La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al Estado nacional y a Corredores Viales ejecutar obras de seguridad y reparación en un tramo de la ruta nacional 3 comprendido entre las localidades bonaerenses de Azul y Cacharí. La medida revocó un fallo de primera instancia que había rechazado el planteo presentado por la Municipalidad de Azul y fijó un plazo de 120 días para concretar las intervenciones bajo supervisión judicial.
Los camaristas consideraron acreditada la existencia de un riesgo para quienes circulan por ese corredor vial y señalaron que, durante los últimos seis meses, se registraron 11 siniestros de tránsito en ese sector. También valoraron informes de la Policía Federal que describen un marcado deterioro de la calzada, con baches, deformaciones, huellas provocadas por el tránsito pesado y deficiencias en la señalización.
En la resolución, el tribunal aclaró que la discusión de fondo sobre qué organismo debe asumir el mantenimiento de la ruta continuará durante el trámite del amparo. Sin embargo, sostuvo que esa controversia no puede impedir la adopción de medidas urgentes para prevenir nuevos accidentes.
El fallo dispone que la Dirección Nacional de Vialidad y Corredores Viales deberán instalar señalización preventiva, carteles de advertencia y balizamiento, además de implementar reducciones de velocidad y otras medidas que mejoren las condiciones de circulación, especialmente durante la noche.
Asimismo, deberán realizar reparaciones provisorias en los sectores más comprometidos y organizar desvíos o restricciones parciales al tránsito cuando el estado del camino lo haga necesario.
La Cámara también estableció que, en un plazo de diez días hábiles, ambos organismos deberán presentar ante el Juzgado Federal de Azul un plan de trabajo detallado con el cronograma de ejecución, las prioridades de intervención y los responsables de las tareas. El cumplimiento de esas acciones será controlado por el juzgado mediante informes mensuales.
Para fundamentar la decisión, los jueces invocaron el deber de prevención del daño previsto en el Código Civil y Comercial y la obligación del Estado de garantizar la seguridad de quienes transitan por las rutas nacionales. De esta manera, mientras continúa la causa principal, la Nación quedó obligada por orden judicial a intervenir de forma inmediata en uno de los tramos más deteriorados de la ruta 3.
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