En plena liquidación del Ministerio de Igualdad, el Gobierno nacional anunció que acudirá a la justicia contra el exministro Luis Alfredo Acosta por la falta de entrega de las llaves de unas bodegas con mercancías avaluadas en $16.800.000.000. “El último ministro aún no entrega las llaves de bodegas de cerca de dieciséis mil ochocientos millones de pesos en mercancías de la DIAN”, dijo Miller Soto, vocero de Presidencia en rueda de prensa.
El delegado explicó que la revisión se hizo a partir de Fonigualdad y que, según esa evaluación, se detectaron “más de sesenta contratos de última hora” por “cerca de aproximadamente cuatrocientos sesenta y nueve mil millones de pesos”.
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Soto agregó que el análisis encontró concentración de recursos en un solo contratista: “Una sola empresa concentraba más de ciento setenta y un mil millones de pesos, mientras el año pasado apenas se ejecutó el 5 % de la inversión”.
En ese sentido, el representante del Ejecutivo aseguró que activaron acciones formales ante distintas instancias. “Por estas irregularidades ya radicamos trece denuncias, seis penales, cinco disciplinarias y dos fiscales”, afirmó.
Además, Soto confirmó ajustes en la estructura administrativa durante el cierre de la cartera: se eliminarán 40 cargos directivos.
Según el vocero, el Gobierno de Abelardo de la Espriella también definió el destino de recursos recurrentes del ministerio: destinarán $20.000.000.000 anuales para las familias damnificadas por el terremoto.
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanzó en la liquidación del Ministerio de Igualdad con una resolución que eliminó todos los cargos de viceministros, una medida adoptada después de que la Corte Constitucional dejara sin sustento jurídico la entidad y de que fracasara en el Congreso de la Repùblica la ley destinada a reemplazarla. La decisión quedó en manos de Jhon Milton Rodríguez, encargado de conducir el cierre de la cartera en la nueva administración.
El proceso tiene como marco el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, que ordenó la disolución formal del organismo, rebautizado desde entonces como “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación”. Esa norma fijó un plazo inicial de un año para completar el cierre y previó la posibilidad de prorrogarlo mediante acto motivado.
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La supresión de los viceministerios se suma a un esquema de restricciones que operaba sobre la entidad desde el inicio de la liquidación. El ministerio no puede iniciar nuevas actividades ligadas a su objeto y solo conserva capacidad jurídica para expedir actos, realizar operaciones y suscribir convenios o contratos estrictamente necesarios para completar su clausura.
El cierre de la cartera dejó en incertidumbre laboral a cerca de 600 funcionarios. Durante varias semanas de junio de 2026, esa situación derivó en protestas frente al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
La creación y caida del Ministerio de la Igualdad
El Ministerio de Igualdad y Equidad había sido creado por la Ley 2281 de 2023 como una de las principales apuestas institucionales del gobierno de Gustavo Petro para coordinar políticas orientadas a reducir desigualdades económicas, sociales y políticas. Su diseño apuntaba a atender a poblaciones históricamente discriminadas, que incluía mujeres, comunidades étnicas, personas con discapacidad y jóvenes.
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En 2024, la Corte Constitucional declaró inexequible esa ley por vicios de trámite en la Sentencia C-161. Entre las irregularidades identificadas estuvo la ausencia del aval fiscal exigido para la creación de nuevas entidades públicas.
El tribunal, de todos modos, difirió los efectos de su fallo hasta el final de la legislatura 2025-2026 para dar margen a una corrección legislativa. Esa nueva iniciativa no superó su trámite en el Congreso dela Republica y la cartera quedó sin base legal.
La respuesta directa a la incertidumbre sobre el futuro del ministerio llegó con el decreto de junio de 2026: la entidad debía cerrarse y pasar formalmente a etapa liquidatoria. Desde ese momento, toda su operación quedó subordinada al desmontaje administrativo.
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