Este mes el dictador cubano Miguel Díaz-Canel presidió una ceremonia que marcaba los 65 años del sistema penitenciario del país, el cual los medios estatales catalogaron de un logro “justo y humano”.
La semana pasada, la red eléctrica nacional colapsó por sexta vez este año, y el canciller Bruno Rodríguez viajó a Nueva York para decir ante las Naciones Unidas que el sufrimiento cubano es responsabilidad de Washington, presentando el costo de la crisis como una deuda que Estados Unidos tiene que pagar.
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Mientras tanto, en la isla, el régimen continúa encarcelando a los cubanos que describen esta crisis. El resto del mundo ha tolerado este pernicioso juego por demasiado tiempo.
Andy García estaba grabando a los vecinos que protestaban contra los cortes de energía en Santa Clara el 30 de agosto cuando la policía lo arrestó por “desorden público”.
García ya había pasado cuatro años como preso político luego de haber participado en las protestas del 11J, el 11 de julio de 2021, a las que el régimen respondió con una oleada represiva y la detención arbitraria de más de 1400 personas.
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Luego de una estadía en prisión que incluyó una huelga de hambre de dos semanas en 2024, García fue liberado en julio de 2025 y volvió a su activismo, denunció a los oficiales que lo torturaron y maltrataron, y trabajó para difundir las protestas que se llevan a cabo en la isla.
Enfrentó un acoso continuo de oficiales de seguridad y recibió amenazas directas en junio que culminaron en su detención dos meses más tarde.
El caso de García es solo el último de lo que se ha convertido en un patrón de nuevas detenciones contra ex presos de conciencia del 11J.
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La ONG Cubalex identificó el uso recurrente de medidas judiciales para presionar y perseguir a activistas que están bajo libertad condicional o que han sido condenados anteriormente por cargos falsos con motivación política.
El informe estima que al menos 28 ex presos políticos han sido blanco de estas medidas, pero insiste en que el número real es aún mayor.
Otra víctima de esta oleada es Yoan De La Cruz, quien adquirió notoriedad después de convertirse en el primero en compartir imágenes en vivo de las manifestaciones del 11J.
De La Cruz fue detenido en mayo y acusado de tráfico de divisas en relación con un supuesto acto de sabotaje, y ha pasado meses detenido bajo condiciones inhumanas.
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En julio, el reconocido artista y activista por la democracia Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado luego de pasar cinco años en prisión por participar en el 11J y fue forzado a exiliarse inmediatamente en Estados Unidos.
Los activistas permanecen bajo constante acoso y vigilancia de parte del régimen. En agosto se registró un nuevo pico de medidas represivas, que incluyen detenciones arbitrarias, el asedio de hogares de activistas, amenazas y multas, que elevaron el número de presos políticos 1339 casos, según lo registra la ONG Prisoner Defenders.
Estas violaciones sistemáticas están ocurriendo luego de que el régimen intentara mostrarse moderado durante la primera mitad del año.
En marzo, el régimen anunció la liberación de 51 prisioneros luego de un acuerdo con el Vaticano antes de las Pascuas. El mes siguiente, también anunció un “gesto humanitario” que incluyó la liberación de 2000 personas, pero incluyó principalmente a menores, mujeres y ancianos, y evitó dar concesiones a presos políticos.
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Las políticas de Washington hacia la Habana se han vuelto más duras bajo la administración actual, e impactan en una economía y una sociedad ya duramente golpeadas por décadas de pésima gestión y represión del Partido Comunista.
Los gobiernos democráticos pueden reconocer ambos hechos al mismo tiempo, y deberían tener claro quiénes son los verdaderos opresores del pueblo cubano.
El 26 de septiembre, Bruno Rodríguez usó el podio de la Asamblea General de la ONU para denunciar la política de EE.UU. hacia Cuba, como lo hace cada septiembre.
La retórica fue un poco más dura de lo normal, pero también lo fue su silencio: no hizo una sola mención sobre la responsabilidad del propio régimen por los apagones, la escasez y el éxodo masivo que sigue vaciando la isla.
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A fines de octubre, La Habana volverá a proponer una resolución condenando al embargo estadounidense, y la presión cada vez más dura de Washington ante la Asamblea General. La resolución será aprobada, como ocurre cada año desde 1992, y La Habana presentará ese resultado como un veredicto a su favor.
La votación no tiene poder vinculante, pero eso no impide a los gobiernos emitir comunicados al respecto. El año pasado, Dinamarca —hablando en nombre de 19 miembros de la Unión Europea— argumentó que el diálogo a través del acuerdo de cooperación Cuba-UE era el mejor camino para promover los derechos humanos en Cuba.
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Australia y Nueva Zelanda pidieron la liberación de todos los presos políticos. Ninguna de esas declaraciones incluyó un solo número o nombre.
Este año deberían incluirlos. Los gobiernos que envían fondos a Cuba deben ir más allá. Bruselas aprobó el envío de al menos 16 millones de euros en asistencia este año, y Madrid ha perdonado miles de millones de dólares de deuda cubana.
Ellos pueden imponer como condición la liberación incondicional de los 1.339 presos políticos, sin represalias, sin exilios forzados y sin nuevas detenciones.
La red eléctrica volverá a colapsar antes del voto. Cuando lo haga, los cubanos volverán a salir a hacer cacerolazos, algunos los grabarán y algunos serán arrestados. Muchos luego de ya haber pasado años en las cárceles infames del régimen.
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La Habana pasará las próximas cinco semanas pidiendo que el mundo le tenga lástima. El mundo debe responder con 1.339 nombres.
Álvaro Piaggio es Senior Policy Officer y Ezequiel Podjarny es Legal & Policy Fellow en Human Rights Foundation