La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) rechazó que el Gobierno nacional, por medio del Ministerio del Trabajo, presentara un proyecto de Estatuto del Trabajo sin debatirlo antes en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, un mecanismo que reúne a trabajadores, empleadores y Estado.
La organización sindical exigió abrir de inmediato un proceso de diálogo antes de que avance el trámite legislativo. También pidió que las centrales sindicales conozcan el contenido integral de la iniciativa, formulen observaciones y discutan sus alcances.
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El Estatuto del Trabajo tendrá efectos sobre millones de trabajadores, según planteó la CUT, porque regula garantías laborales, derechos colectivos y condiciones de trabajo. Por esa razón, sostuvo que una propuesta de esa dimensión no debe construirse de forma unilateral.
La CUT afirmó que los proyectos vinculados con asuntos laborales y salariales deben pasar primero por los espacios institucionales de concertación. El principio de tripartismo exige la intervención del Gobierno, los empleadores y las organizaciones de trabajadores.
Como antecedente, la central recordó que las reformas laboral y pensional del gobierno anterior fueron presentadas inicialmente ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales antes de continuar su recorrido hacia el Congreso de la República.
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La organización expresó preocupación porque considera que la presentación del Estatuto del Trabajo contradice los llamados públicos del Gobierno a fortalecer el diálogo social. A su juicio, el mecanismo institucional fue dejado de lado en una iniciativa destinada a desarrollar uno de los principales mandatos constitucionales en materia laboral.
El presidente de la CUT, Fabio Arias, reclamó una participación efectiva de las organizaciones sindicales en la discusión: “No se puede hablar de diálogo mientras se toman unilateralmente decisiones que afectan directamente los derechos de los trabajadores. El Estatuto del Trabajo requiere discusión, participación y concertación con quienes representamos a la clase trabajadora colombiana”, dijo el líder sindical en declaraciones reveladas por La FM.
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La central sindical vinculó el reclamo con otros episodios recientes en los que, según su posición, tampoco se respetaron los espacios de interlocución con las organizaciones de trabajadores. Entre ellos mencionó una resolución que derogó 11 circulares laborales, frente a la cual ya había expresado su rechazo por la falta de concertación.
La CUT advirtió que no respaldará iniciativas que, desde su perspectiva, impliquen retrocesos respecto de los derechos conquistados por los trabajadores colombianos. La central permanecerá atenta al contenido y al alcance del Estatuto del Trabajo para evaluar sus posibles efectos sobre esas garantías y definir su posición frente al proyecto.
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Por medio de la ministra de Trabajo, Natalia López, un proyecto de Estatuto del Trabajo que busca cumplir el mandato de la Constitución de 1991 de fijar los principios mínimos fundamentales para el empleo en Colombia.
La iniciativa se tramita mientras la informalidad laboral alcanzó el 54,5 % en el trimestre de abril a junio de 2026, de acuerdo con las cifras oficiales del Dane. El Ejecutivo plantea que un marco normativo más claro puede dar previsibilidad a los empleadores y ampliar la generación de puestos formales.
López presentó la propuesta como una forma de “saldar una deuda histórica” con la Carta Magna. El artículo 53 ordenó al Congreso expedir esta regulación, pero 35 años después las reglas laborales continúan repartidas entre el Código Sustantivo del Trabajo de 1950, reformas posteriores y decisiones de las altas cortes.
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El Estatuto del Trabajo formará parte de la agenda legislativa de “Patria Milagro”, la iniciativa del gobierno de De la Espriella. Su propósito es reunir, simplificar y ordenar en un único cuerpo legal las disposiciones y los criterios judiciales que hoy regulan las relaciones laborales.
La propuesta apunta a que trabajadores, comerciantes y pequeños empresarios puedan conocer las reglas de contratación con mayor claridad, sin depender de intermediación jurídica para interpretar normas dispersas. La certidumbre jurídica es uno de los ejes planteados para equilibrar la protección de los empleados con las necesidades operativas de las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como Mipymes.
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El nuevo marco también incorporará modalidades que no estaban contempladas de manera expresa en el código vigente desde 1950 o que han permanecido en condiciones de informalidad. Entre ellas figuran el trabajo rural, el trabajo doméstico, las labores a través de plataformas digitales y de reparto, y las actividades por cuenta propia e independientes.
La elaboración de la iniciativa cuenta con el acompañamiento directo de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La participación judicial busca reforzar la solidez técnico-jurídica del Estatuto y reducir futuras discrepancias al momento de aplicar las normas.
El proyecto deberá superar cuatro debates obligatorios en el Congreso antes de convertirse en ley.