Veintiséis páginas tiene el peritaje documental que despachó el 19 de diciembre de 2025 la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Coyhaique de la PDI, respecto de los informes y minutas que supuestamente elaboró Carla Graf a raíz de su asesoría al exdiputado Miguel Ángel Calisto, entre 2018 y 2022.
Los informes habían sido acompañados por su defensa en el marco de la indagación por fraude al Fisco que se sigue en torno al hoy senador independiente y otros imputados, para intentar comprobar que sí había desempeñado las labores por las cuales firmó un contrato con el Congreso.
Eso sí, dado que esos documentos llegaron años después de iniciadas las pesquisas, la Fiscalía ordenó de inmediato diligencias a la policía civil para verificar su autenticidad. Como indicó en entrevista con La Tercera el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, había claras sospechas respecto de que eso informes efectivamente hubiesen sido elaborados por Graf.
El reporte policial, firmado por el comisario Rodrigo Muñoz y el subprefecto Patricio Curiqueo, no hizo más que afianzar esas sospechas, pues estableció que era materialmente imposible que los insumos acompañados por la defensa pudiesen haber sido elaborados por Graf cuando cumplía con la supuesta asesoría. Esto, en evidente contraposición a lo señalado por el propio Calisto, quien en conversación con este medio insistió en que sus reportes servían para comprobar que Graf trabajó para él.
“Se pudo apreciar que ningún informe entregado por la defensa es citado como parte de la labor realizada por la imputada. Junto a ello, al realizar un análisis de las tres declaraciones prestadas por doña Carla Grag, y al ser consultada en todas las ocasiones por sus labores específicas, en ningún momento mencionó haber realizado informes estadísticos en materias de Salud, Vivienda y Becas (que fueron las materias sobre las que versaban los informes que entregó su abogado) para apoyar la labor parlamentaria. Resulta de suyo lógico estimar que de haber confeccionado dichos informes, sería un respaldo importante para justificar su trabajo”, se establece como primera conclusión por los investigadores.
De la misma forma, la PDI indicó que el marido de Graf, el imputado Roland Cárcamo, aseveró que las labores que ella cumplía eran más de coordinación y el jefe de gabinete de Calisto, Cristián Rivadeneira, descartó conocer informes demográficos y socioeconómicos supuestamente elaborados por la profesional.
Así, tras realizar el estudio pormenorizado del contenido de los documentos, los peritos de la PDI establecieron que “no cumplen estándares de coherencia ni fiabilidad en la entrega de los datos”.
Lo anterior, como se especificó, porque “no están firmados ni registran fecha de elaboración; contienen datos inexactos o estimaciones desproporcionadas, por ejemplo, la cantidad de ambulancias del Servicio de Salud Aysén en el año 2019, o la estimación de becas entregadas en la región durante el año 2018; existe discordancia en tiempos verbales y secuencia lógica, volviendo el texto incoherente; se utilizan estructuras genéricas en los informes, tanto en la distribución como clasificación de la información, patrón que se mantiene inclusive en la elección de oraciones y palabras utilizadas; se cita bibliografía inexistente”.
De esta forma, los investigadores fueron tajantes: “Se puede colegir que los informes entregados por la defensa de doña Carla Graf no fueron elaborados en fechas coetáneas al año que los identifica, sino en una fecha posterior, y sin una metodología que respalde los antecedentes entregados, como por ejemplo, identificar fehacientemente las fuentes de información utilizadas".
Junto a ello, recalcaron que “se determinó que no existe correlación o correspondencia entre los informes y las minutas entregadas por la imputada doña Carla Graf al Congreso Nacional. Lo anterior, tras examinar las minutas entregadas al propio organismo fiscalizador, y contrastarlas con declaraciones de las personas implicadas, como se explicó en los acápites anteriores".
De igual forma, se hizo presente que “aún cuando los informes hacen referencia a documentos inexistentes, contienen datos estadísticos que permiten datar el momento en que fueron confeccionados”.
Del detallado análisis de los informes aportados por la defensa, se agregó que “los informes presentados por el abogado de la imputada Carla Graf fueron elaborados en el año 2023. Se arriba a esta conclusión, ya que los documentos contienen análisis y datos estadísticos del año 2022 y en varias secciones se compara la situación 2022 con la de 2021 y años anteriores. Los informes fueron realizados después de cerrado el año 2022, pero antes de contar con datos del 2023″.
“En este sentido es importante señalar que es práctica común que los informes anuales con datos cerrados a diciembre de 2022 se elaboren y publiquen durante el primer semestre de 2023. Por lo tanto, el informe fue elaborado en 2023, utilizando como base los datos estadísticos disponibles, correspondientes al año 2022″, agregaron.
“Dichos informes y documentos no fueron confeccionados por Carla Graf Toledo, ya que la imputada trabajó para el diputado Miguel Ángel Calisto sólo hasta el mes de febrero de 2022, por lo que a esa época era imposible que tuviera disponible la información estadística que sólo se generó y fue publicada a partir de fines de 2022 y comienzos de 2023″, se lee en el informe.