La empresa Territorium Life, encargada de aplicar el examen en línea de ingreso a la UNAM, por el que cobró un máximo de 101 millones de pesos, sólo colocó a un supervisor por cada 150 aspirantes.
En el contrato firmado entre la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM y la empresa se acordó que la plataforma debería garantizar una “vigilancia efectiva y en tiempo real” de los exámenes, y que el equipo de supervisores tenían la obligación de alertar cualquier irregularidad que se pudiera presentar.
El contrato millonario también establecía que la plataforma debería contar con algoritmos específicos de inteligencia artificial para realizar un monitoreo automatizado, continuo y preciso de cada aspirante para la detección oportuna de posibles “comportamientos no permitidos” durante la duración del examen, como el uso de celulares o de terceras personas.
Los aspirantes que hicieron el examen y lograron los aciertos para ingresar demandan su lugar. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL
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“La plataforma debe asegurar una vigilancia efectiva y en tiempo real de los exámenes proporcionada por un equipo de supervisores del prestador del servicio. Se mantendrá una proporción de un supervisor por cada 150 personas aspirantes como máximo, asegurando la disponibilidad de supervisión durante todas las fechas del examen”, se detalla en la página 14 del contrato.
Tras denuncias de presuntas irregularidades en el examen de admisión que por primera vez se hizo en línea, el pasado 24 de julio, la UNAM suspendió la entrega de documentos y la inscripción al ciclo escolar 2026-2027 de los alumnos de primer ingreso a licenciatura.
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El contrato fue firmado el 23 de marzo pasado por Isidro Ávila Martínez, director general de Proveeduría; por Ivonne Ramírez Wence, directora general de Administración Escolar, y por Sergio Rodríguez Medina, jefe de la Unidad Administrativa de la Dirección General de Administración Escolar.
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Por Territorium Life fue firmado por José Antonio Cedillo Bello como representante legal. Esta empresa fue registrada por Gerardo de Jesús Sáenz González y por Carlos Guillermo Elizondo Ancer el 8 de marzo de 2012 en Monterrey, Nuevo León.
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El contrato establecía que la plataforma debería integrar algoritmos específicos de IA para realizar un monitoreo automatizado de cada aspirante para la detección oportuna de posibles “comportamiento no permitidos” en el examen, lo que incluía la generación de alertas en tiempo real y el registro automático de las evidencias que correspondieran a tales conductas.
“Esto incluye, de manera enunciativa, mas no limitativa, la detección de la presencia de terceras personas en el espacio de aplicación, el uso de dispositivos electrónicos, la presencia de objetos prohibidos (como celulares, smartphones, audífonos, cámaras fotográficas, calculadoras, etcétera) y la ausencia injustificada del aspirante, manteniendo así un ambiente controlado para la aplicación del examen”.
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El contrato también establecía que el sistema debería impedir el uso de múltiples monitores o la proyección de la pantalla donde se encuentran los reactivos del examen ni en dispositivos externos tanto alámbricos como inalámbricos adicionales.
“Esto es esencial para asegurar un entorno de examen controlado y sin distracciones, evitando así cualquier tipo de conducta que comprometa la integridad de la aplicación”.
En la página 12 del anexo del contrato se advertía que la empresa debería proporcionar a los supervisores herramientas para el monitoreo en tiempo real del desarrollo del examen, entre ellos reportes detallados, gráficos, tableros de control y la visualización de evidencias como imágenes, videograbaciones, audios y alertas generadas por la herramienta de supervisión.
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Se exigía que el acceso a las evidencias capturadas en tiempo real debería ser ágil, para lo cual la plataforma debería estar optimizada para que el personal que supervise el examen pueda reproducir cualquier video, fotografía o audio capturado en no más de dos segundos dentro de la misma plataforma.
“El prestador del servicio deberá garantizar que el sistema guarde al 100% todos los audios, imágenes y videos del 100% de las personas aspirantes que presenten el examen”.
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La empresa Territorium Life podría pagar hasta más de 10 millones de pesos como multa por no haber evitado las irregularidades que se presentaron en la pasada prueba.
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En el contrato entre la empresa y la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM se establece un pago mínimo de 40.7 millones de pesos y un máximo de 101.7 millones de pesos por la aplicación del examen.
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Sin embargo, en la cláusula décima del contrato se advierte que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones la empresa debería presentar una fianza de 10% del valor del contrato, es decir, 10.1 millones de pesos.
Aspirantes a ingresar a la UNAM, acompañados por sus familiares, exigieron respeto a los resultados del examen de admisión. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL
“Para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, el prestador deberá presentar a más tardar a la fecha de firma de este documento una fianza de 10% del valor de la misma, la cual deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total del presente contrato.
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“La fianza solamente se cancelará cuando el prestador haya cumplido con las obligaciones que se deriven de este contrato”.
El millonario contrato también establece que la empresa Territorium Life será la responsable de los daños y perjuicios que se causen a la UNAM o a terceros con motivo de la ejecución de los trabajos cuando haya incumplimiento de los términos y condiciones establecidas en el contrato.
Además, se advierte que la empresa será responsable del daño a la Universidad Nacional cuando haya “actos de dolo, mala fe, negligencia o cuando haya actos u omisiones imputables a la empresa o al personal que ésta emplee”.
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En la página 5 del contrato se acuerda que la UNAM podrá rescindir administrativamente el contrato con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a Territorium Life, sin necesidad de declaratoria judicial previa cuando la empresa no ejecutara los trabajos acordados.
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