
La capacidad financiera del sistema de gestión del riesgo quedó en el centro del debate tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.
Mientras los organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda y atención de las víctimas, la representante a la Cámara Martha Ruiz Solera advirtió que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo no tendría recursos suficientes para responder a una emergencia de esta magnitud.
La congresista calificó la situación como la de “un fondo sin fondos” y cuestionó que el país no cuente con fuentes permanentes de financiación para atender desastres, fortalecer la prevención y garantizar una respuesta inmediata cuando ocurren tragedias de gran escala.
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Ruiz Solera anunció que trabaja en un proyecto de ley para establecer mecanismos que permitan garantizar recursos estables para el sistema.
La advertencia adquiere mayor relevancia por las dimensiones de la emergencia.
El más reciente balance divulgado por el Gobierno reporta 273 personas muertas, 377 desaparecidas y 3.824 heridas. Además, 97.515 personas resultaron afectadas y 40.753 familias fueron reportadas como damnificadas.
Los daños en infraestructura también representan un desafío para las autoridades.
La Ungrd reportó 12.584 viviendas destruidas y 74.873 averiadas, además de 172 edificios colapsados. A esto se suman afectaciones en 2.198 centros educativos, 825 centros comunitarios y 216 centros de salud, así como en acueductos, vías, puentes y aeropuertos.
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Ruiz Solera también relacionó la situación actual con las dificultades que, según denunció, persisten desde la emergencia registrada en Córdoba tras el frente frío de febrero.
La representante aseguró que más de 95.000 familias continúan esperando soluciones y cuestionó la ejecución de los recursos destinados a atender esa tragedia.
De acuerdo con la congresista, la Contraloría General de la República advirtió en julio sobre la baja ejecución de los 7,59 billones de pesos recaudados para esa emergencia. Según su denuncia, varios convenios todavía permanecían en fase de estructuración, pese al tiempo transcurrido.
Para Ruiz Solera, esta situación evidencia la necesidad de modificar el modelo de financiación del sistema de gestión del riesgo, de manera que los recursos para responder a una tragedia no dependan únicamente de decisiones presupuestales tomadas después de que ocurre el desastre.
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La discusión sobre la capacidad económica del sistema se produce mientras el Gobierno intenta coordinar la llegada de ayuda internacional para atender las zonas más afectadas.
El canciller Ómar Bula Escobar negó que Colombia haya rechazado los ofrecimientos de otros países por razones políticas o ideológicas.
“No hemos excluido a ningún país en términos de los ofrecimientos que nos han hecho. Trabajamos con los países sin ninguna consideración ideológica ni política”, aseguró el funcionario.
Bula explicó que el objetivo es organizar la cooperación para que pueda ser utilizada de manera efectiva en terreno. “Toda esta ayuda hay que canalizarla de manera efectiva. Una ayuda mal organizada no es ayuda”, afirmó.
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Entre los países que se comunicaron con Colombia para ofrecer asistencia están República Checa, España, Portugal, Turquía, Japón, Israel, Suiza, India, China y Alemania. El Salvador envió 100 toneladas de ayuda humanitaria, mientras que México aportó 58,5 toneladas destinadas a las zonas más afectadas de Cali y Pereira.
También fue activado con la Unión Europea el protocolo de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas, Echo, para coordinar la asistencia.
Sin embargo, la recepción de equipos especializados de búsqueda y rescate tiene condiciones diferentes. El director de la Ungrd, David Tamayo, informó que Colombia recibirá grupos de Israel, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos.
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La entidad sostiene que estos equipos deben ser autónomos, contar con sus propias herramientas y cumplir estándares internacionales para evitar que su llegada genere una carga adicional sobre los organismos nacionales.
La Ungrd también informó que ha procesado 166 imágenes satelitales de alta definición y priorizado fotografías aéreas en 85 municipios para establecer la magnitud de los daños. Airbus aportó imágenes de ultra detalle de Cali, Cartago, Manizales y Pereira.
La emergencia se extiende por 14 departamentos y 414 municipios. Valle del Cauca concentra el mayor número de fallecidos, con 148, seguido por Risaralda, con 104. También se reportaron víctimas en Chocó, Caldas y Quindío.
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