La captura de seis integrantes del Tren de Aragua en operativos realizados en Bogotá y Bucaramanga representa un golpe importante contra la criminalidad organizada en Colombia.
El grupo, investigado durante nueve meses por el Gaula de la Policía y la Fiscalía, enfrentará cargos por concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio y desaparición forzada.
Las autoridades centraron sus esfuerzos en las localidades de Kennedy y Chapinero, donde la estructura había establecido un férreo control en sectores específicos, como la calle 38, Bellavista y Patio Bonito.
Según la investigación, los miembros del grupo cometían extorsiones contra comerciantes, ejecutaban homicidios y ordenaban desapariciones forzadas para asegurar su dominio territorial.
El inmueble conocido como La Pesebrera, un pagadiario en Kennedy, fue identificado como el centro de operaciones desde el cual planificaban actividades delictivas. Allí se coordinaba el cobro de extorsiones y se definían acciones violentas contra quienes desafiaban el control impuesto por la organización.
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Las pruebas reunidas por los investigadores incluyen registros de cámaras de seguridad que documentan varios asaltos violentos. Estos ataques solían ocurrir cuando las víctimas se resistían a las exigencias económicas del grupo, lo que permitió fortalecer el caso penal en su contra.
Durante los allanamientos, la Policía detuvo a alias Cojo, señalado como cabecilla en la calle 38 de Kennedy. Junto a él, fueron capturados alias Mateo y alias Breke, presuntos coordinadores de las actividades delictivas en Chapinero y Bellavista, respectivamente.
También resultaron aprehendidos alias Kevin, encargado de recaudar el dinero proveniente de la extorsión, y alias Juan y alias Reinel, a quienes se les atribuye la ejecución de homicidios por encargo y atentados relacionados con disputas criminales y control territorial.
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Modus operandi y pruebas materiales
La estructura criminal utilizaba la violencia para mantener el control sobre las zonas bajo su influencia. Cuando los comerciantes se negaban a pagar, los miembros del grupo realizaban asaltos que quedaban grabados en video, lo que proporcionó a los investigadores pruebas clave para vincularlos a los delitos cometidos.
Durante los procedimientos judiciales, las autoridades incautaron un arma de fuego y seis teléfonos celulares. Estos dispositivos serán objeto de análisis forense para determinar si contienen información relevante sobre la coordinación de homicidios, extorsiones y otras actividades delictivas.
La investigación, que se prolongó durante nueve meses, permitió recopilar material probatorio suficiente para emitir las órdenes de captura. El coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director del Gaula, destacó que la colaboración ciudadana fue decisiva para ubicar a los presuntos responsables y ejecutar los operativos.
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Según el expediente judicial, los detenidos también estarían implicados en atentados contra miembros de otras organizaciones criminales. Estos ataques se difundían posteriormente para infundir miedo en la población y consolidar el control territorial del grupo.
El juez ordenó el ingreso de Néstor Luis Castro Méndez, conocido como alias Maracucho, en un centro carcelario tras una diligencia judicial en la que la Fiscalía General de la Nación presentó cargos en su contra. La investigación apunta a que alias Maracucho habría ejercido un papel clave como presunto líder financiero de la estructura criminal Tren de Aragua en Bogotá
De acuerdo con el fiscal encargado del caso, Castro Méndez habría administrado, transferido y dispersado grandes sumas de dinero procedentes de actividades ilícitas, utilizando para ello distintos canales financieros, entre los que se incluyen cuentas bancarias, billeteras digitales, transferencias electrónicas, giros nacionales e internacionales, así como retiros en efectivo.
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El Ministerio Público sostiene que la cifra total manejada por el acusado supera los 1.075 millones de pesos. La Fiscalía señala que, desde febrero de 2023, alias Maracucho habría dirigido la distribución de estupefacientes al menudeo y el cobro de extorsiones a comerciantes y residentes en la localidad de Santa Fe, junto con sectores cercanos en el centro de la capital.
El ente acusador sostiene que también se encargaba de la administración de inmuebles dedicados a la modalidad de ‘paga diarios’ y a expendios de droga.
Además, la investigación revela que bajo su supervisión operaba un grupo armado encargado de vigilar e intimidar en áreas estratégicas, resguardando así los intereses logísticos y territoriales de la organización delictiva.
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