La Justicia federal abrió una nueva investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una causa que no está vinculada con su conducción del fútbol argentino sino con su desempeño como titular de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), la empresa pública interjurisdiccional encargada de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El expediente quedó definitivamente radicado en el Juzgado Federal N.º 4 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo, luego de que la Cámara Federal porteña resolviera un conflicto de competencia entre la Justicia de la Ciudad y la Justicia Federal. La decisión convirtió a Lijo en el magistrado encargado de determinar si el patrimonio del dirigente deportivo presenta un incremento injustificado durante los años en que ejerció funciones públicas. La resolución de la Cámara Federal fue considerada el primer avance procesal importante del expediente.
La denuncia había sido presentada el 7 de abril de este año por el empresario Guillermo Tofoni, titular de la firma World Eleven, quien mantiene desde hace varios años un enfrentamiento judicial y comercial con Tapia luego de que la AFA rescindiera el contrato que su empresa tenía para organizar y comercializar partidos amistosos de la Selección Argentina. Tofoni promovió distintas denuncias contra el presidente de la AFA, pero en este caso apuntó específicamente a su patrimonio como funcionario público y no a su actividad dentro de la entidad futbolística.
Inicialmente la presentación ingresó en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El denunciante sostenía que ese fuero debía intervenir porque Tapia había sido designado originalmente en el CEAMSE durante la administración porteña y desarrolló parte de su actividad bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, la jueza del fuero local se declaró incompetente y remitió las actuaciones a Comodoro Py al considerar que el CEAMSE posee naturaleza interjurisdiccional, ya que pertenece en forma conjunta al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires.
Cuando el expediente llegó a la Justicia Federal se produjo una disputa entre fiscales. El fiscal federal Gerardo Pollicita sostuvo que el caso debía regresar al fuero porteño y planteó una cuestión de competencia. Ariel Lijo, en cambio, aceptó intervenir y entendió que la investigación correspondía a la Justicia Federal. Posteriormente, el fiscal general ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, desistió del recurso que pretendía devolver el expediente a la Ciudad y argumentó que los hechos denunciados excedían la administración pública local porque involucraban a un organismo de carácter federal e interjurisdiccional. La Sala II de la Cámara Federal, con voto del juez Eduardo Farah, convalidó ese criterio y dejó firme la competencia del juzgado de Lijo.
La investigación se centra en determinar si el titular de la AFA incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito previsto por el artículo 268 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios públicos cuando no pueden justificar un incremento patrimonial apreciable durante el ejercicio de sus funciones. En este tipo de causas la Justicia analiza declaraciones juradas, registros catastrales, movimientos bancarios, ingresos declarados, compras de bienes, participación en sociedades y cualquier otra evidencia que permita explicar la evolución del patrimonio del funcionario investigado. La apertura del expediente no implica una imputación ni una condena, sino el inicio de una investigación para establecer si existen elementos suficientes para avanzar con medidas de prueba.
El eje de la denuncia es un estudio comparativo de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Tapia entre 2017 y 2025. Según la presentación de Tofoni, el patrimonio líquido del dirigente habría registrado un crecimiento cercano al 1.000% entre 2017 y 2024, una evolución que —según sostiene la denuncia— no guarda relación con los ingresos declarados durante ese período ni puede explicarse únicamente por la inflación acumulada. El denunciante afirma que el incremento patrimonial sería muy superior al crecimiento del patrimonio promedio registrado por actualización de bienes fiscales o rendimientos financieros.
La denuncia reconstruye cronológicamente la evolución patrimonial de Tapia. En la declaración jurada correspondiente a 2017 informó cuatro propiedades con una valuación fiscal total cercana a 17 millones de pesos, un vehículo y activos líquidos inferiores a 1,5 millones de pesos, equivalentes aproximadamente a 43.000 dólares al tipo de cambio oficial de ese momento. Dos años después, en la declaración de 2019, incorporó cuatro inmuebles adicionales ubicados en zonas de alta cotización inmobiliaria: una vivienda de aproximadamente 315 metros cuadrados en Beccar, partido de San Isidro; un departamento de casi 291 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito; una propiedad en Cardales; y un terreno de grandes dimensiones en Campana. Según la denuncia, esas adquisiciones constituyen el primer salto patrimonial relevante y no estarían justificadas por los ingresos informados en esos años.
Por último, la presentación judicial sostiene que para la declaración correspondiente a 2024 el patrimonio líquido declarado por Tapia mostraba depósitos bancarios superiores a 1.002 millones de pesos distribuidos en distintas cuentas, dinero en efectivo por más de 39 millones de pesos y 246.206 dólares depositados en cajas de ahorro. De acuerdo con el denunciante, la liquidez total rondaría el equivalente a un millón de dólares, cifra que representa un crecimiento extraordinario respecto de la situación declarada siete años antes.
Otro de los puntos que la denuncia considera llamativos aparece en la declaración jurada presentada en julio de 2025. Allí Tapia informó no tener dinero en efectivo ni depósitos bancarios en pesos, pero simultáneamente declaró ingresos por aproximadamente 130 millones de pesos en concepto de rendimientos financieros, intereses de plazos fijos y diferencias de cambio. Para el denunciante, la existencia de ese nivel de rendimientos supone necesariamente la existencia previa de un capital significativo que no estaría reflejado en la declaración patrimonial. Ese aspecto será uno de los elementos que la Justicia deberá analizar durante la instrucción.
Según la documentación incorporada al expediente, Tapia informó haber percibido durante 2025 aproximadamente 100.233.144 pesos anuales como presidente del CEAMSE. A ello se suman ingresos de 718.536.500 pesos anuales por su cargo de vicepresidente segundo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), mientras que la presidencia de la AFA figura como una función ad honorem y sin remuneración. Además declaró ingresos extraordinarios por la venta de un vehículo, viáticos vinculados con la actividad en la AFA y los mencionados rendimientos financieros. La denuncia sostiene que los ingresos provenientes de la CONMEBOL comenzaron a aparecer de manera significativa recién en los últimos ejercicios y que no explicarían adquisiciones patrimoniales realizadas años antes.
La presentación incorpora además una serie de sospechas sobre bienes que presuntamente no habrían sido incluidos en las declaraciones juradas. Entre ellos menciona supuestas propiedades en Miami, vehículos de alta gama, relojes de lujo, embarcaciones y utilización de aeronaves privadas a través de sociedades radicadas en el exterior. Hasta el momento esas afirmaciones forman parte de la denuncia y no han sido corroboradas judicialmente. La instrucción deberá determinar si existen registros patrimoniales, societarios o bancarios que respalden esas acusaciones.
La investigación pone el foco sobre el CEAMSE debido a la condición de Tapia como funcionario público. El organismo administra la disposición final de residuos de millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires y también tiene bajo su administración el Camino del Buen Ayre. Tapia ingresó al directorio del CEAMSE en 2015 como vicepresidente, impulsado por la administración porteña encabezada entonces por Mauricio Macri, y en 2024 fue designado presidente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Esa doble condición institucional fue uno de los argumentos utilizados para sostener que la investigación debía tramitar en el fuero federal. Hasta el momento la Cámara Federal únicamente resolvió la competencia del caso y todavía no se informaron medidas de prueba de fondo ni una imputación formal contra el dirigente.
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