputaciones por internet. En 2006, el desacato a los presidentes de los organismos de Estado y a las autoridades, contenidos en el Código Penal, fue declarado inconstitucional. Así pues, cuando se señala a diputados, solo les queda defenderse con sus medios. Como se señaló hace 10 años en esta columna (19/07/2016), en contra, los diputados pueden proferir cualquier declaración sin ninguna responsabilidad, de acuerdo con el artículo 161 constitucional.
Por sus altos salarios e involucramiento en negocios con obras públicas, así como constituirse en verdaderas agencias de colocación en empleos del gobierno, los diputados tienen mala fama en general. No obstante, debe reconocerse su posición como resultado de votos. Son representantes democráticamente elegidos. Además, son la manifestación de la convivencia entre diferentes ideologías e intereses, para generar consensos sobre leyes. Se les exige trato correcto, cortés y, sobre todo, mantener comedimiento en su trato.
Algunos suelen ser enjundiosos, como el diputado José Chic, en su función de fiscalización. Ha entrado en confrontación con una sección de comunicaciones de la Policía Nacional Civil. No ha encontrado peculado, pero sí molicie en poner en funcionamiento lo comprado. En reciente visita al Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación, entró en un salón donde la puerta no estaba corrida. Desconocía la razón de la reunión cuando el gerente general del Comité Olímpico del país comenzó a dar grandes voces. Gerardo René Aguirre Oestmann, un antiguo seleccionado nacional de softbol, hizo carrera, después de graduarse en Biología, en comités autónomos del deporte, reeligiéndose muchas veces. En general, estos dirigentes se rotan los puestos en un auténtico carrusel de amiguismo y privilegios desorbitados.
El diputado jamás perdió la compostura mientras el dirigente deportivo, nombrado en varias oficinas de ministerios del gobierno en el pasado, estaba visiblemente alterado. El problema reside en los señalamientos de mala administración. En especial, al Comité Olímpico sobre los Q19 millones de los Juegos Centroamericanos 2025. Vale la pena no dejarse llevar por la mala fama de los diputados y analizar los casos con objetividad.
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