Esta mañana, el agente fiscal continuaba dando detalles de los bienes de los que solicitaba su comiso.
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3 de septiembre, 2026 - 13h09
Este jueves, 3 de septiembre, se reinstaló la audiencia de juicio por presunto lavado de activos contra alias Gerente, señalado por el Gobierno de Ecuador como supuesto cabecilla de los Comandos de Frontera, y otros procesados dentro del caso denominado con el mismo nombre del grupo disidente.
En el inicio de esta diligencia, pactada para las 08:30, el fiscal a cargo del caso, Santiago Requelme, expuso sus alegatos finales. Él hizo aseveraciones sobre el involucramiento que habrían tenido los procesados.
Desde distintas cárceles, los procesados siguieron el proceso y, de igual manera, los abogados patrocinadores estuvieron presentes de manera telemática. A todos se les pidió mantener activas sus cámaras.
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En el caso de alias Gerente y otro procesado, se conectaron desde un espacio de la Cárcel del Encuentro de Santa Elena, mientras su hija Kerly lo hizo en una cárcel de Chimborazo.
Con base en su teoría del caso, el agente de Fiscalía manifestó que se probó el delito mencionado entre el periodo financiero de 2015 a 2025, con base en las pruebas practicadas por la institución y, además, a la existencia de una estructura de blanqueo de capitales constituida por la participación de personas naturales y personas jurídicas procesadas en esta causa.
Dijo que mediante actividades económicas registradas en el Servicio de Rentas Internas (SRI), con base en reportes de la entidad, los procesados tuvieron supuestamente como finalidad disimular el origen real del dinero generado en sus actividades económicas con dinero de origen ilícito, con el fin de dar apariencia de licitud a las actividades.
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Sobre alias Gerente, señalado por el Gobierno de Ecuador como supuesto cabecilla de Comandos de Frontera, la Fiscalía aseveró que el dinero obtenido de manera ilícita habría sido usado por el ciudadano para la compra de varios bienes inmuebles a su nombre y parte de ese dinero se lo dirigió a sus hijos Carlos y Kerly, todos ellos ya sentenciados en otro caso de delincuencia organizada.
Con base en el análisis y peritaje, el agente sostuvo que ella habría transferido el dinero ilícito a sus padres Roberto Carlos y Alba J., y además a las personas jurídicas Alivia Corp, industria ganadera Kaeri y constructora Inmoc Compañía, en las cuales también fue socia y accionista. Ese dinero también se usó para bienes inmuebles y automotores, indicó el fiscal.
Sobre el hijo de alias Gerente, según el agente, se habría usado dinero en efectivo para realizar un depósito a favor de Ecuabodegas SAS, constituida en marzo de 2023, que no tuvo ninguna justificación. Las empresas se crearon para dificultar la trazabilidad de flujos que beneficiaron a miembros de dicha familia, según el alegato.
Las estimaciones del fiscal determinaron un presunto perjuicio de lavado de activos por $ 378,8 millones.
Por todas las pruebas, él pidió que se declare la culpabilidad de Roberto Carlos Álvarez, alias Gerente, sus familiares, incluyendo sus hijos, y otros procesados, así como las personerías jurídicas, en aplicación del artículo 60 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal y se considere la agravante establecida en el artículo 47 numeral 5.
A las compañías se pidió que se imponga una multa, el comiso penal de todos los bienes, así como la clausura definitiva de sus locales y su disolución.
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Además, solicitó que se imponga una multa equivalente al quíntuple del monto de los activos para cada uno de los procesados y que a las personerías jurídicas se aplique su disolución y liquidación.
En cuanto a los bienes, el fiscal pidió que se declare el comiso de todos los bienes inmuebles pertenecientes a cada uno de los procesados y se disponga su transferencia definitiva a la Secretaría General de Administración y Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar).
Hasta las 10:00, el agente fiscal continuaba dando detalles de los bienes de los que solicitaba su comiso.
Luego de ello se esperaba que los abogados patrocinadores presenten sus alegatos en cuanto a los elementos presentados por la Fiscalía. (I)