Las claves
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La Fiscalía de Bolivia ha ordenado la detención del expresidente Evo Morales, acusado de seis delitos, incluidos terrorismo y alzamiento armado.
La denuncia fue presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y apoyada por el Ministerio de Gobierno, tras bloqueos en el país durante más de 50 días.
Morales rechaza las acusaciones y atribuye la orden a una persecución política para desviar la atención de la crisis económica y social.
Los bloqueos respaldados por sectores afines a Morales causaron desabastecimiento y, según la Defensoría del Pueblo, dejaron 22 muertos y 88 heridos.
La Fiscalía de Bolivia ha ordenado la detención del expresidente del país Evo Morales por la presunta comisión de seis delitos, incluidos terrorismo y alzamiento armado, en el marco de los bloqueos establecidos por todo el país durante más de 50 días, en protesta por la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz.
Así lo recoge un escrito del fiscal anticorrupción Brayan Melgar, tras la denuncia presentada por la organización civil conservadora Comité Cívico Pro Santa Cruz, del departamento boliviano del mismo nombre, a la cual se ha sumado el Ministerio de Gobierno.
En particular, los delitos por los que se investiga al exmandatario son "alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos".
Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social,…
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 29, 2026
Morales ha acusado al actual Ejecutivo de estar detrás de la orden de detención, asegurando que "buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción".
El exmandatario ha reiterado que está "del lado de quienes sufren" y ha advertido de que "con procesos y persecuciones políticas no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado".
"Solo intentan desviar la atención con un nuevo titular. No nos van a intimidar", ha expresado en un mensaje difundido en redes sociales.
La demanda incluye al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva, de acuerdo al diario boliviano El Deber.
Bloqueos contra el Gobierno de Rodrigo Paz
Durante siete semanas, entre mayo y junio de 2026, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades.
Morales ha asegurado que no promovió la renuncia de Paz, pero el 24 de mayo escribió en X que el mandatario tenía solo "dos caminos" ante los conflictos, "militarizar" el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días.
Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las carreteras para retirar los obstáculos y restablecer la circulación.
De acuerdo con un informe presentado a principios de julio por la Defensoría del Pueblo, el "coste" humano de esos bloqueos fueron 22 muertos y 88 heridos, si bien matizó que "se han manejado muchas cifras", recordando que es la Fiscalía quien debe brindar esta información e iniciar los procesos penales "que correspondan":