Es difícil imaginar una mejor semana para el gobierno del Presidente Kast, porque a la par de haber concluido en el Congreso la tramitación en tiempo récord de la Ley de Reconstrucción -un ambicioso conjunto de propuestas con el que el Ejecutivo espera poner en marcha la economía y el empleo-, el Mandatario dio a conocer en cadena nacional una extensa agenda en materia de seguridad, la cual contempla entre otros aspectos del orden de 30 proyectos de ley -entre aquellos ya en tramitación y otros que se presentarán próximamente-, prometiendo que “los chilenos van a recuperar su libertad, y los delincuentes y narcotraficantes la perderán para siempre”.
Cuando todavía no se cumplen cinco meses de gobierno, es ciertamente un logro político significativo que el gobierno haya podido desplegar en tan corto tiempo las dos agendas más importantes con las que llegó al poder, que son el crecimiento y el combate a la delincuencia, precisamente las dimensiones que los chilenos más anhelan. Es decir, lejos de constituir meras obsesiones ideológicas o afanes refundacionales -como sectores de oposición se empeñan en tratar de presentar estos énfasis programáticos-, se trata de reformas que sintonizan de lleno con las prioridades centrales de la ciudadanía, sin perjuicio de que todavía está por comprobarse la real efectividad de estas medidas.
Volver a conectarse con las principales preocupaciones de los chilenos y alimentar la esperanza en la población es algo que resulta fundamental para el gobierno, particularmente cuando los niveles de pesimismo en el país han aumentado a niveles que no se veían desde los tiempos de la pandemia -la percepción sobre la actual situación económica en general es mala o muy mala, y muchos la consideran incluso peor respecto de hace un año atrás, según muestran diversos estudios de opinión-, en tanto que una amplia mayoría estima que el Presidente Kast no ha cumplido con las expectativas que se tenían de él. En el fenómeno pueden haber influido factores como el llamado “bencinazo”, la persistencia de un desempleo superior al 9% y una economía que al menos hasta mayo estuvo en terreno negativo. Seguramente también jugó en contra el error de haber nombrado inicialmente a una ministra de Seguridad sin las competencias para el cargo, y por supuesto también el negativo discurso -que se repitió con demasiada insistencia, buscando centrar la culpa en el gobierno anterior- de “no hay plata”. No hay aquí cómo culpar a la oposición, pues estos tropiezos son fruto de autogoles y malas decisiones del gobierno.
Lo cierto es que el Presidente Kast tiene una nueva oportunidad para dar vuelta estas negativas percepciones con esta agenda, cuya responsabilidad queda radicada en el Ministerio de Seguridad. Por ahora se conocen solo los lineamientos generales, donde es posible apreciar una serie de medidas que en general van en la dirección correcta -con especial énfasis en el combate contra el crimen organizado, sin duda una de las mayores amenazas que enfrenta el país-, en tanto que otras aparecen más discutibles, como la intención de impulsar una serie de reformas constitucionales.
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo mantiene la prioridad sobre 50 barrios críticos, pero también busca fortalecer las atribuciones policiales en las zonas fronterizas, la creación de una Agencia de Decomiso, Enajenación y Destrucción de Bienes Ilícitos y la destrucción de bienes ingresados ilegalmente al país; asimismo, amplía los plazos de flagrancia, entrega mayores facultades para Carabineros y la PDI en materia de identificación genética y destrucción de drogas, crea una nómina de organizaciones involucradas en crimen organizado y terrorismo, con aumento de penas y tipificando el delito de pertenencia a estas agrupaciones, entre varios otros aspectos. En esta oportunidad no hubo anuncios en materia de aumentos en la dotación de las policías ni otros planes de intervención fuera de los barrios críticos, y si bien son materias que se han estado evaluando en otras iniciativas, sería deseable que estos aspectos -que para la ciudadanía y autoridades regionales son fundamentales- en algún momento sean incorporados como parte de esta agenda, aprovechando su impulso.
En cambio, resulta menos entendible por qué el Mandatario se inclinó por proponer una reforma constitucional según la cual proteger la seguridad de las personas será un deber del Estado, algo que a su juicio “nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen organizado”. Desde luego, no se entiende el porqué de esta disposición, cuando el artículo 1 de la Carta Fundamental ya establece que es deber del Estado “resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población”, además de otras disposiciones que refuerzan esta noción. Una reforma como la propuesta no solo parece redundante, sino que parece volver a esa vieja idea de que los problemas del país se resuelven con reformas constitucionales, abriendo la puerta para que otros sectores se sientan tentados para proponer a su vez otros cambios a la Carta Fundamental, algo sin duda desgastante. Por lo demás, el gobierno no tiene los votos necesarios para aprobar un cambio en la Constitución, para lo cual requerirá varios votos de la oposición, lo que además podría prolongar innecesariamente el debate de esta agenda.
También requerirá un examen detallado otro cambio propuesto a la Carta Fundamental, en orden a crear un nuevo estado de excepción por grave alteración de la seguridad pública. De acuerdo a lo que ha explicado el gobierno, la iniciativa contempla la posibilidad de restringir algunas libertades, como el libre tránsito, toques de queda y la interceptación de telecomunicaciones. Si bien se ha indicado que a diferencia de otros estados de excepción en este caso el control lo ejercerán las policías, estas podrán contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Dado que la Constitución ya contempla específicamente el estado de emergencia en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, deben entregarse fundamentos más sólidos que justifiquen crear un nuevo estado de excepción, sobre todo porque no es claro si este estará sujeto al control del Congreso -atendido a que se podrían afectará libertades esenciales-, y cuando el propio Mandatario había cerrado la puerta a involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de combate a la delincuencia.
Con todo, es sin duda positivo que por fin el país debata a fondo una agenda de seguridad, y será también la oportunidad para que el gobierno logre un nuevo aire, lo que en todo caso difícilmente podrá ocurrir si los propios partidos oficialistas siguen empeñados en desplegar agendas identitarias que solo han enredado al Ejecutivo y que distraen de las urgencias actuales. En ese sentido, será clave que el Mandatario despliegue un liderazgo activo que permita ordenar a sus propias fuerzas detrás de estos objetivos.