El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó a la Presidencia de la República de Colombia, liderada por Abelardo de la Espriella, suspender provisionalmente los operativos aéreos ofensivos contra campamentos de grupos armados, siempre y cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores de edad.
La decisión se produjo tras admitir una acción de tutela presentada por el ciudadano Ower Jimmy Borda Parra, que se identificó como agente oficioso de menores reclutados o “utilizados por grupos guerrilleros que puedan resultar afectados durante operaciones aéreas”.
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La orden cautelar fue dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional, cada uno dentro del ámbito de sus competencias. La instrucción estará vigente mientras se resuelve de fondo la acción de tutela.
Según lo estipulado en el fallo judicial, la operación solo podría realizarse si, con base en la información disponible y en los protocolos operacionales aplicables, se concluye que no existe una alternativa operacional menos lesiva para alcanzar un objetivo militar legítimo.
“Mientras se profiere decisión de fondo en la presente acción de tutela, se abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados, hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias”, se lee en el documento.
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En su argumentación, el juzgado citó operaciones recientes en la región del Catatumbo (Norte de Santander) y el departamento del Guaviare en las que habrían muerto menores de edad. Para la juez, ese antecedente permite advertir de manera preliminar una amenaza grave e inminente sobre derechos como la vida y la integridad personal.
“Advertir a las autoridades destinatarias que deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de esta determinación, observando el interés superior y la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los principios de distinción, precaución y proporcionalidad y las obligaciones constitucionales e internacionales aplicables a la protección de la niñez en contextos de conflicto armado”, mencionó el juzgado.
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La providencia recordó que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás y que esa obligación adquiere una intensidad particular en escenarios de conflicto armado.
El accionante apoyó su solicitud en antecedentes de la Corte Constitucional. Entre ellos mencionó la sentencia T-005 de 2024, según la cual las Fuerzas Militares deben “observar un deber especial de protección frente a menores en contextos de conflicto, especialmente cuando han sido incorporados forzosamente a estructuras armadas”.
La medida llega después del operativo militar en El Retorno, departamento de Guaviare, contra las disidencias de las Farc, lideradas por Alexander Diaz Mendoza alias Calarcá, que dejó 10 muertos. De los nueve cuerpos identificados por Medicina Legal, tres correspondían a menores de 15 y 16 años.
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La decisión también introduce un condicionamiento concreto a la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella. En el primer mes de su gobierno se han registrado cuatro bombardeos, y el ataque en Guaviare fue el que desató la discusión actual por la muerte de los menores.
El presidente había defendido esos bombardeos y sostenido que la responsabilidad por la presencia de menores en esos lugares recaía en los grupos armados que los reclutan y utilizan, incluso como escudos humanos.
Incluso, desde el Congreso de la República se generaron cuestionamientos frente al desarrollo del operativo donde fallecieron los tres menores de edad. De hecho, cerca de 20 congresistas presentaron una proposición de moción de censura contra el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora, donde tendrá que dar explicaciones frente al desarrollo de este operativo en Guaviare.
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En su justificación, los parlamentarios denunciaron la indiferencia y justificación por parte del Gobierno nacional frente a la muerte de menores y criticó la transformación de, según él, estas tragedias humanas en meras estadísticas para defender políticas militares.