
El Gobierno nacional trabaja en un proyecto de reorganización de la Justicia federal y nacional que podría modificar el actual mapa de recursos judiciales del país.
La iniciativa apunta a identificar cargos vacantes de jueces, fiscales y defensores en la Ciudad de Buenos Aires, eliminarlos y trasladar esos recursos presupuestarios hacia las jurisdicciones federales de las provincias, especialmente aquellas fronterizas, atravesadas por el narcotráfico, la trata de personas y otras formas de criminalidad organizada.
Así lo anticipó el secretario de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, durante una entrevista televisiva, en la que planteó que actualmente existe una “asimetría muy grande” entre la estructura judicial disponible en la Capital Federal y aquella con la que cuentan distintas provincias.
“Hoy hay una diferencia abismal entre las justicias federales provinciales y la Justicia federal de la Capital Federal. Hay una asimetría muy grande”, sostuvo Mahiques.
La propuesta forma parte de una agenda más amplia que lleva adelante el Ministerio de Justicia y que incluye la implementación del sistema acusatorio en todo el país, la cobertura de vacantes judiciales y una profunda transformación del sistema registral, con la intención de que los trámites vinculados con la propiedad automotor puedan realizarse completamente de manera virtual.
“Sacar recursos de acá para fortalecer las provincias”
Para explicar la reorganización que analiza el Gobierno, Mahiques comparó la estructura disponible en la Ciudad de Buenos Aires con la situación que atraviesan algunas jurisdicciones del interior.
En la Capital Federal existen 12 juzgados penales de primera instancia, además de múltiples tribunales correspondientes a los fueros Penal Económico, Contencioso Administrativo y de la Seguridad Social. La realidad es muy diferente en algunas provincias atravesadas por fenómenos criminales de mayor complejidad: en Misiones, una provincia que definió como “una zona muy caliente con la triple frontera como escenario”, existen dos juzgados en Posadas, además de los correspondientes a Oberá y Eldorado.
Según explicó, muchos de esos tribunales son además multifueros y “resuelven el doble o el triple de las causas que resuelven algunos magistrados en la Ciudad de Buenos Aires”.
Frente a ese escenario, el Ejecutivo analiza avanzar sobre aquellas vacantes que permanecen sin cubrir en la Justicia nacional y federal porteña.
“Lo que hay que atacar es el narcotráfico, la trata y el terrorismo, todos delitos que se dan en las provincias. Nuestra idea es sacar recursos de acá para fortalecer las provincias más expuestas”, explicó.
El mecanismo consistiría en eliminar determinadas vacantes de jueces, fiscales y defensores existentes en la Ciudad y reasignar esos recursos presupuestarios para reforzar la Justicia federal del interior.
Fuente: Revista Quorum.
