Un enorme dispositivo de Policía Nacional y Guardia Civil ha acordonado, a las 7:30 horas de este jueves, la playa del Trampolín, en Ceuta, para desalojar a los más de 3.000 subsaharianos y magrebíes que la ocupan en su totalidad, todos ellos procedentes del salto desde Marruecos del pasado 30 de julio.
Una treintena de furgones policiales se han personado en el lugar justo con el alba, a las 7:21 horas, cerrando en un perímetro de medio kilómetro de largo a los migrantes, que llevaban cerca de una semana acampados en la playa en un improvisado poblado chabolista construido en tiempo record con cañas, cuerdas y cartones.
La intención de Interior es trasladar a los magrebíes y subsaharianos a uno de los cuatro centros de estancia temporal que se están levantando en la ciudad ceutí, para en ellos valorar sus peticiones de asilo, y en su mayor parte iniciar el proceso para su devolución a Marruecos.
La operación, no obstante, era en un extremo arriesgada. Los congregados llevan tres semanas en condiciones infrahumanas, recibiendo una sola comida al día, haciendo sus necesidades en el mar y viviendo en una precariedad absoluta, lo cual podría dificultar lógicamente su colaboración -aparte del miedo a ser deportados de nuevo, que ellos mismos manifiestan a cualquiera que les pregunte-.
EL MUNDO pudo comprobar desde el interior del campamento cómo responsables ministeriales pedían a los migrantes tranquilidad a gritos al inicio del despliegue, que tiene lugar cuando se escriben estas líneas.
Pertrechados con mascarillas, los agentes se han desplegado alrededor de los congregados. Todos ellos hombres, dado que en el poblado chabolista no duermen mujeres. Los migrantes, que aún se estaban desperezando, han comenzado a caminar en todas direcciones, pero dos técnicos ministeriales, ayudados por un traductor, les han conminado a sentarse y esperar. Los migrantes han obedecido la orden.
La decisión de desalojar la playa y conducir a los migrantes a los dos nuevos centros se tomó, según ha podido saber EL MUNDO, en la noche del miércoles, cuando los jefes policiales de la ciudad y miembros de la Secretaría de Estado de Seguridad determinaron desmantelar el lugar, en que los migrantes malvivían desde hacía casi una semana, con grupos de ellos montando una abortada huelga de hambre para pedir el asilo y, otros, estableciendo desde un pequeño zoco de intercambio de ropa hasta una especie de mezquita/espacio de rezo improvisado.
Protestas vecinales
La insalubridad en el lugar es total. Cada tarde, Cruz Roja repartía unas 4.000 raciones de comida tras un largo ritual de control con el que la Policía parecía querer casi sedar a los subsaharianos y magrebíes. El poblado se levantó, además, junto a una urbanización de chalets de Ceuta, La Colina, cuyos vecinos llevan semanas quejándose de problemas de convivencia.
La situación de absoluta insalubridad amenazaba con provocar problemas humanitarios muy serios en Trampolín, donde equipos de Cruz Roja y médicos voluntarios llevan días trabajando. Apenas se habían colocado unas precarias duchas, y los más de 3.000 migrantes usaban dos urinarios y las dos duchas de la playa. La situación era potencialmente muy peligrosa y el Gobierno no podía arriesgar un problema mayor de salud pública.
Los responsables ministeriales han realizado con los migrantes la misma liturgia que se usa para darles comida, pero esta vez para sacarlos de la playa. Primero se les ha pedido que se sienten, y luego se les solicita que se vayan levantando, en grupos de una treintena, para ir pastoreándolos hacia un espigón por grupos, en una escena típica de los campamentos de refugiados y de los grandes éxodos de las guerras. Los migrantes, preguntando si se les lleva a Marruecos de vuelta, han obedecido y la operativa, por el momento, se desarrolla sin incidentes.
Los migrantes serán conducidos a los centros de Loma Margarita y El Embolsamiento, construidos a toda prisa por el Gobierno ante la situación extrema. "No Marruecos, no Marruecos!", gritaban los técnicos a los migrantes para conducirlos a los centros en los que se revisarán sus datos y se iniciarán los procesos de expulsión.
El dispositivo, dirigido en lo no policial por el Ministerio de Inclusión, realojará a 1.800 personas en los recursos públicos, pero el desalojo afecta a todos los migrantes de la playa y también a los de colinas aledañas como Loma Colmenar.