Elecciones 2026

Lima tendrá como principal desafío la inseguridad ciudadana, debido a la débil coordinación entre serenazgo y la Policía Nacional

Lima afrontará nuevos desafíos tras las Elecciones Municipales y Regionales 2026, con autoridades que deberán presentar “planes de gobierno realistas” para enfrentar la inseguridad, el transporte, los residuos sólidos, la gestión administrativa y las brechas financieras, según Gina Casanova, especialista en gestión pública.

La experta en asuntos municipales señaló que la inseguridad ciudadana será el principal desafío para las comunas de la capital, debido a las dificultades de coordinación entre los servicios de serenazgo y la Policía Nacional (PNP).

Ante este escenario, planteó reforzar los sistemas de vigilancia e incorporar herramientas tecnológicas que permitan mejorar la prevención del delito.

“La articulación entre el serenazgo distrital y la Policía Nacional sigue siendo deficiente en la mayoría de jurisdicciones. Para revertir esta situación es clave un plan de choque basado en la unificación de los sistemas de videovigilancia, lo que permitirá patrullajes preventivos interdistritales respaldados por herramientas de analítica de datos en tiempo real”, sostuvo.

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El transporte urbano requiere una reforma urgente, ante el avance de la informalidad y la falta de planificación vial

Otro de los problemas prioritarios que deberán atender las próximas gestiones municipales es el transporte urbano. Casanova advirtió que el crecimiento del transporte informal y la falta de planificación vial requieren una intervención coordinada con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

“La proliferación del transporte informal y el diseño deficiente de las rutas locales exigen una fiscalización electrónica severa; solo así se logrará reducir los tiempos de traslado y mitigar la contaminación ambiental en la capital”, sostuvo.

Respecto al manejo ambiental, la especialista indicó que los municipios deben replantear sus estrategias para enfrentar la acumulación de residuos sólidos en diversos puntos de la ciudad. Explicó que parte del problema responde a contratos deficientes con empresas encargadas del servicio de limpieza pública.

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Como solución, propuso impulsar la construcción de plantas de valorización de residuos mediante asociaciones público-privadas, con el propósito de disminuir la dependencia de los rellenos sanitarios y fomentar modelos de economía circular en los distritos.

Casanova también destacó la necesidad de modernizar la administración municipal. Consideró que la digitalización de trámites y la transparencia en el uso de recursos públicos son herramientas fundamentales para reducir espacios de corrupción y mejorar la atención a los vecinos.

La modernización municipal será clave para mejorar los servicios públicos, mediante la digitalización de trámites y mecanismos de transparencia que permitan fiscalizar el uso de los recursos y reducir espacios de corrupción
La modernización municipal será clave para mejorar los servicios públicos, mediante la digitalización de trámites y mecanismos de transparencia que permitan fiscalizar el uso de los recursos y reducir espacios de corrupción

“La implementación de licencias digitales automatizadas y portales de transparencia financiera permitirá auditar el uso de los recursos públicos. Esto devolverá la confianza a los contribuyentes que exigen ver reflejados sus arbitrios en obras”, dijo.

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Finalmente, la especialista señaló que la sostenibilidad financiera será un factor determinante para el desempeño de los próximos alcaldes. Según explicó, la elevada morosidad limita la ejecución de proyectos y profundiza las brechas entre los municipios de Lima norte, sur, este y centro.

“La consultora concluyó que los futuros alcaldes deben priorizar incentivos tributarios inteligentes para formalizar el comercio local. De este modo, se ampliará la base de aportantes para garantizar la sostenibilidad financiera de la ciudad”, dijo.

El próximo 4 de octubre acudirán a votar 26.314.724 peruanos para elegir 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales, así como a 196 alcaldes y 1.724 regidores provinciales, y –a nivel distrital– 1.696 alcaldes y 9.118 regidores.

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