La petición a empresarios y financieros del Gobierno Vasco para que le acompañen en su estrategia de arraigo provoca movimientos en Ayesa, Arania, Innometal, ITP Aero, Talgo o Uvesco.
La estrategia del Gobierno de País Vasco para, acompañado de empresarios y financieros, arraigar en Euskadi a las empresas tractoras de la región ha desatado una oleada de operaciones corporativas por valor (enterprise value) superior a 6.000 millones de euros en los últimos cinco años.
Desde la entrada del Ejecutivo autonómico en el accionariado del fabricante de motores de avión ITP Aero hasta la reciente oferta pública de adquisición (opa) sobre Azkoyen liderada por el empresario José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, se han sucedido transacciones protagonizadas por inversores vascos en torno a empresas vinculadas a la región como Ayesa Digital, Grupo Arania, Innometal, Iparlat, Kaiku, Ohmnia, Salto Systems, Talgo, USA Group, Uvesco o Vicinay Marine, entre otras.
A estas transacciones, además, hay que sumar la compra de participaciones en el mercado por más de 300 millones de euros en empresas como Arteche, CAF, Faes Farma, Gestamp, Iberdrola, NBI, Vidrala o Viscofan.
Pese a que en algunas de las operaciones el objetivo era dar salida a fondos de capital riesgo, en otras acompañarles y en otros casos simplemente aportar recursos a las compañías para impulsar el crecimiento, existe, en prácticamente todas ellas, un hilo conductor: frenar la deslocalización del tejido industrial del País Vasco y vincular a las empresas con el territorio, impidiendo la salida de los centros de producción y de decisión.
Deslocalización
Se trata de evitar casos como los de Euskaltel (diluida en el grupo francés Orange), Gamesa (que forma parte de la alemana Siemens), Ibermática (vendida a ProA, luego a A&M Capital Europe y que ahora vuelve a País Vasco como parte de Ayesa Digital) o Panda Security (integrada en la estadounidense WatchGuard Technologies). Además, desde principios de siglo, la que fue durante décadas la gran compañía industrial vasca, Altos Hornos de Vizcaya, está dentro del conglomerado ArcelorMittal.
Un ejemplo que ilustra perfectamente esta política nacionalista es que Indar -hólding de inversión de Kutxabank- y Stellum Capital -vehículo impulsado por la Fundación Artizarra, en la que participan empresarios como José Poza (Ibercom), Ignacio Martín (Gamesa y Cie Atomotive) o José Galíndez (Solarpack)- pueden vetar en Uvesco cualquier acuerdo que implique reducir el empleo en País Vasco en más de un 10% de la plantilla o cualquier decisión que suponga el traslado de la gestión efectiva del grupo fuera de la región.
Adquirieron estos derechos pese a que son accionistas minoritarios del grupo dueño de BM Supermercados y es previsible que los inversores vascos cuenten con derechos semejantes en algunas de las otras operaciones que se han cerrado en los últimos años.
El punto de partida de esta iniciativa es la creación en 2021, bajo el mandato del exlehendakari Íñigo Urkullu, de Finkatuz, fondo público que significa afincar en euskera. Imanol Pradales aceleró la estrategia y ya con él al frente del Ejecutivo de País Vasco se constituyó la Alianza Financiera Vasca (AFV) en 2025.
En el marco de la AFV se lanzó, bajo el paraguas de Kutxabank, Indar Kartera. Las fundaciones tradicionales vascas BBK, Kutxa y Vital, entre otros socios, también forman parte del plan, que promueve inversiones de carácter público-privado, pues siempre se busca vincular cada proyecto a un empresario local.
José Antonio Jainaga se ha destacado como el mayor aliado del Gobierno vasco en la compra de empresas vinculadas a la región. Lideró la oferta por Talgo y ahora trata de hacerse con el control de la navarra Azkoyen. El empresario vizcaíno, además, cuenta con el favor del Gobierno de Pedro Sánchez, que frenó la oferta húngara por el fabricante de trenes y apoyó la vía vasca a través de la Sepi. No se espera, por tanto, que Jainaga se encuentre mucha oposición de la socialista María Chivite, presidenta de Navarra, en su opa sobre Azkoyen.
El empresario también cuenta con el respaldo del Gobierno vasco en los grupos industriales Innometal y Ohmnia. Otro empresario que tiene el favor del ejecutivo regional es Dámaso Quintana, que ya contaba con el Gobierno vasco en el capital de Haizea y que lo va a tener también en el de Vicinay.
Más inversiones
Tanto Quintana como Finkatuz, así como la familia Ybarra Careaga, participan en Arteche, empresa controlada por la familia homónima que se está beneficiando del boom por las redes eléctricas y que se valoró en cerca de 2.000 millones de euros en su reciente ampliación de capital.
Otro empresario que se ha aliado al Gobierno regional es Joseba Lekube, vinculado al PNV, y que participó en la compra de Ayesa Digital a través de Teknei junto el Ejecutivo vasco y las cajas regionales. La intención a futuro es fusionar Teknei y Ayesa para crear un gigante digital.
En la operación de Salto Systems, además de los ya mencionados Indar, Galíndez y Poza, también entró la familia Urrutia, cuya fortuna procede de las bodegas CVNE y que este año, además, ha aflorado una participación superior al 5% en la farmacéutica vasca Faes Farma.
Otras cotizadas en la que el Gobierno vasco reforzó su participación en los últimos años son CAF, donde alcanzó el 3% en 2022 (Kutxabank y BBK también forman parte del capital), mientras que BBK afloró un 3% en Gestamp durante el año pasado y se afianzó en Iberdrola. Los Ybarra Careaga también afloraron un 3% en la navarra Viscofan y, junto a Poza e Inveready, lanzaron un opa por el grupo Agile Content.