El resto de comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE, rechazan un modelo que consideran injusto y beneficioso para Cataluña.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se ha celebrado esta mañana ha servido al Gobierno para dar el primer paso en la reforma de la financiación autonómica, aprobando el nuevo modelo con los únicos votos a favor de Cataluña y Canarias. Apoyos suficientes, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de las papeletas en la mesa.
El resto de comunidades autónomas han mostrado su frontal rechazo a la propuesta del departamento que lidera Arcadi España, al considerarlo injusto y desigual, así como que el nuevo modelo sólo beneficia a Cataluña. En el caso de la Comunidad de Madrid, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, cumplió con el anuncio realizado ayer y no ha acudido a la convocatoria.
El modelo aprobado esta mañana en el CPFF -ahora deberá pasar por el Consejo de Ministros y, en última instancia, ser convalidado en el Parlamento- otorga casi 21.000 millones de euros anuales más de financiación a las comunidades autónomas y aumenta las cesiones a las regiones en la recaudación del IVA y del IRPF.
La votación se ha celebrado hoy después de que el Ministerio de Hacienda decidiera el pasado 28 de julio aceptar la petición de las comunidades gobernadas por el PP de posponer la reunión del CPFF, acusando al departamento que lidera España de no enviar la documentación completa de la propuesta hasta "apenas tres días hábiles antes" de la convocatoria inicialmente prevista.
Desde el Ministerio afirmaron entonces que la prórroga respondía a un gesto de "buena voluntad" y que "nunca cerrarían la puerta al diálogo". Sin embargo, fuentes autonómicas señalan que no ha habido ningún acercamiento entre las partes durante agosto y que la propuesta que se vota hoy es exactamente la misma que se remitió a las administraciones regionales en ese momento.
Reparto desigual de fondos a las comunidades autónomas
Los principales puntos de discordia de las administraciones regionales se encuentra, no obstante, en el reparto de estos fondos. Según explican a EXPANSIÓN fuentes autonómicas, el nuevo modelo no da el peso suficiente a cuestiones como la dispersión territorial o el envejecimiento de la población, factores fundamentales en el gasto de servicios como la sanidad, la educación o el transporte público.
Asimismo, y tal y como han venido explicando desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en los últimos meses, la reforma deja en manos del Gobierno una serie de asignaciones en forma de "mecanismo de ajuste" que, a su juicio, son "arbitrarios" y están dirigidos a "darle una jugosa prima a Cataluña".
Lo cierto es que el texto fue pactado con uno de los principales socios de investidura del Gobierno, ERC, y que sólo Cataluña se ha mostrado favorable a aprobarlo hasta finales de julio, cuando Hacienda convenció a Canarias de votar sí a cambio de aumentar sus fondos en 1.300 millones de euros. Todo, en medio de la negociación de la llamada "financiación singular" con la comunidad liderada por Salvador Illa y las cesión de las gestión de determinados impuestos desde la Agencia Tributaria catalana.
A su llegada a la reunión del CPFF, la consejera catalana, Alicia Romero, defendió la reforma como "una ventana de oportunidad" y cifró en casi 4.700 millones de euros el aumento de los fondos para su comunidad. Es decir, cerca del 25% del incremento total, que asciende a 20.975 millones.
Otros de los puntos del nuevo modelo que las CCAA han rechazado son los criterios de pymes y de cambio climático. En este punto, las administraciones regionales han reclamado un mayor peso en el cálculo del modelo, ya que sólo representa un 1,4% de los recursos asignados.
Por ello, el resto de comunidades de distinto signo político han decidido mostrar su rechazo a la propuesta después de que desde el departamento que lidera Arcadi España se negase a tener en cuenta ninguna de las propuestas que ayer realizaron en una reunión técnica previa al encuentro de hoy, según señalan a este diario fuentes cercanas a la negociación.
Desde el Ministerio de Hacienda defienden que el nuevo modelo otorga más fondos a todas las comunidades autónomas, y que su aplicación será voluntaria si termina convalidándose en el Congreso de los Diputados.
El modelo se debatirá en el Congreso de los Diputados
El ministro de Hacienda ha vuelto a incidir en que el texto aprobado hoy en el CPFF será sometido a debate en el Parlamento, donde los diferentes grupos podrán introducir cambios a través de enmiendas.
Este punto podría dirimir la entrada en vigor definitiva de la reforma, habida cuenta de que el Gobierno necesita el apoyo de Junts en la Cámara Baja. El partido de Carles Puigdemont anunció a finales de julio que introducirá una enmienda a la totalidad del texto con su propia propuesta de modelo, si bien no aclararon si votarían a favor en caso de que esta no prosperara.
Esta misma mañana, la formación independentista ha reiterado este extremo, valorando que la propuesta actual es insuficiente y anunciando que exigirán el concierto económico para Cataluña en su enmienda a la totalidad del real decreto.
Rechazo frontal de las CCAA
A su salida de la reunión del CPFF, los consejeros de las distintas comunidades autónomas han comparecido ante los medios de comunicación para hacer balance de una reforma que mayoritariamente calificaron de injusta y desigual.
El consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, del PSOE, considera que "Cataluña es la única que ha podido negociar bilateralmente con el Gobierno", y valora que "si yo hubiera podido hacerlo, también estaría contento por haber podido obtener privilegios para mi región".
Las comunidades en manos de los populares han centralizado su valoración en torno a la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, quien ha destacado que el nuevo modelo ha sido "diseñado por independentistas". En opinión de los consejeros del PP, la reforma debería anularse y comenzar a negociar una nueva con las comunidades, "no a escondidas con ERC, que es un partido que no gobierna siquiera en Cataluña" y que ha hecho chantaje al Gobierno.
La consejera catalana, Alícia Romero, defendió el modelo valorando que "el fondo es positivo", y mostró su confianza en que "las críticas puedan mejorarse con las enmiendas" que se introduzcan en el Congreso.