A pesar de la serie de reveses que ha tenido el Ministerio Público en la indagación del caso ProCultura, arista principal del denominado caso Convenios, la Fiscalía Regional de Antofagasta persiste en sus acciones para intentar establecer la responsabilidad de Alberto Larraín y María Constanza Gómez, en lo que estiman fue una obtención irregular de recursos públicos vía convenios con distintas entidades.
Así, tras las controvertidas formalizaciones de las hebras de la causa referente a contratos firmados por los representantes de la ONG con autoridades de las regiones Metropolitana y de Antofagasta, el fiscal Cristián Aguilar requirió audiencia para avanzar en la comunicación de cargos ligados a infracciones en los convenios de la región del Biobío.
Como se desprende del escrito presentado por el persecutor ante el Juzgado de Garantía de Concepción, en esta ocasión se busca formalizar a Larraín y Gómez como autores del delito de apropiación indebida.
“Vengo por esta presentación en solicitar al tribunal se fije audiencia en fecha próxima, a objeto de formalizar la presente investigación respecto de la imputada María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la Fundación ProCultura, y del imputado Alberto Andrés Larraín Salas, director ejecutivo de la Fundación ProCultura, por su participación como autores de un delito consumado de apropiación indebida, previstos y sancionados en el artículo 470 N° 1 y 467 del Código Penal, cometido entre los años 2022 y 2024 en la ciudad de Concepción“, se lee en la solicitud ingresada por el fiscal adjunto.
El tribunal dispuso citar audiencia para este miércoles 5 de agosto a partir de las 9.00 horas, por lo que hace semanas que se ofició al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para que pudiese notificar a los imputados.
“Adviértase a los imputados, en el acto de su notificación, que si no comparecen injustificadamente serán conducidos a la audiencia por medio de la fuerza pública, vale decir con una orden de detención y que quedarán obligados al pago de las costas que causare; sin perjuicio de las demás sanciones que puedan imponerse de conformidad a lo previsto en el artículo 33 del Código Procesal Penal. Y que en caso de impedimento para asistir, deberán comunicarlo y justificarlo ante el Tribunal, con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuere posible”, dispuso el juez Iohan León Espinoza en su resolución.
Consultado por la audiencia, Cristián Arias, abogado de Larraín criticó la persistencia de la Fiscalía en el caso. “Ya es claro y definitivo que el Ministerio Público ha abandonado una tesis de delito cometido mediante algún esquema de defraudación o engaño e incluso de apropiación indebida propiamente tal, entonces la discusión debería ser muy similar a lo que ha ocurrido en Santiago y en Antofagasta y estos precedentes no pueden resultar irrelevantes”, aseguró el defensor a La Tercera.
En atención a ello es que, fuentes conocedoras del caso, advierten que lo más probable es que en esta oportunidad, la defensa también evalúe pedir el traslado de la causa a la jurisdicción de Santiago, como lo hicieron en el caso de la indagación de los convenios en Santiago y en Antofagasta. Aunque aún eso aún sería materia de análisis.
Bajo esta arista, el Ministerio Público pesquisa las transferencias que ProCultura recibió desde el Gobierno Regional (GORE), en ese entonces comandado por Rodrigo Díaz, por $ 1.500 millones.
En mayo de 2022 -sin concurso público- ProCultura se adjudicó un fondo del GORE dirigido por Díaz por $ 2.500 millones para realizar un programa de “turismo creativo” en la zona. De ellos se alcanzaron a transferir $ 1.500 millones, los cuales no fueron rendidos y desaparecieron $ 600 millones.
Aquí también se han analizado las gestiones de ProCultura en relación con el Circuito Lota y también los vínculos con la empresa Esquerré.